ONG demandan a Gobernación procesos justos para Lydia Cacho y el titular de la CDHL
Exige el activista Martín Barrios la renuncia de la procuradora de Puebla
Las acciones de hostigamiento y represión contra defensores y activistas en pro de los derechos humanos "oscurecen" la vida democrática del país al propiciar, desde instancias de gobierno, que autoridades judiciales colaboren en la "fabricación de delitos y persecuciones políticas en favor de grupos de poder", aseguró Martín Barrios Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán (CDHL).
En conferencia de prensa, en la que exigió la renuncia de Blanca Laura Villeda, titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a quien responsabilizó de favorecer intereses políticos y económicos en la región, afirmó que la entidad "no merece una procuradora que participa en la criminalización de quienes denuncian condiciones de explotación laboral de miles de trabajadores de la maquila".
Consideró "aberrante" que sea el Poder Judicial estatal el que defienda a empresarios maquileros que "no sólo incumplen la ley laboral violando los derechos de sus trabajadores, sino también fomentan un círculo de explotación y miseria que atrae a grandes inversionistas, como Kamel Nacif, para sobrexplotar la mano de obra indígena".
El activista, quien permaneció detenido desde el 29 de diciembre pasado en el Centro de Readaptación Social de Puebla, acusado de chantaje por el maquilero Lucio Gil Zárate, dueño de la empresa Calidad en Confecciones, responsable del despido de 165 trabajadores indígenas de la comunidad de Ajalpan, Puebla, aseguró que tras su liberación, obtenida bajo la figura jurídica del perdón por el ofendido, "queda claro que la acción en mi contra fue una persecución política, sin fundamento legal, en la que se utilizó al Poder Judicial como mecanismo de represión al servicio de intereses económicos".
Indicó que Mario Marín, gobernador de la entidad, deberá responder por qué autorizó su aprehensión y posterior excarcelación, sin que se garantizara el derecho al debido proceso ni se estableciera "la verdad jurídica sobre los hechos".
Por su parte, defensores de derechos humanos señalaron que las condiciones en que se otorgó la liberación de Barrios Hernández demuestran que "efectivamente se buscaba inhibir sus actividades como defensor de derechos humanos y confirma que los elementos jurídicos para actuar en su contra eran inexistentes".
David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que el perdón otorgado no significa la aplicación de una justicia integral como víctima de violaciones a la libertad y al derecho a un debido proceso, ya que ésta debe garantizar el esclarecimiento de los hechos, el procesamiento de los responsables, la reparación del daño y las medidas de no repetición, y "ninguna de esas condiciones se cumple con el perdón".
El activista, quien aseguró que continuará su labor en defensa de los derechos laborales de las comunidades indígenas del valle de Tehuacán, responsabilizó a Marín Torres de cualquier agresión o intimidación en su contra o de familiares y colaboradores, ya que, enfatizó, "si se atrevieron a golpearme y no pasó nada, si lograron llevarme a prisión sin que las autoridades garantizaran la impartición de justicia, tenemos temores fundados para creer que existen condiciones para nuevas agresiones y amenazas".
Por ello, informó que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la aplicación de medidas cautelares y de protección, con el propósito de que se garantice la integridad física y seguridad jurídica de quienes colaboran en la defensa de los derechos de los trabajadores de la maquila.
FABIOLA MARTINEZ Y LAURA POY
Organismos no gubernamentales (ONG), integrantes del Consejo Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, exigieron ayer al titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Carlos Abascal Carranza, su intervención directa para garantizar procesos justos a la periodista Lydia Chacho y al defensor de los derechos laborales Martín Barrios, ambos hostigados y encarcelados luego de poner en evidencia diversos hechos de corrupción.
En un encuentro privado, en el que participó también la nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Ana Teresa Aranda, el responsable de la política interna del país aceptó la solicitud y canalizó la demanda a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y a la Unidad de Desarrollo Político de la SG.
"Pongo a disposición (las áreas referidas) para ir juntos resolviendo temas como los aquí planteados, relativos a estas dos personas (Cacho y Barrios), de manera tal que el diálogo intenso nos permita construir, conciliar, resolver, en la medida de lo posible, para así juntos hacer nuestra tarea, sobre todo en favor de los más débiles, construyendo una sociedad cada vez más justa, cada vez más auténticamente libre, con responsabilidad", señaló el funcionario.
El Poder Judicial tiene pruebas de que son inocentes: Concha
Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseguró que el Poder Judicial cuenta con pruebas suficientes para sustentar la inocencia de Cacho y Barrios, este último liberado el jueves pasado, tras permanecer 15 días en prisión, acusado de chantaje por un empresario textil del valle de Tehuacán, Puebla.
Informó también que este viernes fue aprobada la creación de una comisión de seguimiento, integrada por seis representantes del consejo técnico consultivo de la ley mencionada, en torno de la protección de los integrantes de las organizaciones civiles.
La finalidad es que los activistas no sean hostigados ni víctimas de violaciones a sus derechos humanos, y que se garantice que las autoridades de los tres niveles de gobierno cumplan con su obligación de proteger no sólo el ejercicio de la libertad de expresión e información, sino alentar la defensa de los derechos humanos.
La reunión fue "estrictamente privada" y, según comentarios de fuentes gubernamentales, "los resultados fueron favorables". El consejo consultivo está integrado por un servidor público y nueve representantes de la sociedad civil. Entre ellos se encuentra Gabriel Flores Hernández, Ana María Salazar Sánchez, Miguel Concha y Lucrecia Ortega Sánchez, de la Asociación Regional Liberación en Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos.
Además, Santiago Velázquez Duarte, de la organización internacional Vida Independiente para Personas con Disparidad; Francisca Jiménez Barrientos, de la Red por la Participación Ciudadana, así como cuatro representantes de los sectores académico, profesional, científico y cultural. Dos más en representación de la Cámara de Diputados, uno por el Senado y, como secretario ejecutivo, Bernardo Altamirano, en representación de la SG.
Lydia Cacho fue detenida el 16 de diciembre en Cancún, Quintana Roo, y trasladada al juzgado tercero penal en Puebla, acusada del delito de difamación y calumnia por el empresario textil Kamel Nacif. Se le dictó auto de formal prisión días después y se encuentra en libertad condicional tras pagar una fianza de 75 mil pesos.
La periodista es autora del libro Los demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía, en el que denuncia una red de pederastas, en la que está implicado Jean Succar Kuri y menciona que Nacif acudía a las fiestas que el presunto pederasta organizaba.
Cacho afirma que existe complicidad entre el gobernador priísta de Puebla, Mario Marín Torres, y la cúpula de la industria textilera en la entidad. Inclusive, el mandatario estatal, un día antes de que se le dictara sentencia, declaró que la periodista era culpable. Ella sostiene que se le sigue un proceso por evidenciar una red de crimen organizado y que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión.
En tanto, el defensor de los derechos laborales, Martín Barrios, fue encarcelado por el delito de chantaje, acusado por otro empresario textilero del valle de Tehuacán, Lucio Gil. Fue privado de su libertad más de dos semanas y salió de prisión el pasado jueves, tras obtener "el perdón" de su demandante. El activista denunció que el gobierno de la entidad cedió ante la presión en su caso y rechazó "el perdón", porque afirma que no ha cometido ningún ilícito.