Abogados del ex policía aprovecharon y lo ampararon
Eludió la AFI capturar al ex procurador Straffon
Lo procedente es la inmediata aprehensión: funcionarios
Durante el periodo vacacional decembrino de 2005, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR) hicieron caso omiso a una orden de aprehensión que emitió un magistrado federal de la ciudad de México contra el ex procurador de Hidalgo, Alejandro Straffon Arteaga, implicado en la desaparición forzada de seis miembros de la Brigada Campesina de los Lacandones, el 18 de noviembre de 1974.
La inacción de la AFI permitió a los abogados del ex funcionario estatal tramitar una demanda de amparo ante otro impartidor de justicia federal y obtener una suspensión provisional contra la orden de captura que se libró por el delito de privación ilegal de la libertad, delito tipificado como grave por el Código Penal Federal (CPF) y sin derecho a la libertad provisional bajo fianza.
Documentos judiciales que constan en el expediente 50/2005, del quinto tribunal unitario, revelan que el pasado 12 de diciembre el primer tribunal unitario penal, a cargo del magistrado Fermín Rivera Quintana, ordenó a la AFI que fuera detenido Straffon e internado de inmediato en el Reclusorio Oriente.
Sin embargo, los agentes federales no dieron cumplimiento al mandato judicial y permitieron que 11 días después el inculpado obtuviera la protección de la justicia de manera provisional.
Armando Vázquez, abogado de Straffon, aseguró vía telefónica que su cliente "siempre ha estado en su casa (en el estado de Hidalgo); lo sabe bien la policía. Además, por su edad avanzada nunca ha pretendido ni va a ocultarse"; no obstante, aclaró que por el momento es imposible su detención "porque tenemos la suspensión del amparo".
Esa postura no la comparten fuentes judiciales de primer nivel, quienes ayer aseguraron a La Jornada que la negativa de la AFI revela un "actuar sospechoso" de la corporación, porque el amparo que se concedió al inculpado no se aplica cuando se trata de delitos graves, como el caso del ex procurador de Hidalgo.
De acuerdo con los funcionarios del Poder Judicial federal, lo que procede es que la AFI detenga de inmediato a Straffon, lo traslade al Distrito Federal y lo interne en el reclusorio para que sea sometido a juicio penal por la desaparición de los Lacandones.
Una vez en prisión, el ex funcionario estaría en su derecho de solicitar el beneficio de ley de la prisión preventiva domiciliaria por ser mayor de 70 años, aunque sería decisión del juez de la causa conceder ese derecho al inculpado.
Un caso similar al de Straffon es el del capitán Luis de la Barreda Moreno, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, quien enfrenta al menos cinco órdenes de aprehensión por delitos relacionados con la llamada guerra sucia. Aunque en reportes periodísticos ha trascendido que De la Barreda está escondido muy probablemente en el Distrito Federal, la AFI no ha dado con su paradero, si bien el inculpado cumplió tres años prófugo de la justicia el pasado 5 de diciembre.
El 12 de diciembre, el primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito ordenó la reaprehensión de Straffon Arteaga y exigió al juez 12 de distrito del Reclusorio Oriente, Juan José Olvera López, que en cuanto sea detenido el inculpado inicie en su contra un proceso penal.
El pasado 25 de junio Straffon salió del Reclusorio Oriente, donde estuvo detenido seis días, luego de que el juzgado 12 de distrito determinó que la PGR no acreditó la presunta responsabilidad del detenido en privación ilegal de la libertad.
Ante ese fallo, el Ministerio Público Federal se inconformó y después de varios meses logró que el magistrado Fermín Rivera Quintana revocara la resolución del juez Olvera López.