Grave situación, si nos obligan a pagar $253 millones
Múltiples anomalías con predios, por desaseo en época del DDF: autoridades
Las autoridades capitalinas reconocieron que independientemente del caso del predio conocido como Parque Japón, donde el juzgado 43 de lo civil del Distrito Federal exige pago de 253 millones 59 mil 158 pesos, por rentas, "saldrán otros, debido al gran desaseo, por decirlo de alguna forma, en todos los procesos expropiatorios que se dieron en la época del Departamento del Distrito Federal (DDF)".
La eliminación de esa partida considerada en el presupuesto de egresos, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, "nos coloca en una situación difícil, pues será necesario el recorte de otro renglón para afrontar dicho gasto, en caso de que no sea aceptado el alegato de insuficiencia presupuestal presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación", reconocieron.
El jefe de Gobierno del DF, Alejandro Encinas Rodríguez, mencionó que se lleva a cabo un seguimiento de los procesos de expropiación o compraventa emprendidos por particulares, cuando esta entidad fungía como departamento y dependía de una autoridad federal, sobretodo por los altos montos de recursos a pagar, provenientes de las contribuciones de los capitalinos, por una omisión de los entonces encargados.
Hace 12 años se firmó un contrato de compraventa por el predio identificado entonces como Fracción G de la ex Hacienda de Guadalupe, con una superficie de 329 mil 988 metros cuadrados, pero únicamente se pagaron 205 mil 88 pesos y faltó cubrir una segunda remesa por la misma cantidad.
Sin embargo, el monto a pagar asciende actualmente a 253 millones de pesos, lo cual es inconcebible.
Por lo anterior se determinó presentar un alegato jurídico ante la SCJN, apoyado por una serie de documentos, y "esperamos que con el apoyo de terceros interesados -como la Secretaría de Educación Pública y la Cruz Roja Mexicana, porque también resultan afectados- logremos resolver este problema en fondo y forma definitivas", agregó.
Por su parte, el procurador fiscal, Eugenio Robles Aguayo, explicó que la intención de las autoridades capitalinas era cubrir este adeudo, pero la determinación de la Asamblea Legislativa de eliminarlo del presupuesto de egresos 2006 las coloca en situación difícil, pues "estaríamos obligados a recortar otra partida para hacerle frente, en caso de que no se acepte la excusa de insuficiencia presupuestal que tenemos, aunque corresponderá a la Consejería Jurídica defender este caso".