Impulsarán ONG campaña de denuncia ante legisladores
Dictamen de los diputados busca aniquilar a radios comunitarias
Ante el riesgo de que se apruebe en el Senado de la República una Ley Federal de Radio y Televisión que "aniquila" a las radiodifusoras comunitarias y "pervierte" el derecho a estar informado y comunicarse, defensores de derechos humanos e integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (AMARC, por sus siglas en francés) aseguraron que mantendrán un monitoreo constante de los debates legislativos en torno al tema, con el propósito de impedir que se apruebe una reforma "de espaldas a la sociedad".
Señalaron que impulsarán acciones de protesta, en las que se contempla una campaña de denuncia ante senadores y diputados sobre los riesgos que implicaría aprobar un dictamen que lesiona los derechos de la sociedad a acceder a los medios electrónicos de comunicación.
Aleida Callejas, representante en México de la AMARC, destacó que el dictamen de la nueva ley, que se discutirá en el Senado de la República en febrero próximo, "nos condena a la muerte, porque se contempla la adjudicación de nuevas frecuencias sólo a quienes puedan pagar por ellas a través de un sistema de subastas".
Destacó que prevalece el "prejuicio y discriminación" contra las radios comunitarias, a pesar de que representamos un "ejercicio de organización ciudadana, apartidista y sin fines de lucro. Enfrentamos una batalla para sobrevivir, en la que no existe la presunción de inocencia, pues las reglas sólo se aplican para beneficiar a los permisionarios comerciales, ya que si no eres un órgano de difusión del Estado ni tampoco buscas un uso comercial de la frecuencia, eres sospechoso".
En entrevista por separado, Eréndira Cruzvillegas, secretaria ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), afirmó que para consolidar las garantías fundamentales de acceso a los medios de comunicación, derecho a la información y libertad de expresión, se debe aprobar una ley que cumpla con los requisitos de legalidad y legitimidad, avalada por todos los sectores involucrados, "tanto los permisionarios comerciales como los comunitarios y estatales".
Por ello exhortó a los poderes Legislativo y Ejecutivo a no "echar en saco roto" las mesas de negociación y debate en las que por más de tres años se construyó una propuesta consensada y en la que se exigen "reglas claras para acabar con la arbitrariedad en el otorgamiento de nuevas concesiones de radio y televisión, así como establecer con precisión la responsabilidad del Estado para garantizar a todos sus ciudadanos el derecho a estar informado, saber quién te informa y tener la posibilidad de acceder a los medios de comunicación".
Al respecto, Aleida Calleja destacó que con la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados el pasado primero de diciembre, las radios comunitarias "prácticamente desaparecemos del cuadrante, pues a diversas irregularidades se suma la obligación de iniciar la conversión tecnológica por redes digitales, lo que representa una inversión demasiado onerosa aun para los concesionarios comerciales, así como para las emisoras estatales que no cuenten con los recursos públicos para iniciar este proceso".
En nuestro caso significaría nuestra total desaparición, pues carecemos de recursos suficientes para acceder a esta tecnología, ya que nuestro objetivo es de servicio a la comunidad y los recursos que se obtienen deben ser destinados en su totalidad al fortalecimiento del proyecto radiofónico de cada una de las 12 emisoras comunitarias que hasta el momento cuentan con registro oficial en el país.