Editorial
Violaciones a los derechos humanos, freno a la democracia
La situación de los derechos humanos en un país no sólo determina la vigencia del respeto a las garantías individuales, sino también constituye un indicador sobre el avance de la democracia, el profesionalismo y eficacia de las instituciones y la integridad de los funcionarios públicos. Se trata, pues, de un espejo que refleja el estado en que se encuentra la sociedad. En México, la imagen obtenida indica que aún queda mucho camino por recorrer para consolidar los derechos humanos, así como el sistema democrático, tal como señalan dos informes de Amnistía Internacional y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sobre las constantes agresiones que padecen los defensores de las garantías individuales ante la pasividad, y a veces, la complicidad de las autoridades.
De acuerdo con el documento El derecho a defender los derechos humanos en 2005, elaborado por el Centro Pro, en 2005 ocurrieron 62 casos de ataques, directos e indirectos, contra los activistas dedicados a proteger los derechos humanos. Estas agresiones incluyeron homicidios, amenazas de muerte, hostigamiento, robo de oficinas, fabricación de delitos, vigilancia, detenciones arbitrarias, censura de la información y descrédito y difamación de las organizaciones civiles y gubernamentales abocadas a esta actividad, entre otras denuncias. Este abanico de irregularidades pone de manifiesto que autoridades de todos los niveles, desde el gobierno federal hasta los estatales, pasando por las procuradurías generales, los jueces y los diversos cuerpos policiacos, no han cumplido con su obligación de brindar protección a los defensores de los derechos humanos.
Al respecto, Amnistía Internacional acusó que en muchas ocasiones, las autoridades persecutorias del delito no sólo han pecado de omisión a la hora de investigar estas agresiones: también han consentido "con otras autoridades en presentar cargos de motivación política contra activistas de los derechos humanos", violando así el precepto de imparcialidad que debe regir en las procuradurías generales y garantizando la impunidad de los agresores.
Un caso que ilustra esta situación es el de la periodista y activista Lydia Cacho, detenida de forma irregular el pasado día 16 en Cancún por policías del estado de Puebla que presentaron una orden de arresto por el cargo de difamación. Cacho, quien denunció una red de pederastia encabezada por el empresario mexicano de origen libanés Jean Succar Kuri, nunca fue informada de los cargos en su contra, como ordena la Constitución; sus escoltas de la Agencia Federal de Investigación no hicieron nada para evitar su arresto y no se le permitió ejercer su derecho a realizar una llamada telefónica, entre otros atentados a sus garantías individuales.
Por otra parte, el informe del Centro Pro reveló que las entidades de la República con más ataques contra defensores de los derechos humanos son Oaxaca (14 casos), Chiapas (13), el Distrito Federal (nueve) y Guerrero (siete). Estos datos señalan que la geografía de la agresión y la impunidad abarca precisamente los estados con mayores carencias económicas, donde la permanencia de cacicazgos políticos, entre otros factores, ha perpetuado la represión que gobiernos anteriores impusieron a los sectores y organizaciones dedicadas a defender los derechos humanos.
Este negro panorama demuestra que el llamado gobierno del cambio no logró avances significativos en el respeto a las garantías individuales, dejando esa tarea a la próxima administración. También revela que en el país existe una democracia todavía incipiente y frágil, susceptible de ser afectada por los intereses de grupos de poder vinculados con autoridades corruptas, y que para muchos funcionarios la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los diversos tratados internacionales sobre la materia suscritos por México son letra muerta.