Para lograr lo anterior el Estado se ha valido de múltiples leyes y políticas que centralmente tienden a separar a los campesinos de la tierra a través del despoblamiento forzado de las zonas rurales; la erosión de los maíces nativos; la desamortización de la propiedad social agraria, así como la separación y privatización de los elementos que juntos integran los territorios de los pueblos campesinos: la tierra, el agua, los minerales, los bosques, el aire, la biodiversidad y, por supuesto, los saberes tradicionales vinculados a dichos elementos.

A lo largo de muchos siglos en el sur occidente mesoamericano han florecido importantes culturas indígenas, todas ellas adscritas después de las guerras de conquista al horizonte lingüístico náhuatl. Habiendo sido particularmente implacable el exterminio de los pueblos indígenas de la región, resulta sorprendente que todavía hoy en día sobrevivan comunidades nahuas en el municipio de Aquila, Michoacán, en los municipios de Comala e Ixtlahuacán, Colima, y en diversas regiones rurales del sur de Jalisco, siendo significativas las localizadas en la Sierra de Manantlán, el municipio de Tuxpan, el Llano, la Sierra de Tapalpa, Cocula, Villa Purificación y las inmediaciones del Lago de Chapala.

Las comunidades citadas no son ajenas a la actual guerra neoliberal y su diezmado tejido social todavía resiente las políticas liberales desplegadas por los sucesivos gobiernos federales y locales a lo largo de los dos últimos siglos.

Junto a la voluntad destructiva y rapaz de quienes tienen poder económico y político, la resistencia de las comunidades indígenas existe y crece en todo el territorio del antiguo mictlampa, aun en medio de colosales murallas.

De este modo la comunidad indígena de Cuzalapa, enclavada en la Sierra de Manantlán, Jalisco, ha desatado, a partir de abril de este año, un importante proceso de lucha en contra de la imposición del Programa de Certificación en Comunidades (Procecom), que implicó el parcelamiento forzoso de más de siete mil hectáreas de su propiedad comunal a principios del año que corre. En contra de dicha acción, concertada entre funcionarios de la Procuraduría Agraria y el comisariado de bienes comunales, los comuneros han realizado asambleas y actualmente tienen en trámite dos juicios con la finalidad de que se anule una fantasmagórica asamblea organizada por la Procuraduría Agraria el 15 de enero del 2005 con la parti-cipación de tan solo 78 comuneros de un total de 244, pues en dicha asamblea se acordó el citado parcelamiento de las tierras de la comunidad.

El ejido de San Isidro, en la región de El Llano, Jalisco, rechazó contundentemente la imposición del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) en abril, insistiendo en recuperar las tierras que originalmente le fueron dotadas y que hoy están en poder de la transnacional Nutrilite con la complacencia del gobierno federal.

Poco antes, a principios de año, la comunidad de Aquila, en la costa michoacana, impidió por cerca de un mes el tránsito de los camiones que conducen el hierro extraído de los montes de la comunidad por la empresa minera Las Encinas sa de cv, filial del grupo Hylsamex. Finalmente los comuneros organizados lograron la destitución de su anterior comisariado, coludido con la minera, e iniciaron un complejo proceso de negociación que aunque limitado, pues únicamente contempla aspectos económicos, abre la posibilidad de que la comunidad de Aquila se sacuda del yugo y la destrucción ambiental que ha producido la empresa minera.

Las comunidades de Ostula, en la costa de Michoacán, y Zacualpan, en Colima, también se han mostrado renuentes a aceptar la aplicación del Procecom en sus tierras a pesar de la enorme presión que ejerce la Procuraduría Agraria sobre todas las comunidades del país para que certifiquen sus tierras. La primera de estas comunidades no sólo ha rechazado el Procecom, sino que además ha dado una larga batalla por la restitución de cerca de mil hectáreas que le fueron invadidas por ricos ganaderos de la región.

Aun las comunidades del municipio de Tuxpan, Jalisco, donde desde hace años medra un oscuro cacicazgo, han iniciado un lento proceso de organización tendiente a la recons-titución política y cultural de la antigua "comunidad indígena", hoy casi despedazada por las políticas agrarias y educativas de los gobiernos postrevolucionarios. Por lo menos esa es la pretensión de un grupo de familias indígenas aglutinadas en la Organización de Comunidades Indígenas y Campesinas de Tuxpan frente a los controles corporativos que impone la oficialista Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan a través de un manejo poco claro y con tintes electorales de los recursos y los programas públicos.

En los últimos días los ejidatarios de Ayotitlán, en la Sierra de Manantlán, Jalisco, la más grande comunidad nahua de la entidad, han iniciado una difícil lucha en contra del Consorcio Minero Peña Colorada, perteneciente, al igual que Las Encinas, a la transnacional Hylsamex.

Peña Colorada, enclavada dentro de los terrenos ejidales de Ayotitlán, extrae cerca del 40 por ciento de todo el hierro que se beneficia en nuestro país, y durante años ha destruido impunemente las tierras, aguas y montes de la región, enriqueciendo a unos cuantos empresarios a cambio de otorgar migajas al ejido afectado. Hace unas semanas la empresa impuso, con el apoyo de la Confederación Nacional Campesina (cnc), un comisariado del ejido de Ayotitlán que es empleado suyo. La furia de los campesinos llegó a su límite y, además de que pararon las obras de ampliación de la mina, han iniciado diversos recursos legales tendientes a la anulación de las concesiones y los permisos que el gobierno ha otorgado a Peña Colorada en violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Así las comunidades nahuas del occidente resisten la embestida neoliberal y se juntan a través del Congreso Nacional Indígena para intentar su reconstitución como pueblo nahua y unir sus voces con las de sus hermanos wixáritari para oponerse a programas y leyes tan nocivas como la iniciativa de "ley indígena" del estado de Jalisco que pretende aprobar el Congreso Legislativo local con el fin de restringir los derechos y, sobre todo, la autonomía de los pueblos originarios de la entidad.