Editorial

La visión unilateral de EU sobre la migración

Para el gobierno de Estados Unidos, su política migratoria no es asunto que sea de la competencia de México, dejando de lado el hecho de que este fenómeno se deriva de los estrechos vínculos entre las economías de ambos países y de que 11 millones de mexicanos residen en esa nación. Ayer viernes, la representación estadunidense divulgó una carta del embajador Tony Garza en la cual rechaza, en duros términos, las críticas vertidas contra la propuesta de ley 4437 ­aprobada por la Cámara de Representantes y a la espera de ser ratificada por el Senado para su entrada en vigor­, que implica construir más muros y vallas en la frontera con México y reforzar la vigilancia de la línea divisoria.

En la carta, Garza pide a México respeto a sus decisiones en política migratoria, sobre todo ante "declaraciones exageradas, muchas veces irresponsables y casi siempre inexactas". Agregó que la propuesta de ley sólo prevé edificar muros "donde exista razón para su construcción" y "mejorar la aplicación de las leyes" de inmigración. También rechazó la comparación con el Muro de Berlín, las acusaciones en el sentido de que medidas de esa naturaleza provocan la muerte de inmigrantes indocumentados y descartó que la iniciativa constituya una violación a los derechos humanos. De hecho, afirmó que su gobierno ha realizado esfuerzos para evitar tales decesos, y sostuvo que la frontera podría ser aprovechada por el "terrorismo internacional y el crimen trasnacional". Además, demandó entender la diferencia que los estadunidenses hacen entre migración legal e ilegal ­esta última considerada una amenaza a su sistema de leyes­, y reiteró la necesidad de un programa de trabajo temporal para cubrir los requerimientos de mano de obra de varios sectores de su economía.

Sin embargo, en la misiva demuestra un grave desconocimiento de la dinámica del fenómeno de la migración, el cual está determinado por la estrecha relación de las economías de los dos países. Queda claro que para México las remesas de connacionales desde Estados Unidos son esenciales para aliviar la situación de miles de familias, y que la migración es una vital válvula de escape para un excedente de mano de obra cuyas necesidades de puestos laborales el gobierno mexicano no puede satisfacer: cada año unos 400 mil trabajadores emigran al vecino país del norte. Por otra parte, dichos trabajadores indocumentados son un alivio para el sistema de pensiones estadunidense, son indispensables para importantes sectores de su economía, como los servicios, la hotelería y la agricultura, entre otros, y constituyen la base de la riqueza de estados como California.

Asimismo, el diplomático omite la responsabilidad de su propio gobierno en esta cuestión. En México, analistas y expertos coinciden en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha implicado la destrucción de buena parte de la agricultura nacional, que no puede competir con los millonarios subsidios que el gobierno estadunidense otorga a sus granjeros. Este desequilibrio se ha traducido en miles de hectáreas cultivables abandonadas en México y en la consiguiente emigración de sus antiguos propietarios en busca de mejores oportunidades de vida.

Además, carece de sustento la afirmación de Garza sobre los esfuerzos de su gobierno para evitar la muerte de migrantes en su intento por cruzar la frontera cuando medidas como la propuesta de ley 4437 orillarán a estas presonas a ingresar a Estados Unidos por lugares más inhóspitos, desérticos y peligrosos, lo que seguramente provocará más decesos. Desde hace cinco años, más de 2 mil indocumentados han fallecido en su intento por llegar a Estados Unidos, de los cuales 500 murieron tan sólo en 2005.

Se trata, pues, de una misiva que, lejos de limar las asperezas surgidas en la relación bilateral, defiende las decisiones unilaterales en materia migratoria adoptadas por Washington, actitud que no contribuye en nada para alcanzar una solución a esta difícil problemática, la cual sólo se resolverá mediante acuerdos y consensos entre ambos gobiernos.