El precepto se usa para silenciar voces críticas, acusa
Plantea diputada derogar el delito de difamación
El proceso contra Lydia Cacho, ejemplo de cómo las leyes se han convertido en mecanismo de coerción a periodistas
La diputada del PRD Cristina Portillo Ayala presentó ayer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo séptimo constitucional para definir como derecho inviolable de los periodistas la libertad de escribir y publicar información, con la intención de despenalizar en el país la supuesta comisión de los delitos de difamación, injurias y calumnias.
En su propuesta, explicó que luego del proceso judicial abierto contra Lydia Cacho Ribeiro queda claro que la aplicación de las leyes, lejos de proteger el honor de las personas, se utiliza para atacar y silenciar información crítica y de denuncia contra excesos de intereses poderosos.
La legisladora michoacana señaló que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público, por lo que la protección a la reputación de las personas debe garantizarse sólo a través de sanciones civiles y exclusivamente en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público, persona pública o un particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.
Además, expuso, en los casos en que procesa la sanción pecuniaria primero deberá comprobarse que en la difusión de las noticias los periodistas tuvieron la intención de dañar, o bien difundieron noticias falsas o se condujeron con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de su información.
Es decir, indicó, sólo podrá fincarse responsabilidad a los comunicadores en casos de "real malicia", esto es, cuando el autor de la información está consciente de que era falsa o actuó con desconocimiento negligente de la verdad o la falsedad de la misma.
Estos puntos, que constituirían la esencia de la adición al artículo séptimo, explicó, parten del reconocimiento de que la libertad de prensa constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática.
Portillo Ayala afirmó que la arbitraria detención de Cacho Ribeiro, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada el 12 de octubre pasado por la juez quinta de lo penal de Puebla por presunta difamación contra el empresario textil Kamel Nacif Borges, revela que los mecanismos de coerción contra el periodismo mexicano se han sofisticado.
"Ciertamente cada vez menos se acude al garrote o al soborno, pero a cambio se recurre al aprovechamiento de un marco jurídico que posibilita una discrecional, parcial y condicionada aplicación de la ley. Son leyes absolutamente anacrónicas y, por lo mismo, se aplican pocas veces. Sin embargo, están ahí como una espada de Damocles, para ser usadas cuando conviene a un poderoso o a una autoridad indignada'', dijo.
En su punto de acuerdo, que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen, la diputada Cristina Portillo cuestionó que México es uno de los pocos países donde aún se tipifican como delito la difamación y la calumnia que, en el fondo, son ilícitos de opinión, por lo que nadie debe ir a la cárcel por opinar de determinada forma.
Refirió que el artículo 3567 del Código Penal de Puebla, que se aplicó para la consignación de Lydia Cacho, indica que "la difamación consiste en comunicar a una persona o más personas la imputación que se le hace a otra, física o jurídica, de un hecho cierto o falso, que le cause deshonra, descrédito, perjuicio o lo exponga al desprestigio de alguien".
Así pues, explicó, al imputado del delito no le es posible probar la verdad de sus afirmaciones, pues claramente se estipula que la difamación puede ser de un hecho cierto o falso; es decir, no importa que un periodista diga la verdad: puede merecer cuatro años de cárcel si el demandante asegura que esa verdad dañó su prestigio.
''La estricta aplicación de ese artículo mandaría a prisión a buena parte de los periodistas mexicanos y, más aún, el espíritu del tipo penal haría imposible el ejercicio del periodismo en México", concluyó.