Los infanticidas de Pénjamo podrían quedar en libertad
Irapuato, Gto., 20 de diciembre. La juez Ana María Razo Raya determinó aplicar una ''medida de salud curativa'' de 40 años en el área de enfermos del Centro de Readaptación Social de Valle de Santiago a los nueve miembros de una familia de Pénjamo que sacrificaron dos menores de edad en un presunto exorcismo en la comunidad El Calabozo. Sin embargo, el Ministerio Público presentará un recurso de inconformidad porque con esta decisión los presuntos homicidas podrían recuperar su libertad.
El 7 de diciembre las niñas María Elena Pérez Gutiérrez, de siete meses de edad, y Juana Pérez Frausto, de 13 años, fueron torturadas y asesinadas por sus padres, tíos y abuelos, quienes creían que las víctimas eran la encarnación de deidades malignas.
La juez primera de lo penal, con cabecera en Pénjamo, determinó que los nueve integrantes de la familia Pérez Gutiérrez y Pérez Frausto actuaron bajo una disfunción siquiátrica que determinó ''sicosis crónica compartida de tipo alucinatorio'', por lo cual no pueden ser sometidos a proceso judicial.
Según el artículo 90 del Código Penal de Guanajuato, las personas a quienes no se puede imputar delito alguno deben permanecer internadas en centros de rehabilitación por un tiempo no mayor a la pena máxima por el delito cometido, y en caso de comprobarse que alguna persona inimputable se recuperó de la enfermedad que la llevó a cometer el acto ilícito puede quedar en libertad.
Sin embargo, el Ministerio Público que lleva el caso podría apelar de la decisión de la juez a fin de que se imponga la pena máxima a los acusados porque ''tienen conciencia de que perpetraron el ilícito y de que tendrán que purgar una pena'', mencionó una fuente ministerial.
Pero la abogada de los inculpados, Elsa Martínez Durán, dijo que como la situación es atípica ''estamos pidiendo que en la resolución del juez se defina un verdadero tratamiento siquiátrico a mis clientes, más allá de una reclusión en un espacio no determinado''.
La situación obligó a pedir una opinión al Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato a fin de determinar si se actuó con apego a la ley.