Crónica de una aprehensión "digna de un capo"
Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía, relata, en un texto de su autoría que hizo público ayer, su visión de la detención que fue objeto por parte de autoridades judiciales del estado de Puebla por un supuesto desacato a la orden de presentación en un juzgado de esa entidad para que respondiera como probable responsable de los delitos de difamación y calumnia.
En el documento expresa: "nunca cuestionaré el derecho de una persona que se siente calumniada a demandar a una periodista. Todos los y las profesionales estamos sujetas a ello". Sin embargo refiere que su asunto no es simplemente una cuestión de calumnias, sino que las cosas fueron maquinadas para fabricar una orden de arresto, ya que los citatorios "nunca" le fueron entregados, lo que propició que el juzgado quinto de lo penal en Puebla ordenara su detención.
"Esta es una violación a mis garantías individuales más elementales, porque no se puede girar una orden de aprehensión sin asegurarse de que la o el acusado ha recibido los citatorios", señala la periodista en su texto.
Sentencia que una vez detenida vivió "un infierno", ya que agentes judiciales efectuaron un operativo "digno de la aprehensión de un capo del narcotráfico"; después de ello fue remitida a la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo para que ésta fuera notificada de su traslado a Puebla, a lo que Cacho aduce: "lo que normalmente es un trámite de varias horas sospechosamente se hizo en no más de 20 minutos".
La escritora, quien ha recibido amenazas de muerte, por lo que tiene la protección de elementos de la Agencia Federal de Investigación, refiere que al ser conducida a la procuraduría de Quintana Roo los judiciales poblanos aseguraron a los agentes de la AFI que podrían acompañar a la periodista en el trayecto por carretera hasta Puebla, "pero tan pronto hicieron su gestión me sacaron por la puerta trasera; engañándome y asegurando que iríamos por mi gente, me forzaron a entrar en un auto y se dieron a la fuga".
Asimismo denuncia que durante la detención no le permitieron acceso al teléfono ni tener contacto con su abogado, tampoco le dejaron tomar medicamentos (sufre de bronquitis). "Las primeras horas en la carretera me hicieron sentir que el secuestro podría terminar en algo peor."
Afirma que recibió maltrato y tortura sicológica, pero después de una llamada que recibieron los agentes que la trasladaban "el trato fue menos agresivo", ya que organizaciones no gubernamentales enteradas de la situación ejercieron presión sobre el gobernador poblano, Mario Marín Torres, y de igual forma "la PGR, que se encontraba a cargo de mi custodia, hizo un señalamiento al gobierno de Puebla en el sentido de que lo hacía responsable de lo que pudiera pasarme en el camino, toda vez que ellos me habían dejado en la indefensión".
Refiere que el trámite de presentación ante el juez quinto de lo penal en Puebla "fue lento y tortuoso" y que se le detuvo en un "calabozo inmundo", se le tomaron fotografías y se le practicó una revisión médica desnuda. La multa que se le fijó fue de 70 mil pesos, los cuales pagó en efectivo para poder obtener su libertad. "Lo que se orquestó fue una orden de aprehensión artificial para tener la posibilidad e infringirme el mayor castigo posible; una especie de vendetta por haberme atrevido a hablar de los poderosos.
"Lo cierto es que una simple denuncia por calumnia, improcedente, consiguió lo que agresores de mujeres y otros delincuentes de alto calibre no habían logrado en todos mis años como periodista y activista feminista contra la violencia: sacarme de mi ciudad, despojarme de la protección y dejarme completamente indefensa y vulnerable durante más de 20 horas, en zonas aisladas y deshabitadas, sin saber si podría perder la vida a manos de quienes deben impartir justicia", finaliza Cacho.
Emir Olivares