Danilo Anderson investigaba el golpe a Chávez de 2002
Condenan a tres ex policías por el asesinato de fiscal venezolano
Caracas, 21 de diciembre. La justicia venezolana condenó a penas de 30 y 27 años de prisión a tres ex policías por el asesinato hace más de un año del fiscal nacional Danilo Anderson, quien investigaba a cientos de personajes de derecha que participaron en el efímero golpe de Estado contra el presidente, Hugo Chávez, en abril de 2002.
El juez Luis Cabrera emitió la sentencia esta madrugada, tras horas de deliberaciones en el tribunal en contra de los autores materiales del crimen: Juan Bautista Guevara, condenado a la pena máxima de 30 años de presidio, y contra sus primos Rolando y Otoniel Guevara, quienes deberán purgar 27 años y nueve meses de cárcel.
El magistrado estableció que quedó absolutamente demostrada la responsabilidad penal de los tres ex policías, condenados por homicidio calificado con premeditación y alevosía, incendio, porte ilícito de armas de fuego y uso de armas de guerra.
El asesinato se cometió en un atentado con explosivos C-4 al hacer detonar el coche de Anderson que conducía el 18 de noviembre de 2004. El entonces fiscal murió carbonizado dentro del vehículo.
Por el mismo caso están incriminados otros dos autores materiales como son Johann Peña y Pedro Lander, al parecer refugiados en Estados Unidos.
La defensa de los criminales se declaró "indignada" por la sentencia al afirmar que el juez actuó "con saña, desapegado a lo más elemental de la justicia". Según su alegato, la Fiscalía actuó como instrumento de "venganza" y de encubrir a "los verdaderos culpables". La oposición califica estos juicios de "políticos".
La Fiscalía también mantiene una acusación en contra del banquero y empresario de medios Nelson Mezerhane, el general retirado Eugenio Añez, el cubano Salvador Romaní y la periodista Patricia Poleo, como presuntos autores intelectuales del asesinato de Anderson.
Mezerhane, Añez y Romaní serán juzgados en libertad, mientras que Poleo se negó a entregarse a la justicia y huyó del país.
El crimen del fiscal Danilo Anderson ocurrió cuando tenía en sus manos la investigación de más de 400 personas que firmaron o estaban ligados al decreto que disolvió los poderes públicos durante el breve golpe de 48 horas contra Chávez.
La sentencia ha sido dictada una semana después de que el líder sindical opositor Carlos Ortega fuera condenado a 15 años y 11 meses de cárcel por diversos delitos, entre ellos haber encabezado un paro de dos meses que tenía como fin el derrocamiento de Chávez y que hizo colapsar la industria petrolera venezolana.
En otro orden, el vicepresidente José Vicente Rangel reiteró que el gobierno mantiene la apertura al diálogo con todos los sectores políticos y sociales del país, pero lamentó que los grupos políticos de oposición no quieren asumirlo.
En Venezuela, dijo, "con quien no se puede hablar es con la clase dirigente de la oposición". En cambio, agregó que el gobierno de Hugo Chávez mantiene contactos con la cúpula eclesiástica católica, con el gremio empresarial y los rectores de las universidades, que hasta hace unos meses eran fuertes detractores.
En el plano internacional, Rangel afirmó que buena parte de la clase política estadunidense es ignorante sobre lo que ocurre en América Latina, y sobre todo en Venezuela, al expresar su rechazo a un proyecto de resolución promovido en el Congreso del país del norte en contra del gobierno venezolano.
El parlamentario republicano por Florida, Connie Mack, presentó el martes ante el Congreso una resolución de condena a las medidas "antidemocráticas" del gobierno del presidente Chávez, y en apoyo a la oposición venezolana. Mack ya había logrado en julio la adopción de medidas de sus colegas en contra del canal regional Telesur.