El pasado 8 de diciembre el Senado ratificó la nueva Ley del Mercado de Valores que unos días antes habían aprobado los diputados. Según planteó el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, la nueva ley tiene dos propósitos. El primero es abrir un campo para que las empresas medianas puedan colocar sus acciones en el mercado bursátil, es decir, en la bolsa de valores y conseguir así fuentes de financiamiento para hacerse de capital. El segundo consiste en consolidar el régimen de funcionamiento de las empresas públicas. Públicas, en este sentido, significa que están abiertas a la participación de cualquier inversionista, a diferencia, por ejemplo, de las empresas que se mantienen bajo el control familiar o personal y no en el sentido de las que son propiedad del Estado.

Ambos aspectos son de relevancia puesto que la producción está directamente asociada con el financiamiento, y éste se amplía en la medida en que se abren las posibilidades de colocar el ahorro disponible. Así, esta forma de lo que se conoce como profundización financiera, se vincula con la capacidad de generar más inversión y empleo, contribuyendo de esa manera a elevar el nivel de la actividad productiva y el crecimiento económico. Pero esto se relaciona con el asunto del régimen con el que operan las empresas y tiene que ver con la información que se ofrece, la transparencia en los actos que se realizan y el modo en que se constituyen y las funciones que cumplen los órganos de dirección. Esto se engloba en el concepto de gobierno corporativo y la nueva ley ofrece crear un entorno de mayor protección a los inversionistas minoritarios. Hacienda había promovido la ley activamente y, en una nota informativa (del 21 al 25 de noviembre de 2005), afirmaba que se pretendía extender los beneficios de un sistema financiero eficiente y proteger a quienes invierten de posibles malos manejos que ocasionen pérdidas en las empresas. Según el Banco Mundial, México está en el lugar 125 de 145 países en cuanto a las prácticas de gobierno corporativo y protección. Y, afirman en Hacienda, que esta situación se relaciona con el tamaño del mercado de capitales. De tal forma que un mercado más grande y diversificado debe llevar a una mayor protección. Esta debe crear incentivos para invertir, pero no es el factor predominante para elevarla. En todo caso la nueva ley pretende incidir sobre este aspecto. Y esto no se reduce sólo a aquellos que tienen recursos suficientes para invertir en la bolsa de valores, sino que se extiende ahora a los trabajadores que cotizan en las Administradoras de Fondos de Retiro (Afore), puesto que éstas, mediante las Sociedades de inversión especializadas en fondos de retiro (Siefore) pueden invertir parte de sus recursos en empresas que cotizan en la bolsa, ya sea en México o en el extranjero. Así que los recursos de su fondo de retiro pueden invertirse en acciones y la nueva ley debe protegerlo, pues tendrá usted acceso a la información.

Eso dice la ley, falta que en verdad le llegue y sepa usted qué hacer, lo que no disminuye su riesgo en cuanto al rendimiento que le da su ahorro, buena parte del cual es forzoso. El titular de Hacienda dijo, complacido, que las empresas estaban de acuerdo con la ley, excepto una. Si quiere saber cuál es, sintonice su televisor en el canal siete o trece §