Retomamos el análisis de las políticas económicas del gobierno que termina sus funciones en noviembre próximo. Toca turno al campo, donde vive uno de cada cinco mexicanos: en estos años fue en aumento la expulsión de mano de obra y estuvieron ausentes las medidas de promoción de actividades que generen opciones reales de ocupación e ingreso.

El sector agropecuario mexicano sufre una enorme mutación desde hace varios años. Es un proceso que discurre entre el creciente acoso de la competencia internacional y un entorno marcado por la precariedad del crecimiento y restricciones fiscales y financieras. En este cuadro, la tradicional polarización económica, social y territorial del agro se ha profundizado, con la división entre productores prósperos vinculados al mercado internacional y otros pobres y empobrecidos para los que su actividad tradicional aparece como mero reducto ante la falta de alternativas.

Esta evolución está presente desde hace poco más de dos décadas. A partir de la segunda mitad de los años 90 se percibe con mayor claridad, y se mantuvo en el gobierno de Vicente Fox. De 2000 en adelante el área agropecuaria continuó ajustando su comportamiento a las condiciones derivadas de la apertura comercial y el desmantelamiento del viejo andamiaje de estímulos pecuniarios e institucionales que por décadas los gobiernos pusieron a disposición del sector.

Entre 1994 y 2005 el producto interno bruto (PIB) del renglón agropecuario observó una tasa anual promedio de crecimiento de 2 por ciento, que resulta inferior a la del PIB nacional (2.6). Entre 2001 y 2005 la tasa creció medio punto porcentual, con lo cual casi se equiparó con el crecimiento general de la economía. Dado que desde 2001 este último se debilitó, puede decirse que durante el gobierno panista el área agropecuaria mostró mayor resistencia que el resto ante la volatilidad y los ajustes a la baja del mercado internacional.

Con todo, la evolución del PIB agrícola aumentó en los años recientes a un ritmo menor al de otros países latinoamericanos, como Bolivia y Brasil (con tasas promedio de 3 por ciento), Costa Rica (4.2), Chile (4.5), Perú (5.4) y Guyana (8.8). Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ninguno de estos países tuvo a su alcance un acceso preferencial al mercado estadunidense, como México, gracias al TLCAN. De acuerdo con esa institución, ello sugiere que en el desempeño relativamente menos satisfactorio de la agricultura mexicana pesan los factores relacionados con la política económica interna.

El núcleo fundamental de la agricultura mexicana está constituido por el cultivo de granos básicos y oleaginosos. La producción total de estos bienes ha ido en aumento. Su promedio anual en los años 80 rondó 24 millones de toneladas, en los 90 subió a 28, y entre 2000 y 2004 pasó de 29 a 33. El aumento global de la producción se asocia esencialmente con el maíz y la cebada.

La producción del resto de los cultivos básicos fue volátil, se estancó o se contrajo. Así sucedió con el algodón (el producto de 2001 a 2004 equivale a la mitad del acumulado entre 1997 y 2000), el arroz (cayó un tercio en el tonelaje producido) y la soya (bajó 20 por ciento). La protección aplicada a cada bien específico, incluyendo aranceles y subsidios al precio, fue muy desequilibrada y estimuló cambios en la composición del producto en favor del maíz. En lo que hace al trigo, la producción también disminuyó en los últimos cuatro años debido a indisponibilidad de agua en el noroeste; los rendimientos tienden a decrecer a causa del monocultivo en dicha región, que es la principal productora. De 2000 a 2004 la superficie cosechada de este grano básico se contrajo 27 por ciento (de 708 a 518 miles de hectáreas) y la producción por habitante cayó de 36 a 23 kilos.

La agricultura continúa siendo fuente de expulsión de mano de obra debido a su nula capacidad de generar empleos remunerativos. Desde 1999 la población ocupada en el sector agropecuario disminuyó en casi 575 mil personas; la mayoría de estas bajas afectó a la población ocupada no remunerada. En cuanto al trabajo remunerado o formal del renglón, su número ascendía a 430 mil 741 al finalizar el gobierno de Ernesto Zedillo; al concluir 2005 se calcula que alcanzó 432 mil 765. En cinco años, sólo se crearon 2 mil 24 puestos de trabajo formal, que, además, se ubican en los rangos salariales más bajos del país.

Es sabido que en la última década la pobreza rural de México se acrecentó como resultado de la crisis económica. La población bajo la línea de pobreza en zonas rurales pasó de 56.5 por ciento en 1994 a 62.5 en 1996, aunque descendió a 51.2 en 2002, su nivel más bajo en más de una década. Y, pese a que en los últimos tres años las cifras oficiales de pobreza rural siguen registrando mejorías relativas, su nivel absoluto continúa siendo preocupante. Cabe recordar que, incluso reconociendo el efecto de mitigación que hayan producido las políticas públicas de combate a la pobreza, detrás de los menores porcentajes de población rural bajo la línea de pobreza se manifiestan la acción de las remesas familiares de los que emigran a Estados Unidos, así como el mayor número de personas que abandonaron durante estos años el campo debido a la falta de alternativas productivas.

El problema de la pobreza y la desigualdad rurales de México es grave. Lejos de lo que creen algunos círculos políticos, su solución no depende sólo de la aplicación de políticas agropecuarias "adecuadas". La promoción de actividades rurales no agropecuarias que generen opciones reales de ocupación e ingreso ha sido prácticamente inexistente en el gobierno de Fox, estableciendo en este rubro una línea de continuidad casi perfecta con los tres gobiernos precedentes.

Es cierto que la producción de granos básicos ­en menor medida de otros productos agropecuarios­ registró algunos resultados positivos en este gobierno y en los anteriores. Pero también es cierto que estos logros fueron posibles gracias a políticas de compensación del ingreso que se diseñaron para acompañar el proceso de apertura comercial. Como se sabe, estas políticas absorben una parte significativa del presupuesto público. De acuerdo con evaluaciones de distintos organismos internacionales, fueron políticas relativamente exitosas, aunque hay evidencia de que el comportamiento sectorial podría haber sido mejor de lo que fue. En este contexto, es estratégicamente prioritario diseñar una utilización alternativa del presupuesto, sobre todo en las áreas en las cuales el gobierno ha dejado de invertir en el medio rural. El gobierno actual no se hizo ningún cuestionamiento al respecto §