"Monstruosa", la disposición de criminalizar a 11 millones de indocumentados
Reprueba la política migratoria de Bush 58% de los estadunidenses
Las muestras de repudio a la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de endurecer la seguridad fronteriza con el levantamiento de bardas en los límites con México se extendieron en el vecino país, donde 58 por ciento de los estadunidenses desaprobaron la política migratoria impulsada por Washington.
Según una encuesta citada por The Washington Post y la cadena televisiva ABC, sólo una tercera parte de las mil personas encuestadas aprobó la política migratoria del gobierno de George Bush.
De acuerdo con el sondeo, la situación de Irak es la que demanda mayor atención de los estadunidenses, con 32 por ciento, y el resto de los asuntos, como la economía, la atención médica y la situación migratoria, pasan a segundo término.
Por su parte, la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) se unió a las condenas de organismos no gubernamentales en Estados Unidos y a escala internacional, al señalar que la iniciativa Protección fronteriza, antiterrorismo y control de la inmigración ilegal (HR4437) "socava las protecciones básicas del proceso judicial, obligaciones en materia de derechos humanos y principios fundamentales de justicia".
Jennifer Daskal, directora de Programas de Defensa de las Causas de HRW, sostuvo que dicha iniciativa, en lugar de impulsar un acercamiento al tema migratorio, se limita exclusivamente a la observancia de la ley, ya que "no ofrece suficiente protección contra la tortura y la persecución".
A este rechazo se sumaron también los principales grupos de defensa de hispanos en Estados Unidos, quienes enviaron una carta al presidente George W. Bush, en la cual que advierten:
"Esta legislación es extremadamente dañina también para las familias estadunidenses, las empresas, las comunidades y los inmigrantes".
La misiva cuestiona que "entre sus varias espantosas y monstruosas disposiciones (de la iniciativa) se encuentra la de convertir en criminales a 11 millones de trabajadores indocumentados".
La carta fue firmada por organizaciones con presencia en todo el territorio estadunidense, como el Consejo Nacional de la Raza y el Fondo Mexicano-Estadunidense para la Defensa Legal y la Educación (Maldef, por sus siglas en inglés), hasta grupos como la Asociación de Funcionarios Latinos Electos y Designados, y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos.
En el contexto de estas expresiones de repudio, el presidente del Instituto de Política Migratoria, Demetri Papademetriou, declaró en Washington que la iniciativa migratoria no será aprobada finalmente en los términos establecidos por la Cámara de Representantes, cuando esta propuesta sea discutida por los senadores el año que entra. Anticipó que la redacción final de la ley incluirá un plan de trabajo temporal y "algo" para los trabajadores indocumentados, que podría ser la legalización de al menos una parte de los 11 millones de migrantes que no cuentan con documentos de residencia.
En tanto, Amnistía Internacional- México señaló que la iniciativa de ampliar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México constituye "un retroceso histórico de los derechos humanos. Este muro de separación entre las naciones representa un nuevo peldaño en las medidas de endurecimiento para frenar la migración, que multiplicará la pérdida de vidas y restringirá el derecho de todas las personas a buscar mejores niveles de dignidad".
Manifestó que si bien las naciones están en su derecho de aplicar sus propias políticas migratorias, "esto no puede hacerse en detrimento de los más elementales principios de protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente".
Por otra parte, el presidente de Guatemala, Oscar Berger, criticó la intención del gobierno de Bush de ampliar el muro a lo largo de toda la frontera con México.
"No es posible que se le vaya a poner un freno (a la migración) si estamos en la época de la globalización. Eso es contradictorio", además de que "no va a servir de nada", expresó.