Editorial
Los partidos como negocio
La fractura operada por el empresario Víctor González Torres en el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina y su intento de comprar la candidatura presidencial a un sector de esa organización ilustran de manera dramática una de las miserias del sistema electoral del país: la existencia de asociaciones políticas y partidos sin un perfil programático claro, sin una representatividad definida y sin un sitio preciso en el espectro ideológico, que constituyen instrumentos para hacer negocios al amparo de las debilidades de la legislación vigente.
En el pasado reciente ha resultado escandaloso que los líderes de partidos que perdieron su registro se hayan apropiado de los recursos públicos que les asignó el Estado. El motivo de la indignación fue doble: por un lado, la realización de tales maniobras, profundamente inmorales, y por otro, el hecho de que no pudieran ser consideradas delictivas, dado que no hay ninguna ley que lo prohíba.
En la presente coyuntura resulta deplorable el espectáculo de las subastas por coaliciones que emprenden los pequeños partidos Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, Convergencia, Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Partido del Trabajo con los institutos políticos mayores, que no se fundamentan en principios ni en propuestas singulares, sino en intereses pragmáticos de cuotas de poder y porciones de financiamiento público: Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza, Convergencia, Alternativa Social-demócrata y Campesina. El caso más representativo es el PVEM, franquicia familiar sin más vocación que hacer dinero, cuyo dirigente máximo ha sido exhibido sin consecuencias ante la opinión pública cuando pedía fuertes sumas de dinero a cambio de conseguir permisos de construcción para un inversionista privado, y que a la postre acabó contratado por el Revolucionario Institucional para actuar de aliado en las próximas elecciones. Otra prueba lamentable de la falta de principios en la vida política del país son los políticos a la caza de postulaciones Demetrio Sodi y Jorge G. Castañeda, por ejemplo, para quienes cualquier orientación partidista es buena con tal de que les sirva de trampolín para dar sustento formal a sus aspiraciones de disputar un puesto de elección popular.
En estas circunstancias, debiera reflexionarse sobre la distorsión introducida en la vida republicana por las exorbitantes e injustificadas prerrogativas que el Instituto Federal Electoral (IFE) concede a los institutos políticos, así como por la manera descontrolada y falta de criterio con que se otorga registro a asociaciones políticas que luego dan el salto a nuevos partidos y de allí a la obtención de generosos presupuestos. Tales circunstancias permiten la proliferación de individuos que convierten los registros en meras fuentes de ingresos personales y de pequeñas agrupaciones que en vez de militantes tienen empleados.
En la medida en que las disposiciones legales lo permitan, la política seguirá siendo vista por muchos vivales como una oportunidad de negocio a expensas del erario. Resulta necesario, por ello, modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) a fin de establecer requisitos razonables para la inscripción de asociaciones políticas ante el IFE, requisitos que actualmente se reducen a lo siguiente: presentar una lista de siete mil asociados, asegurar que se dispone de un órgano directivo y de delegaciones en 10 entidades, redactar un documento básico y tener un nombre (artículo 35 del Cofipe). En cuanto al registro de partido, puede aspirar a tenerlo cualquier asociación política que formule una declaración de principios, programa de acción y estatutos y cuente con tres mil afiliados en al menos 10 entidades o con 300 en cuando menos 100 distritos. Es claro que tales condiciones no garantizan, ni mucho menos, que el grupo postulante represente una corriente política e ideológica definida. Se abre, así, el campo propicio para que iniciativas empresariales, que simulan ser partidos, perviertan y desvirtúen el sentido de la democracia.