Priístas y panistas, quienes maniobraron para enviar la iniciativa a la congeladora
Ex presidentes bloquearon en el Senado una ley que reformaba sus pensiones
Según el legislador Cantón Zetina, en 2002 costaban al país $260 millones al año
Cuatro ex presidentes de la República -Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo- hicieron uso de su influencia sobre políticos y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), inclusive de otras formaciones, entre ellos el panista Diego Fernández de Cevallos, para evitar que se aprobara una iniciativa de ley encaminada a regular las pensiones y otras prebendas millonarias que reciben.
Pese a que ya había un dictamen en favor, elaborado por la Comisión de Gobernación del Senado, la propuesta está en la congeladora. Debido a ello, del presupuesto federal se seguirán destinando cada año cerca de 260 millones de pesos para cubrir pensiones, servicio médico, viajes al extranjero y salarios del personal militar y administrativo que está al servicio de los cuatro ex mandatarios vivos y la viuda de José López Portillo.
La generosidad del gobierno mexicano es mucha, pues cada ex presidente percibe 10 veces más que sus homólogos de Estados Unidos.
Así, mientras Bill Clinton en 2002 tenía asignados 462 mil dólares anuales, Salinas de Gortari o Echeverría reciben cerca de 5 millones de dólares, debido sobre todo a que cada ex mandatario en nuestro país tiene derecho a disponer de más de 100 servidores públicos para su seguridad y apoyo administrativo, entre ellos un general.
En la explicación de motivos de la iniciativa de ley, "que establece las bases para otorgar pensiones y prestaciones a los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente constitucional de México", presentada por el senador del PRI Oscar Cantón Zetina en junio de 2002, se sostiene que no hay pretensión alguna de suprimir los fondos de retiro de los ex mandatarios, sino únicamente encuadrar sus prerrogativas dentro de la legalidad y la austeridad republicana.
Ello porque los beneficios que obtienen se basan en "prácticas discrecionales" producto de acuerdos dictados por los ex presidentes cuando estuvieron al frente del Ejecutivo, por lo que fueron juez y parte en la asignación de prestaciones y canonjías que rayan en el abuso.
Cuando se presentó la iniciativa, el legislador calculó que los entonces cinco ex presidentes vivos costaban al país 260 millones de pesos al año. De esa cifra global, 27.5 millones son para pensiones; 31 millones para gastos de funcionamiento de inmuebles, equipo de oficina, transporte, seis viajes nacionales y dos al extranjero y 201.5 millones para cubrir sueldos del personal militar y administrativo que tienen asignado.
Tres años después, sin embargo, en el Senado se dio carpetazo al tema. Entrevistado al respecto, Cantón Zetina comentó que no se pudo avanzar por "la influencia" de los ex presidentes sobre varios legisladores de Xicoténcatl. No quiso dar nombres, pero se sabe que la mayoría son de su bancada.
Sobre el tema, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) César Jáuregui comentó que es "verdaderamente una pena" que el Congreso no ponga orden en un tema que pesa tanto en la opinión pública, para acabar con dispendios y erogaciones que ni siquiera en las monarquías se ven.
La iniciativa propone una pensión "razonable", equivalente al sueldo de un secretario de despacho, la cual se suspende si el ex gobernante tiene empleo. Además elimina el pago de viajes nacionales e internacionales y los dos seguros de vida y gastos médicos mayores para los ex mandatarios, sus esposas e hijos, a quienes remite al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para todo lo que se refiere a seguridad social.
La pensión comienza con 80 por ciento y decrece cada año, hasta llegar a 50 por ciento, y desaparece si se contraen nuevas nupcias.
Plantea asimismo que no sea el Estado Mayor Presidencial, sino la Policía Federal Preventiva (PFP), la que se haga cargo de la protección de los ex mandatarios. Sería la Secretaría de Seguridad Pública la que determinaría el número "estrictamente necesario" de elementos policiacos y el servicio que efectuarían, sólo en territorio nacional, el cual concluiría al fallecer el beneficiario.
En la ley propuesta se explica que la SSP determinará las funciones específicas del personal comisionado para evitar que se utilicen en labores domésticas, como jardineros, mayordomos o cocineros, práctica recurrente en la actualidad.
"En el Senado muchos estábamos en favor de legislar el asunto, pero los priístas están muy divididos porque se trata de ex presidentes de su partido, que además contaron con abogados entre los propios legisladores." Recordó que antes de dejar Xicoténcatl para contender por la gubernatura de Veracruz, Fidel Herrera cabildeó fuerte en contra de la iniciativa por su cercanía con Luis Echeverría.
En favor de quien gobernó el país entre 1970 y 1976 operó también otro senador del PRI, Ernesto Gil Elorduy, quien fue su secretario privado. De acuerdo con integrantes de la Comisión de Gobernación, Emilio Gamboa se sumó a la lista de opositores a la reforma por su cercanía con De la Madrid, de quien fue secretario particular.
Cuando el tema comenzó a ser motivo de discusión y fue retomado por el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y el senador perredista Armando Chavarría presentó en septiembre de 2003 otra iniciativa encaminada a transparentar y regular las pensiones y demás ingresos de los ex presidentes de la República, Ernesto Zedillo anunció que renunciaba a dicho pago.
Sin embargo, en opinión de Cantón Zetina y de Jáuregui "eso es lo de menos", porque el gasto más oneroso para el erario no son las pensiones, sino el pago de salarios y prestaciones para los más de 100 efectivos militares y personal administrativo que están al servicio de cada ex gobernante.
Incluso se sabe que Salinas de Gortari, por conducto de algunos de sus emisarios en el Senado -entre ellos Fernández de Cevallos-, envió mensajes claros de que no le importaba renunciar a la pensión de 5.5 millones de pesos al año, pero que no aceptaba en manera alguna prescindir del personal de las fuerzas armadas responsable de su seguridad, escoltas que lo siguen por el país y el extranjero.