Exploran alternativas para mantener la fuente de trabajo
Incierto, el futuro de la Cooperativa Pascual
Crece el acoso desleal de trasnacionales, denuncian
Ante la falta de notificación por escrito del Poder Judicial de la Federación a la Cooperativa Pascual sobre la anulación del decreto de expropiación que el gobierno local había iniciado en favor de los cooperativistas, el futuro de esta empresa mexicana es incierto, "pues al fallo de la Corte hay que agregar la competencia desleal que se da en la industria refresquera nacional".
De acuerdo con los cooperativistas, en caso de que el proceso no les sea favorable han explorado la posibilidad del cumplimiento sustituto de la sentencia e incluso la solicitud de que el Gobierno del Distrito Federal emita otro decreto expropiatorio.
Además del reforzamiento de sus demandas mediante el apoyo solidario del comité de apoyo a la cooperativa -que integra 150 personalidades y organizaciones nacionales e internacionales- que se encargaría de integrar una guardia social permanente en las instalaciones de la empresa, así como la conformación de cadenas humanas de apoyo y, en caso de ser necesario, regresarían de nueva cuenta a las movilizaciones, como ocurrió cuando se quedaron sin fuente de trabajo en la década de los 80.
Hasta el día de ayer, la cooperativa seguía a la espera de conocer los términos de la resolución y la respuesta que el Gobierno del Distrito Federal dará al Poder Judicial de la Federación en torno al fallo que resolvió anular el decreto de expropiación de las autoridades locales en favor de la empresa refresquera por causa de utilidad pública para conservar la empresa social como una fuente de cooperativa de empleo.
De acuerdo con el abogado mutualista de la cooperativa y presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda, la empresa ha insistido y tiene documentado que en caso de cumplirse la sentencia, como ordena la Corte, el futuro de la cooperativa será "incierto, pues al fallo de la Corte habría que agregar la competencia desleal que se da en la industria refresquera nacional por la acción de las trasnacionales".
A ello, refiere el jurista, habría que agregar la inminente destrucción de las cadenas productivas y nichos de mercado que la empresa ha creado durante años y la ausencia de apoyos al cooperativismo por las políticas que han seguido los gobiernos mexicanos y que "han provocado el desmantelamiento del sector social de la economía".
Refirió que el apoyo y comprensión que su movimiento laboral ha recibido del Gobierno del Distrito Federal se ha extendido como una gran fuerza de solidaridad de numerosas organizaciones sociales y personalidades nacionales e internacionales a través de la integración de un comité de apoyo a la cooperativa, en el que participan 150 organizaciones "cuya acción será decisiva en el desenlace del conflicto".
Recordó que desde el primero de diciembre del año pasado, la cooperativa presentó una queja formal en contra del gobierno de México, que sigue en curso, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que prepara una demanda más ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Anunció también que diversas organizaciones sindicales nacionales han manifestado su disposición de presentar a mediados de enero una segunda queja, "o queja solidaria", con el propósito de que este organismo acepte investigar los hechos y, en su caso, emitir una recomendación al gobierno mexicano por violación a los derechos laborales, económicos y sociales de los cooperativistas.
En cuanto a sus previsiones en materia laboral, la Cooperativa Pascual pronosticó que este 2006 será un año difícil para el movimiento sindical y cooperativo del país ante su inexistente presencia en la agenda de los grandes temas nacionales y la débil presencia política y social de organizaciones sindicales.
Alertó que es "real y latente" el grave riesgo de desaparición y persecución en que se encuentran las cajas populares de ahorro por la entrada en vigor, el primero de enero, de diversas disposiciones, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Precisaron que el que terminó quedará marcado como un año en el que se recrudeció la ofensiva contra los trabajadores y disminuyeron sus derechos humanos laborales, al operarse "en los hechos" la reforma laboral silenciosa y legislativamente la reforma a la seguridad social en el régimen de jubilaciones y pensiones.