Con pretexto de resolver un litigio entregó 137 hectáreas a empresa que él representa, afirman

Vecinos de Solidaridad denuncian a Hendricks por fraude con terrenos

Esa sociedad tituló y vendió terrenos de la colonia Luis Donaldo Colosio, con avalúos irregulares

HUGO MARTOCCIA , CORRESPONSAL

Cancún, QR, 26 de diciembre. Cientos de habitantes de la populosa colonia Luis Donaldo Colosio, ubicada en el municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), presentaron una denuncia penal contra el ex gobernador de Quintana Roo Joaquín Hendricks Díaz por entregar durante su gestión parte de los terrenos donde se asienta esa localidad a una sociedad anónima en la que él mismo tenía participación, para que se encargara de comercializarlos.

Según la demanda 3175/2005, presentada el 22 de noviembre y ratificada por 184 integrantes de la sociedad civil Tierra y Libertad en Solidaridad, Hendricks y un particular conformaron la empresa Desarrolladora de la Riviera Maya SA de CV, para regularizar 274 hectáreas en Playa del Carmen, "simulando actos jurídicos" que daban 50 por ciento de la propiedad de ese terreno al particular, cuando se trataba del fundo legal del municipio de Solidaridad.

Según el texto de la demanda, cuya copia tiene La Jornada, la historia de este posible fraude se remonta al 17 de diciembre de 1999, cuando Joaquín Hendricks firmó un convenio privado con Francisco Rangel Castelazo, quien representaba a Ofelia González Whitt, que reclamaba la propiedad del terreno, "con el objeto de extinguir las controversias judiciales pasadas y presentes respecto a la propiedad del predio Chen Zubul, de 274 hectáreas, 180 de las cuales corresponden a la colonia Luis Donaldo Colosio, la más poblada de Playa del Carmen".

Según el convenio, 50 por ciento de ese terreno sería propiedad de Ofelia González y el resto de la entidad pública estatal Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización (Infovir), con lo que se concluía el litigio por la propiedad del predio.

El 31 de julio de 2000, según la escritura pública 17182, se protocolizó ese convenio, en el cual se asentaba que los habitantes de la Colosio tienen la calidad de "posesionarios precarios" de los lotes que habitan, por lo que se creó la sociedad anónima Desarrolladora de la Riviera Maya, para la "regularización, desarrollo y comercialización del inmueble denominado Chen Zubul."

El 22 de octubre de 2003 se ratificó dicha sociedad, lo cual figura en la escritura pública 549.

Lo extraño es que en esta escritura pública el entonces gobernador comparece como presidente del consejo directivo de Infovir (entidad pública supuestamente dueña de la mitad del predio en cuestión), pero también como "presidente de la asamblea general de accionistas de Desarrolladora de la Riviera Maya", que es una sociedad anónima.

"En otra palabras", dice la demanda, "el ex gobernador transmitió a título gratuito, a una empresa privada representada por él mismo, la propiedad de 50 por ciento de las 274 hectáreas del predio Chen Zubul."

Constituida la sociedad, se comenzó a titular y vender los terrenos donde cientos de familias estaban asentadas desde hacía años, levantando avalúos que los habitantes calificaron de irregulares.

En la demanda se expresa que "no existe ninguna constancia de que la Desarrolladora de la Riviera Maya sea la legítima propietaria de los terrenos donde se asienta la Colosio".

Si bien es cierto que Ofelia González solicitó la enajenación a título oneroso de este predio ante la Secretaría de la Reforma Agraria, lo cual fue el origen del conflicto legal por la posesión de esas tierras, esta dependencia la consideró improcedente (expediente de trámite 127284, del 5 de diciembre de 1997) porque confirmó que eran terrenos que desde 1973 formaban parte del fundo legal del poblado de Playa del Carmen.

A pesar de estos antecedentes, los denunciantes dicen que la desarrolladora les está haciendo firmar contratos de venta onerosos, que alcanzan más de 700 mil pesos en algunos lotes.

Por lo anterior, la demanda alcanza, además de Hendricks, a Francisco Garibay Osorio, ex titular de Infovir y actual director del Instituto de Patrimonio del estado; a Francisco Rangel Castelazo, Ofelia González Whitt, María Cristina Torres, -gerente general de la Desarrolladora- y a Jesús López Enríquez, contralor de la empresa, por fraude, falsificación de documento, abuso de funciones públicas, tráfico de influencias, cohecho, peculado, fraude procesal, falso testimonio, coalición indebida, aprovechamiento ilícito del poder, y abuso de autoridad.

La demanda ha sido ratificada hasta el momento por 184 habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio.