El órgano legislativo manifiesta en un punto de acuerdo su solidaridad con la periodista
Reprueba la ALDF el acoso y las agresiones sufridas por Lydia Cacho
Los diputados locales pretenden despenalizar los delitos de difamación y calumnia
El pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal manifestó su rechazo al acoso y agresiones que sufre la periodista Lydia Cacho Riveiro, luego de que denunció la red de prostitución que existe en el sureste del país.
Este órgano legislativo, donde están representados PRD, PAN, PRI y PVEM, avaló el punto de acuerdo del presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Carlos Reyes Gámiz, que fue leído por la coordinadora de la fracción perredista, Lorena Villavicencio. De esa forma hizo patente su solidaridad con la periodista afectada.
A la par, los representantes populares hicieron un llamado a las autoridades involucradas en el asunto para que sea el apego y respeto a la ley el que rija su actuar en el juicio que se le sigue a Cacho Riveiro, con lo que se fortalecerá, dijeron, el estado de derecho.
De acuerdo con el punto de acuerdo, la periodista -quien goza actualmente de libertad bajo fianza- publicó en su libro Los demonios del edén esas redes de prostitución, así como las complicidades que existen entre los intereses políticos y económicos alrededor del caso, razón por la cual fue demandada por difamación y presa durante algunos días.
Para los legisladores, Lydia Cacho padece "las terribles secuelas del acoso, agresiones a su integridad, la de su familia y amenazas de muerte por ejercer su derecho de expresión.
"Tal como ha sucedido en otros casos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe manifestar públicamente su rechazo a ese agravio, que redunda en un inconcebible atentado contra la libertad de expresión", añade el texto aprobado. También queda en claro en el documento que este órgano de gobierno "expresa su solidaridad con la periodista afectada".
El punto de acuerdo resalta que actualmente la ALDF trabaja en la creación de una "ley de honor" que guarda directamente relación con el tema de la afectación al patrimonio moral de las personas.
Dicha ley -añade el documento- consiste en la despenalización de los delitos de difamación y calumnia, estipulándolos jurídicamente en materia civil, con el objeto de reivindicar el bien afectado de las personas en los espacios públicos propicios donde ha sido lesionada su honorabilidad.
Con ello también, dice, se protegen las libertades de expresión e información ante cualquier intimidación y acoso, y al mismo tiempo se pretende eliminar largos juicios penales "donde el dinero se convierte en el principal motivo de litigio".