Washington, con capacidad para escuchar a millones, admite ex oficial de la NSA
Unos 500 estadunidenses, espiados por el gobierno de Bush; otros miles, "evaluados"
Nueva York, 10 de enero. El gobierno de George W. Bush escucha las comunicaciones de unos 500 estadunidenses y evalúa miles de llamadas telefónicas y correos electrónicos entre personas en este país y el extranjero sin solicitar autorización judicial como señala la ley, según el reportero James Risen, autor del nuevo libro State of War (Estado de Guerra).
El asunto ha detonado uno de los grandes debates políticos, ya que es la primera vez en más de 30 años que un presidente ordena que el poder tecnológico masivo de la ultrasecreta Agencia de Seguridad Nacional (NSA) sea enfocado en ciudadanos estadunidenses, sin supervisión judicial y sin autorización explícita del Poder Legislativo. Por tanto, lo que está en juego ahora es determinar los límites, o falta, del Poder Ejecutivo y el propio equilibrio de las tres ramas del gobierno federal.
En este contexto, y por los antecedentes de este tipo de espionaje doméstico, algunos políticos conservadores y liberales, junto con organizaciones de derechos humanos y libertades civiles, también preguntan si este programa se está empleando contra opositores a la guerra y organizaciones legítimas que podrían ser consideradas "enemigos" políticos de este gobierno.
Este debate está condicionando todo en Washington, y esta semana ya se presentó casi de inmediato en las audiencias para ratificar al nombramiento del juez Samuel Alito a la Suprema Corte de Justicia. "Lo que está en juego es el equilibrio establecido por nuestro sistema constitucional", advirtió el presidente del Comité Judicial del Senado, Arlen Specter, al referirse a este debate.
Por cierto, Risen ha declarado que sus fuentes sobre el programa secreto fueron funcionarios del gobierno preocupados de que esta iniciativa podría ser inconstitucional y por eso tomaron la decisión de filtrar la información bajo condición de anonimato.
Risen fue el reportero del New York Times que a mediados de diciembre reveló el programa secreto de la NSA ordenado por Bush desde 2002 para espiar las comunicaciones de estadunidenses y residentes en este país con el extranjero, supuestamente para detectar intercambios con redes "terroristas", en particular Al Qaeda.
La Casa Blanca ha insistido en que el enfoque del programa ha sido muy limitado, con el único objetivo de interceptar comunicaciones entre personas en Estados Unidos y contactos en el extranjero que podrían estar vinculados con redes "terroristas".
Sin embargo, varios legisladores, inclusive del Partido Republicano, han expresado su preocupación de que el presidente carece de bases legales y que está violando leyes establecidas justo hace unos 30 años como resultado de abusos del presidente Richard Nixon, cuando ordenó el espionaje doméstico del NSA y otras agencias, que fue uno de los asuntos por los cuales comenzó un proceso de destitución en su contra.
Ahora, las propias fuentes de Risen en la "comunidad de inteligencia", como algunos funcionarios del Departamento de Justicia, han expresado una vez más dudas sobre la constitucionalidad del programa de Bush.
Anoche, Russell Tice, ex oficial de la NSA que trabajó espiando comunicaciones internacionales durante 20 años (una de las fuentes de Risen), fue entrevistado en el programa Nightline, de ABC News, y dijo que la NSA tiene la capacidad para rastrear y analizar todas las llamadas telefónicas domésticas e internacionales de Estados Unidos. No sólo eso, sino que puede construir una "telaraña" de todas las llamadas ligadas a la de un sospechoso, o sea cientos o hasta miles de números telefónicos.
Por tanto, afirmó Tice -al contradecir lo que aseguró Bush sobre el número limitado de intervenciones-, la NSA tiene la capacidad de escuchar a millones de estadunidenses. "Eso significaría, para la mayoría de los estadunidenses, que... si se comunican al extranjero, es más que probable que fueron chupados dentro de esta aspiradora".
Este tipo de operaciones de la NSA, denunció Tice, violan la ley y adelantó que está preparado para informar al Congreso y al público lo que sabe del asunto. La NSA le envió una carta ordenándole que no proceda ya que la información es clasificada. Más aun, el año pasado la agencia revocó la autorización de Tice para manejar información clasificada y después lo despidió, argumentando que tenía preocupaciones sobre la salud sicológica de su empleado. Tice dice que eso es falso y que ésta es la manera en que la NSA maneja a oficiales que provocan problemas y expresan su disidencia.
Como comentó a La Jornada un veterano periodista en Washington, "¿no es igualito a cómo manejaban estas cosas los burócratas soviéticos, no mandaban a los oficiales inconformes a los manicomios?"
James Bamford, autor de dos libros sobre la NSA, incluyendo Puzzle Palace, escribió recientemente que fue justo en diciembre de 1974 que el Times reveló una operación de espionaje doméstico, lo que provocó un gran debate, pero el gobierno de Nixon justificó el hecho de que eran tiempos de guerra y se enfrentaba a un enemigo mortal.
Risen, el reportero del Times, escribió en su nuevo libro que por primera vez desde los tiempos de Watergate, el gobierno espía de nuevo a estadunidenses en gran escala. Con ello, "el gobierno de Bush ha puesto a un lado casi 30 años de reglas y regulaciones y ha regresado en secreto a la NSA al negocio de espionaje doméstico".
Al reseñar el libro de Risen, Bamford recuerda que la NSA fue fundada en 1952 y que durante años la agencia supersecreta se consideraba más allá de la ley, guiada sólo por órdenes presidenciales; de hecho, una de estas órdenes autorizó a la agencia a ignorar la ley en sus actividades de intervención y espionaje de comunicación.
Pero fue durante el régimen de Nixon cuando la agencia recibió órdenes del presidente para empezar a emplear su espionaje electrónico en miles de estadunidenses, entre ellos opositores de la guerra en Vietnam y otros disidentes de la política oficial.
La revelación de esta información provocó que poco después el Congreso promulgara una ley -la de Vigilancia de Inteligencia Extranjera- que prohibió estas actividades ordenadas por el Ejecutivo sin supervisión o autorización del Poder Judicial.
Bamford recuerda que fueron precisamente los recuerdos de esos días, y el abuso del poder presidencial al emplear estas operaciones de espionaje sobre sus propios ciudadanos, y con motivos políticos, lo que provocó que algunos oficiales decidieran filtrar datos sobre la existencia de este programa para provocar una investigación.
No es por nada que algunos se preocupan de que este programa ulltrasecreto podría ser empleado no sólo para detectar posibles complots "terroristas", sino, como hace 30 años, contra opositores y críticos.
Bush nutrió estas preocupaciones esta semana cuando en un discurso declaró que "hay diferencia entre el debate responsable e irresponsable" en torno a la guerra en Irak. Advirtió que los estadunidenses entienden "la diferencia entre críticos honestos... y aquellos que dicen que actuamos en Irak por el petróleo, o por Israel, o porque engañamos al pueblo de Estados Unidos. Saben la diferencia entre una oposición leal que señala lo que está mal y los terroristas que rehúsan ver cualquier cosa como bien".
Subrayó que el debate se debe realizar de manera "responsable" y "no que conforte a nuestros adversarios". La ley define la traición a la patria como asistir y confortar al enemigo, y las palabras de Bush no quedaron lejos de declarar que su gobierno asume el derecho para decidir quien está actuando o no de manera "responsable" en el gran debate sobre la guerra.
Tal vez más preocupante es que ese "pueblo" parece estar dispuesto a ceder sus "libertades fundamentales" que tanto se elogian en este país. Una encuesta de CBS News registró esta semana que 49 por ciento aprueba que Bush haya ordenado el espionaje, mientras 48 por ciento lo desaprueba. Según la encuesta, 65 por ciento cree que los estadunidenses tendrán que sacrificar algunas libertades para estar más seguros ante la amenaza del "terrorismo".
Sin embargo, 62 por ciento está por lo menos algo preocupado de perder algunas de sus libertades civiles como resultado de las medidas del gobierno de Bush para luchar contra el "terrorismo".