Externa el "más absoluto rechazo a las medidas fascistas" y la xenofobia estadunidense

Frente latinoamericano contra ley antimigrantes, busca la Permanente

Acuerda citar a comparecer a Derbez con carácter urgente para evaluar impacto de la reforma

ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión formuló ayer su "más absoluto rechazo a las medidas fascistas, xenofóbicas y profundamente violatorias de los derechos humanos y los tratados internacionales" contenidas en la iniciativa en materia de inmigración recientemente aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, conocida como enmienda Sensenbrenner.

Con el respaldo de todas las fuerzas políticas, el órgano legislativo acordó citar a comparecer, con carácter de urgente, al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, con el propósito de evaluar el impacto político de la Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal.

Además, como parte de esa estrategia para frenar la reforma, propuso a los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores llevar a cabo un intenso cabildeo con congresistas, generadores de opinión pública y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) del vecino país del norte, antes de que la iniciativa se discuta en el Senado estadunidense.

Al inicio de ésta que fue la primera sesión de la Permanente, se habían agendado seis puntos de acuerdo -dos del PRI y dos del PRD- para repudiar la legislación antimigrantes de Estados Unidos, por lo que el presidente del organismo, He-liodoro Díaz Escárraga, negoció que hubiera un solo planteamiento que recogiera la mayoría de las propuestas.

El acuerdo forma parte de la idea que ha venido impulsando en torno a buscar contactos y el apoyo de los congresos y los parlamentos latinoamericanos en contra de la nueva legislación migratoria de Estados Unidos. Ayer, sin embargo, el coordinador panista, José González Morfín, se manifestó en contra de ello.

Entrevistado después de que se había votado el acuerdo, Díaz Escárraga respondió que todos deberían cerrar filas, para que no fuera "un problema de celos o de defensa de un gobierno como el del presidente Vicente Fox, quien ha mostrado muy poca capacidad de iniciativa en este asunto".

Resaltó que lo votado ayer es congruente con el propósito de que los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores tanto del Senado como de la Cámara de Diputados lleven a cabo un amplio cabildeo y puedan hacer alianzas con ONG y otras organizaciones, para desplegar la más amplia solidaridad con México".

Se tomó como documento base para fijar postura la propuesta del diputado priísta Carlos Jiménez Macías, quien hizo notar que inclusive un grupo de legisladores de Estados Unidos calificaron la legislación de xenófoba y miope, ya que no da respuesta a un problema de fondo, como son los futuros flujos de migración y el caso de los 11 millones de indocumentados que laboran en territorio estadunidense.

Este grupo señaló enérgicamente no estar de acuerdo en elevar a rango de delito la simple presencia indocumentada dentro de Estados Unidos y la falta de tiempos reales para efectuar la verificación migratoria en los centros de trabajo.

Independientemente de las posturas de rechazo de legisladores estadunidenses en torno a autorizar la construcción de muros de seguridad en la frontera norte, se trata de medidas "ofensivas para el pueblo mexicano" que lesionan de manera importante la relación entre ambos países y van en contra de la dignidad de las personas, insistió el priísta.

Al respecto, los diputados panistas Adriana González y Rodrigo Iván Cortés resaltaron que "resulta inadmisible que en pleno siglo XXI se construyan muros y no puentes entre naciones que son vecinas y socias".

En tanto, el grupo parlamentario del PRD en San Lázaro tenía preparada su propia propuesta, en la que los diputados Juan José García Ochoa e Irma Figueroa resaltaban que la relación impulsada por el gobierno del presidente Vicente Fox con su homólogo estadunidense, George W. Bush, "ha sido desigual, unilateral y convenenciera", como lo demuestra la iniciativa encaminada a construir una barda de casi mil 200 kilómetros en la frontera norte, acelerar los procesos de deportación de migrantes detenidos y convertir en delito federal la presencia de personas sin documentos en territorio estadunidense.

La enmienda, presentada por el representante republicano por Wisconsin, James Sensenbrenner, "constituye un retroceso y una falta de compromiso del gobierno de George W. Bush hacia el derecho internacional y en contra de su socio comercial".

En el documento final de seis puntos, que resume las propuestas de todos los grupos parlamentarios, la Comisión Permanente prioriza la necesidad de que la comisiones de Relaciones Exteriores citen a la brevedad al canciller Derbez, para "evaluar el impacto político" de la reforma, con miras a que el gobierno federal haga llegar, por los canales diplomáticos, "nuestro rechazo y condena absoluta" a la ley Sensenbrenner.