Mientras el Ejército negó contar con esas subametralladoras, la Marina las exhibió

Adquirió México armas cuestionadas por defensores de los derechos humanos

Las piezas, capaces de disparar 900 cartuchos por minuto y atravesar todo blindaje

GUSTAVO CASTILLO Y JESUS ARANDA

Un incidente de tránsito y una demostración militar revelaron que las fuerzas armadas mexicanas adquirieron subametralletas modelo P-90, consideradas armamento muy letal. Esto, pese a la oposición manifiesta en el año 2000 de la Fundación Oscar Arias para la Paz y el Desarrollo Humano a que el gobierno mexicano comprara esas armas, fabricadas en Bélgica.

Incluso la Secretaría de la Defensa Nacional negó contar con tal armamento, en respuesta a una solicitud presentada por conducto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

En cambio, la Secretaría de Marina no sólo reconoció que cuenta con esas piezas, sino que además las exhibió durante la reciente demostración que con motivo del Día de la Armada realizaron elementos de las fuerzas especiales en el campo de adiestramiento de San Luis Carpizo, Campeche, acto al que asistió el presidente Vicente Fox.

Desde el pasado 26 de octubre La Jornada solicitó por medio del IFAI información respecto de la adquisición de armas denominadas P-90, cuántas se habían adquirido, a qué empresa, qué elementos las manejaban y en qué unidades estaban encuadrados quienes las utilizaban.

Mediante el folio 0000700074505, de fecha 14 de noviembre de 2005, la respuesta fue: "Se informa a usted que esta Secretaría de la Defensa Nacional no ha realizado adquisiciones de este tipo de armas, para las funciones que desempeña el instituto armado".

Al respecto, fuentes de la Armada dijeron desconocer la petición de la Fundación Oscar Arias para que México no adquiriera la P-90, y se limitaron a señalar que no existía ninguna prohibición expresa de realizar la compra y que tan no tiene nada que esconder la dependencia, que el arma fue exhibida públicamente en días pasados, durante la demostración de su grupo de fuerzas especiales.

¿Entonces por qué en el Ejército se oculta la compra?, se preguntó a los almirantes. "Tal parece que en el Ejército no hay una voluntad clara de transparentar sus acciones y, sobre todo, lo que corresponde a adquisición de armamento", respondieron.

Es más, los funcionarios de la Armada y fuentes del Estado Mayor Presidencial confirmaron que desde hace dos años la subametralladora es utilizada por los cuerpos de elite de las fuerzas armadas en operativos antinarcóticos.

No obstante, únicamente los oficiales que integran los grupos de fuerzas especiales tienen acceso al armamento; los soldados de baja graduación utilizan otras armas.

Respecto al Ejército, el uso de estas subametralladoras quedó en evidencia debido a un incidente de tránsito ocurrido el 27 de mayo del 2003, cuando elementos del Estado Mayor Presidencial, encargados de la seguridad de Vicente Fox, tuvieron un incidente en la intersección de la avenida Chapultepec y Bucareli con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

En esa ocasión uno de los integrantes del Estado Mayor Presidencial, el capitán segundo de artillería Luis Ricardo Castro Romero, encañonó a un motopatrullero con una de esas armas.

La subametralladora fue fabricada a petición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cuenta con mira de rayo láser, utiliza balas especiales calibre 5.7 milímetros, tiene un cargador con capacidad de 50 tiros y una cadencia de fuego de 900 cartuchos por minuto. Es capaz de atravesar más de 30 capas de Kevlar, material con el que se fabrican los chalecos antibalas, y tiene un alcance efectivo hasta de 200 metros.

La pretensión del gobierno mexicano de adquirir armas del tipo P-90 data del año 2000, cuando el gobierno de Bélgica aceptó por conducto de su canciller, Louis Michel, que las fuerzas armadas de México pretendían adquirir 500 metralletas y 500 mil cartuchos, y que supuestamente estos pertrechos serían destinados a la Procuraduría General de la República, la Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano.

Ese año la Fundación Oscar Arias para la Paz y el Desarrollo Humano, con sede en San José de Costa Rica, envió una carta al funcionario belga, fechada el 18 de mayo, en la que se oponía a la venta de esas armas a México, con el argumento de que el país "no enfrenta ninguna amenaza externa". Asimismo instaba al gobierno belga a que "en lugar de buscar provecho con la venta de armas" alentara "una solución sustentable y pacífica a la situación que vive Chiapas.

"Los niños de México requieren atención médica y educación, no superarmas capaces de penetrar cualquier blindaje."

Posteriormente el canciller Louis Michel, en declaraciones a la Radio Nacional Flamenca VRT, reconoció que las armas y los cartuchos estaban destinados a las fuerzas armadas mexicanas. Consideró que "el respeto a los derechos humanos en México ha mejorado mucho", por lo cual "no hay impedimento para proceder con la venta".

En el noticiero nocturno de Televisa, el periodista Joaquín López Dóriga dio a conocer en su momento que el gobierno de Bélgica había decidido suspender la venta de un lote de armas a México, pese a que en febrero pasado se había otorgado la licencia correspondiente.

Sin embargo, sin explicación alguna, el Ejército y la Armada compraron las subametralladoras, sin que exista un registro oficial al respecto.