El jefe del ejército visitó a militares recluidos por violación a los derechos humanos
La Corte de Chile niega otro amparo a Pinochet; seguirá procesado por plagio
Santiago, 26 de diciembre. Las cosas siguen mal para Augusto Pinochet, luego que la Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su segunda sala, rechazó el recurso de amparo presentado para dejar sin efecto los primeros cuatro procesos que dictó en su contra el juez Víctor Montiglio, por los espeluznantes crímenes de la llamada Operación Colombo.
De esta manera, el ex dictador continuará procesado como coautor de los secuestros calificados de seis víctimas del operativo montado por la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) en 1975 y en calidad de detenido en su domicilio en el Dehesa. Dos jueces de conocida filiación derechista intentaron salvar a Pinochet, pero fueron derrotados.
En otra mala noticia para la derecha, el ministro secretario general de gobierno, Osvaldo Puccio, comunicó que el presidente Ricardo Lagos decidió proponer al Senado el nombre del actual magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, para ser promovido a la Corte Suprema de Justicia.
Cerda fue uno de los pocos jueces que se atrevió a desafiar a la dictadura y fue perseguido por ello. Ahora la derecha tendrá que demostrar si lo ha perdonado o si le pasará la cuenta, como ocurrió en su momento con el magistrado hoy jubilado Juan Guzmán Tapia. El vocero oficial afirmó que "sería absurdo" que la derecha vete su nombre por estar relacionado con causas de derechos humanos. Cerda procesa a Pinochet por el caso Riggs.
Piden citar a ex ministros
Por otra parte, la defensa del general asesino Manuel Contreras pidió que diversos ex ministros y subsecretarios de la dictadura sean citados a declarar por la responsabilidad que tendrían en dos causas en las que el ex director de la Dina está condenado. Se trata del proceso por el secuestro calificado de la profesora jubilada Julia Retamal Sepúlveda, en el que el juez Juan Eduardo Fuentes recientemente dictó una condena de tres años y un día para el criminal en uniforme.
El segundo caso corresponde al secuestro del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel Angel Sandoval, que investigó el magistrado Alejandro Solís, por el que Contreras cumple, desde enero pasado, condena de 12 años de prisión en el penal Cordillera, destinado a los homicidas y torturadores del ejército y de carabineros.
Según explicó el abogado Javier Gómez, parte del equipo defensor del general, el objetivo de la diligencia es establecer que la responsabilidad de los actos que se le imputan a la Dina, y luego a la Central Nacional de Informaciones (CNI), no recaen en los jefes de esos siniestros organismos secretos, sino en quien desempeñaba el Poder Ejecutivo, Pinochet, y en sus sucesivos ministros del Interior.
"La razón por la que se cita a los ministros del Interior y a los subsecretarios es que la CNI, a diferencia de la Dina, dependía de ese ministerio. Supuestamente, el delito de secuestro es permanente y se ha cometido en parte por la Dina y, también, por la CNI", dijo el abogado, quien precisó que en el requerimiento piden que se cite a los ex ministros del Interior César Raúl Benavides, Sergio Fernández (que acaba de perder su relección como senador), Sergio Onofre Jarpa, Ricardo García, Carlos Cáceres y Enrique Montero Marx.
Además, la lista incluye a los ex subsecretarios Jovino Novoa y Alberto Cardemil (senador y diputado de la UDI, respectivamente), y a los ex directores de la CNI Odlanier Mena, Hugo Salas Wenzel y Gustavo Abarzúa. Todos ellos generales del ejército en retiro.
Recientemente, la defensa de Contreras se querelló contra ex prisioneros políticos a quienes acusan de falso testimonio, puesto que declararon en diversos casos de derechos humanos que Contreras fue quien ordenó torturas y ejecuciones, lo cual, según el ex jefe de la Dina, no es real.
A su vez, el comandante en jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, visitó la semana pasada en la más estricta reserva a los militares procesados y condenados por violaciones de los derechos humanos, recluidos en los penales de Punta Peuco y Cordillera. Fuentes militares dijeron que se trató de una visita estrictamente humanitaria a los ex uniformados que se encuentran afectados por estos procesos judiciales y no tuvo carácter institucional. La piadosa explicación es que se trata de reconfortar simbólicamente a quienes están privados de libertad en fechas como la Navidad.