CONTRA LA DIVERSIFICACION
María de la Luz González
Las reformas a la LFRT, aprobadas por los diputados, habilitan a Televisa, Tv Azteca y Teléfonos de México para explotar, sin licitación de por medio, el espacio sobrante del espectro y capitalizar la convergencia tecnológica (o triple play), por la cual un solo operador puede proveer los servicios de telefonía, Internet de alta velocidad y televisión.
Para ello sólo tendrían que solicitar una ampliación de servicios ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que les autorizaría a usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional, así como a instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, remplazando el antiguo título de concesión del canal televisivo o radiofónico.
Las reformas plantean un cambio sustancial en el régimen de concesiones, al fijarles una duración de 20 años y la preferencia al mismo concesionario sobre terceros para su refrendo, disposición que asegura a Televisa y Tv Azteca la "propiedad" de sus frecuencias, que recientemente les fueron renovadas hasta 2021.
La iniciativa cambia el sistema vigente de convocatoria y asignación gratuita de concesiones por una licitación mediante subasta pública realizada por la Cofetel (que fungiría como órgano regulador del sector). El procedimiento favorece la entrega de las frecuencias a los grandes capitales y excluye a los pequeños y medianos radiodifusores.
La minuta de la Cámara de Diputados es un proyecto opuesto al del Senado que plantea conservar como parte de la reserva federal las frecuencias liberadas por la conversión tecnológica sin entregarse automáticamente a los concesionarios originales.
"Rechazamos que hubiese un proceso de asignación automática, porque resulta un doble lenguaje que para nuevas concesiones en radio y televisión se abra un proceso por subasta, inhibitorio de nuevos jugadores y, en el caso del espectro resultante de la compresión digital, haya una asignación directa a cambio de una contraprestación económica que, además, el Estado puede o no cobrar", sostuvo el senador chihuahuense Javier Corral§ MLG
La explotación del espectro radioeléctrico que pretenden apropiarse las televisoras representa un negocio de casi 100 millones de dólares sólo en el Distrito Federal, de acuerdo con Javier Corral, quien precisó que no existe una cantidad del monto nacional, que algunos analistas cifran en 100 millones más.
Televisa, con cuatro frecuencias en televisión abierta y una restringida en una misma plaza (el Distrito Federal), es la empresa más favorecida, pues recibió cinco canales "espejo" para transitar a la tecnología digital, y la reforma aprobada por los diputados la exime de la obligación de regresar al Estado el espacio liberado, o de pagar para conservarlo, al concluir el proceso.
Sólo en el Distrito Federal, la empresa dispondría de 30 megahercios (MHz) adicionales a los que ya tiene, pues cada uno de los cinco canales "espejo" que recibió para transitar a la tecnología digital tiene seis MHz. Tv Azteca recibió dos y Telmex, al que una recomendación de la Cofeco le abrió la puerta al triple play, se mete de lleno en la pelea por el espectro con la iniciativa aprobada en San Lázaro.
El plan del gobierno federal es que la digitalización se concrete mediante un procedimiento de transmisión simultánea en el que la programación se difunda, al mismo tiempo, en un canal con señal analógica y en otro con sistema digital. El periodo de transición, en teoría, concluirá en 2021.
El Acuerdo de Política Digital signado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no obliga a las empresas a usar todo el espectro asignado para trasmitir televisión digital, lo que pueden hacer usando sólo 1.5 MHz en cada canal, pues en el mismo espacio que ocupa un canal analógico se pueden ofrecer cuatro digitales.
Esto significa que Televisa dispondría en total de 22.5 MHz de un espectro que para otros usuarios y operadores sí se licitó, y con una simple solicitud podría prestar otro tipo de servicios de telecomunicaciones, que son el verdadero negocio tras el que están las televisoras, afirmó Corral Jurado.
Los canales que podrían operar en el espacio liberado tampoco son un negocio desdeñable, pues brindan a los consorcios la posibilidad de incrementar sus ingresos por venta de publicidad, producción y contenidos, sin las molestias de competir por su explotación con otros actores ni inversiones adicionales.
En contraste, en Estados Unidos que desde 1997 aplica un plan similar de transición digital, con 10 años para sustituir la televisión analógica, los radiodifusores deberán devolver, al concluir la conversión, el canal que utilizan para las trasmisiones analógicas y conservar sólo el de la señal digital§ MLG
El sector de las telecomunicaciones, que abarca radio y televisión, telefonía fija y móvil, transmisión de datos e imágenes, uso de satélites e incluso el venido a menos correo tradicional, representa una actividad pujante. En 2004 creció a una tasa de 19.7 por ciento, más de 15 puntos porcentuales que la evolución del producto interno bruto (PIB). Los datos disponibles de 2005 apuntan a un incremento de 17 por ciento contra un aumento de 3 por ciento del PIB.
Las telecomunicaciones son uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana. Los servicios financieros no se entienden sin una eficiente red de telecomunicaciones, como tampoco los modernos procesos de producción, el movimiento de mercancías y la administración de inventarios que hacen posible a una firma como Wal-Mart manejar en tiempo real los suministros a sus bodegas.
Un aspecto crucial es la diversificación. Un reporte del Banco Mundial publicado en agosto pasado ponía de ejemplo la telefonía celular. La privatización de empresas telefónicas estatales en América Latina inició en 1986 en Chile. En México ocurrió en 1990 y se extendió por la región. Cuatro quintas partes de los suscriptores de un teléfono fijo eran atendidos por compañías privadas en 2003. Un rasgo común fue que la privatización garantizó una época de monopolio para las empresas. Esto ya no ocurrió con la telefonía celular. En cada país, dice el reporte, hay por lo menos tres operadores. Y debe considerarse que, en casos como México, los teléfonos móviles activos superan en número las líneas fijas.
El asunto es de relevancia en México, donde en febrero próximo el Senado retomará la discusión de la reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT). Esta iniciativa, de manera más que sospechosa, ya fue aprobada por todos los partidos en la Cámara de Diputados en diciembre, en un debate de apenas siete minutos, cinco de los cuales se ocuparon en la votación. Para Ripley o Guinness.
Las reformas a la LFRT, defendidas por un sector de abogados empresariales de PAN y PRI, plantean en esencia ceder a los dos consorcios, Televisa y Televisión Azteca, el control del espacio radioeléctrico. Algo así como los canales por donde se mueve buena parte de la riqueza que genera el sector telecomunicaciones. Por ese espacio pueden viajar lo mismo una señal de televisión que ondas de radio o y aquí está uno de los futuros negocios la transmisión de datos e imágenes en alta velocidad (banda ancha).
Para poner unos números: el espectro radioeléctrico es un negocio que sólo en el Distrito Federal representa cerca de 100 millones de dólares. Ese es el trasfondo de las aplazadas reformas a la LFRT, según el senador panista Javier Corral, quien encabezó la oposición a que la ley se aprobara como deseaban las titulares del duopolio del sector.
Industria concentrada
La convergencia tecnológica es una oportunidad para que los Estados puedan obtener ingresos millonarios por la subasta del espacio liberado, abriendo la radiodifusión a una mayor competencia, o prestar servicios adicionales de telecomunicaciones.
Estados Unidos y la Unión Europea evalúan ya las acciones sobre el espectro liberado. India, que, de acuerdo con The Economist Intelligence Unit, sobresale por su reciente desarrollo, impulsa de modo decisivo este sector.
En México, la forma en que los diputados y un número importante de senadores vislumbra que puede ser organizado sobre todo el segmento de radio y televisión, apuesta a una mayor concentración que, incluso sin la reforma, es única en el mundo: Televisa y Tv Azteca tienen 80 por ciento de las concesiones de explotación comercial de radiodifusión y, de ellas, el consorcio de Emilio Azcárraga acapara 64 por ciento. Igual ocurre con Teléfonos de México en telefonía.
La gran concentración va en contra de una mayor competitividad en la economía. Pese a la insistencia de especialistas en la necesidad reampliar la competencia, los partidos políticos, que este 2006 dejarán en las arcas de las televisoras y las estaciones de radio casi 3 mil 500 millones de pesos por propaganda electoral, aprobaron sin chistar una iniciativa que entrega el control del sector a unas cuantas empresas.
La Comisión Federal de Competencia (Cofeco), en un argumento que refuerza la idea de que en México los políticos tienden a favorecer la concentración, advirtió a los legisladores: "La experiencia internacional es concluyente en que el nivel de competencia juega un papel determinante en favor de la penetración, innovación, precios y calidad de los servicios de telecomunicaciones". Pero para los legisladores y el gobierno parece pesar más la certeza de que el futuro de sus carreras depende de no enemistarse con los barones de la televisión o la radio.
En su recomendación, la Cofeco sostuvo que las reformas a la LFRT "no aseguran la eficiencia en la prestación de los servicios ni evitan fenómenos de concentración en la asignación del espectro radioeléctrico contrarios al interés público en los términos del artículo 28 constitucional". En cambio propone que es "esencial promover un marco regulatorio que aliente la competencia entre proveedores de servicios, independientemente de la plataforma utilizada", igual que en gran parte del mundo.
Añadió la Cofeco que: "Una política pro competitiva y pro convergencia en la administración del espectro radioeléctrico es determinante para favorecer el desarrollo de nuevos servicios y competidores". Advirtió que el espectro radioeléctrico "constituye un recurso esencial y escaso para el desarrollo de las redes inalámbricas, el cual enfrenta una demanda creciente".
La recomendación de la Cofeco y la iniciativa que durante tres años trabajaron senadores, se valorarán, junto con la minuta de los diputados, durante las próximas semanas en el Senado, en un debate que determinará el modelo de industria de telecomunicaciones que tendrá el país en el siglo xxi §
Entró en vigor una disposición fiscal que
genera incentivos para los empresarios inmobiliarios, tanto nacionales
y extranjeros. Además de impulsar la actividad, se espera que
los beneficios se trasladen a los deudores de hipotecas.
María del Pilar Martínez
A partir de este año entró en vigor una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que busca generar incentivos de manera más clara y eficiente para el sector inmobiliario mediante los llamados fideicomisos inmobiliarios, cuya finalidad será adquirir o construir bienes para su posterior renta o venta.
Así, el Congreso quiere fortalecer al sector uno de los de mayor dinamismo actualmente en la economía para la construcción de vivienda, naves comerciales, centros comerciales y hoteles. Esto, al incluir modificaciones fiscales que permitirán a los empresarios colocar o invertir recursos en la Bolsa Mexicana de Valores.
Esto permitirá a los empresarios de desarrollos inmobiliarios financiar sus actividades por medio de los recursos que capten del público inversionista, con menores costos que los créditos bancarios. Con la reforma, los recursos del sistema privado de pensiones también podrán ser destinados a financiar la construcción de vivienda con estos fideicomisos.
Aunque el antecedente de los Fideicomisos de Infraestructura, Bienes y Raíces (Fibras) se remonta a 2004, hasta ahora se realizan las adecuaciones legislativas para presentar un marco legal que permita concretar la bursatilización, sobre todo al aclarar el régimen fiscal aplicable, explicó Reginaldo Montaño, especialista de la consultora Deloitte.
Especialistas fiscales detallan las reformas: por un lado, el beneficio de exentar el pago del ISR cuando los Fibras coloquen sus certificados en bolsa. También se cuenta la obligación de determinar el impuesto a nivel del fideicomiso como si fuera una persona moral; anteriormente se permitía que el pago del impuesto se hiciera de manera individual.
Se otorga a los certificados de participación inmobiliaria el mismo tratamiento que la ley establece para las acciones. Así, la ganancia obtenida por personas físicas y residentes en el extranjero por la enajenación de certificados en la bolsa de valores o mercados reconocidos queda exenta del pago del tributo correspondiente. Teóricamente, menor costo de financiamiento para el sector inmobiliario puede trasladarse a una menor tasa de interés para los compradores finales de vivienda.
Contras de la reforma
Los especialistas reconocen que hay efectos negativos para el caso de fideicomisos que no estén bursatilizados, pues para obtener los beneficios de la ley éstos deben tener al menos a 10 inversionistas registrados.
Reginaldo Montaño explica que con esa disposición ya no cualquier grupo empresarial o empresario individual podrá beneficiarse. La ley "debió considerar que si se cumplen los requisitos se puede aplicar el estímulo fiscal, porque el hecho de que sean 10, 15 o 20 inversionistas no desnaturaliza la intención de la figura que en el fondo trata de impulsar el negocio inmobiliario".
Otro aspecto que podría inhibir el negocio es el hecho de que se contemple la obligación fiduciaria para determinar un impuesto general año con año y que no se pueda diferir, sobre todo "si se trata de un estímulo fiscal en todo su contexto, lo que debió haberse contemplado es que se permitiera diferir el impuesto a nivel fideicomiso hasta que éste distribuyera los ingresos a quienes aportan los bienes", dijo §