Le fue expedido ayer el auto de libertad
Otorgan amparo definitivo a Carlos Almada por el Pemexgate
Carlos Almada López, ex vocero del presidente Ernesto Zedillo y uno de los ex funcionarios de mayor perfil público implicados en el caso Pemexgate, ya puede reaparecer públicamente sin temor a ser detenido por la Agencia Federal de Investigación (AFI) e internado en el Reclusorio Sur.
Según fuentes judiciales, la juez federal Silvia Entrever, titular del juzgado 13 de distrito, expidió ayer un auto de libertad en favor de Almada, en cumplimiento a un amparo definitivo que le otorgó un tribunal federal al inculpado a finales de septiembre pasado.
Almada López es el segundo de los inculpados que queda libre de todos los cargos que originalmente fincó la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de más de mil millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) al sindicato petrolero, y de ahí a la campaña electoral del ex candidato presidencial del PRI Francisco Labastida. El primero fue Juan José Domene, ex director corporativo de Finanzas de la paraestatal.
El cumplimiento del amparo ya fue notificado a Almada López, quien no ha sido visto en público desde mayo de 2002, cuando el juzgado 13 de distrito libró en su contra la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de peculado electoral, tipificado como grave por el Código Penal Federal y sin derecho a la libertad provisional bajo fianza.
Además de su plena libertad, Almada López -quien se desempeñaba en 2000 como secretario de Elecciones del CEN del PRI- recuperó sus derechos políticos, como votar y ser electo para cualquier cargo de representación.
El pasado 30 de septiembre, el décimo tribunal colegiado del Distrito Federal, en una votación de dos a uno, concedió el amparo y protección de la justicia federal a Almada López contra los cargos por el Pemexgate. La resolución también favoreció a Jorge Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón y Joel Hortiales, ex funcionarios del Partido Revolucionario Institucional.
Al amparar a los inculpados, dos magistrados argumentaron que en los convenios entre Pemex y el sindicato petrolero, que originaron el Pemexgate, "no hubo ningún acto delictuoso", por lo que se validó la transferencia de recursos como una cuestión legal, además de que no encontraron elementos de prueba de que los beneficiados con esta resolución hubieran participado en la firma de los acuerdos. Asimismo, en este caso "no hay ni siquiera pruebas de que Almada hubiera estado enterado de los acuerdos".