Editorial
Frontera sur: abusos y cárcel para los migrantes
Hace bien el gobierno mexicano en protestar contra las acciones estadunidenses que criminalizan la migración y vulneran los derechos humanos de miles de connacionales que año con año buscan cruzar la frontera norte, con la esperanza de encontrar una mejor vida. Sin embargo, haría mejor si lo que pide en el norte a Estados Unidos lo aplicara aquí, en la frontera sur, un verdadero lugar de nadie. En este contexto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, presentó ayer el Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias, ubicadas principalmente en estados fronterizos, cárceles donde los centroamericanos y sudamericanos capturados en territorio mexicano viven un verdadero calvario.
Para empezar, señala el informe, en la mayoría de los estados las cárceles municipales se habilitan para retener a los migrantes, colgándoles la etiqueta de criminales. Para el ombudsman nacional, los derechos humanos de los migrantes son "una asignatura pendiente, porque el gobierno mexicano maltrata a los indocumentados que cruzan el territorio, los retienen en cárceles, en hacinamiento, sin alimentos muchas veces, sin atención médica, y sobre todo se violan sus derechos humanos". Es inconcebible que se trate como criminal a alguien por el simple hecho de no tener papeles.
Esta situación fue constatada por el quinto visitador de la CDNH, Mauricio Farath, quien viajó por los estados de Sonora, Chiapas, Veracruz y Jalisco, entre otros, visitando esos centros de detención. "Ahí los migrantes permanecen días y semanas, en cuartos pequeños conviven decenas de ellos y además no se separa a hombres y mujeres." En enero de 2005, la CNDH creó la quinta visitaduría, la cual precisamente tiene la misión de supervisar las condiciones de las estaciones migratorias. Su primera acción motivó el cierre de la estación La Venta, en Tabasco, donde se retenían a cientos de centroamericanos "de manera indigna". Y la situación de las mujeres migrantes es aún más apremiante, pues muchas veces son objeto de abusos sexuales, extorsiones y son obligadas a prostituirse.
La frontera sur es la meta de miles de personas provenientes sobre todo de Centroamérica y Suramérica, de países con profundos problemas económicos, en los que la miseria está a la orden del día, y que buscan exactamene lo mismo que los mexicanos que tratan de llegar a Estados Unidos: una vida mejor. En realidad no existen estadísticas confiables en relación con el número de personas que cruzan la frontera sur de México desde Belice y Guatemala. En 2000, el Instituto Nacional de Migración mexicano reportó 170 mil deportaciones, pero cifras como éstas son cuestionadas por organizaciones humanitarias, que acusan al gobierno mexicano de no tener una política clara para tratar con los migrantes que provienen del sur. De hecho, la falta de estadísticas confiables es muestra de ello.
La situación es peor si se considera que las medidas implantadas obedecen a los intereses de Washington. Tan es así que, para Onésimo Hidalgo, analista político del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas, ubicado en San Cristóbal de las Casas, "México termina haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos de detectar, detener y deportar a los migrantes".
Ante este panorama, es deseable que el gobierno mexicano lleve a cabo acciones concretas para terminar con los abusos de migrantes en el sur, pues es una vergüenza que se exija respeto a los derechos humanos para nuestros migrantes en Estados Unidos y se dejen de lado los de los centroamericanos. Después de todo, ésos que vienen huyendo de la miseria, provocada por el modelo económico establecido en sus países y agudizada por catástrofes naturales, como el huracán Mitch, ejercen su derecho de buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.