Invita a jueces y magistrados a verificar traslados
Busca la SSP poner fin a sanciones contra directores de reclusorios
Con el propósito de terminar con la imposición de multas, que ya suman miles de pesos, y arrestos administrativos, que llegan a más de 100 días, en contra de directores de cárceles de máxima seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal invitará a jueces y magistrados que tienen a su cargo procesos penales contra internos de esas prisiones a que conozcan los procedimientos que se siguen en el traslado de reos, de su zona de reclusión a las áreas de locutorios, para que no consideren que se cometen irregularidades que deben sancionarse.
La invitación se debió a que en meses recientes diversos jueces federales han impuesto varias sanciones a los directores de los penales de máxima seguridad, ante quejas de los internos o por iniciativa propia, por considerar que las actitudes de las autoridades carcelarias originan situaciones que retrasan la aplicación de la justicia o violan las garantías procesales.
Sin embargo, para la SSP federal no hay ninguna acción que viole los derechos de los internos y personal del Poder Judicial de la Federación, pero se acepta que "en el caso de La Palma se impusieron algunas sanciones de carácter administrativo, como multas y arrestos en 2005, debido a que a partir del mes de enero se tomó la decisión de establecer un esquema de control estricto", debido a la crisis penitenciaria que se vivió de diciembre de 2004 a enero del año pasado, ante la muerte de tres internos y la supuesta posibilidad de que miembros del narcotráfico tomaran por asalto el centro carcelario.
Para la dependencia federal, "algunas multas de carácter administrativo fundamentalmente tienen que ver con cuestiones de tardanza en el traslado de los internos en el interior del centro para llegar a la sala de juzgados y no estar a tiempo en las audiencias.
"En otros casos, algún abogado de un interno se quejó porque tenía cita con su cliente a determinada hora y las medidas de seguridad que se establecieron, cuando se determinó la alerta máxima en La Palma, obligaban a una revisión exhaustiva y llegó tarde a la reunión."
A pesar de que la SSP federal sólo ha hecho mención de los directores de La Palma, en realidad el propio secretario Eduardo Medina Mora Icaza aceptó hace algunos meses que las sanciones también habían sido aplicadas a los directores de otras prisiones de máxima seguridad, entre ellas Puente Grande, Jalisco, y la de Matamoros, Tamaulipas.
Ante las sanciones, en algunos casos han sido los propios directores quienes han cubierto el monto de las multas y en cuanto a los arrestos administrativos han promovido entre seis y siete juicios de garantías para combatirlos.