Diputados aprobaron financiar con recursos públicos a empresas privadas: expertos

Dictamen sobre fuentes renovables de energía abre puerta a inversión extranjera

Generadores de electricidad cobrarán sobreprecio de 20 centavos más por cada kilovatio-hora

ISRAEL RODRIGUEZ

Con la aprobación el miércoles pasado en la Cámara de Diputados del dictamen de la ley para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía se abrió una nueva puerta para la inversión extranjera en la generación de energía eléctrica mediante el desarrollo de energías eólica, solar, biomasa y biocombustibles, entre otras, advirtieron especialistas en materia energética.

Angelberto Martínez, especialista en temas energéticos y asesor de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, afirmó que el dictamen aprobado en la última sesión ordinaria por las fracciones de PRI y PAN, establece otorgar apoyos financieros con recursos públicos a las empresas privadas, en su mayoría trasnacionales, que desarrollen proyectos con energías renovables, desplazando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Lo cuestionable de esta decisión no es el desarrollo de la generación eléctrica a través de energías limpias y renovables, sino la inviabilidad de apoyar a un negocio privado mayoritariamente trasnacional con recursos públicos".

De acuerdo con la opinión de los especialistas, con este dictamen se permite que las empresas privadas que generen electricidad mediante energías renovables podrán cobrar un sobreprecio en la facturación del consumo de energía eléctrica. Se estima que las corporaciones privadas podrían cobrar 20 centavos más por cada kilovatio-hora generado a partir de las energías eólica, solar y biomasa, por citar algunas modalidades.

Se prevé que cada proyecto que se desarrolle a partir de energías renovables con una capacidad de 30 megavatios, suficiente para abastecer a una ciudad de tamaño medio como Guanajuato, el gobierno federal otorgará un apoyo con recursos públicos de alrededor de 25 millones de pesos anuales.

Entre las empresas trasnacionales interesadas en el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica mediante fuentes limpias y ecológicas destacan: Iberdrola, Electricidad de Francia, General Electric, Unión Fenosa, Endesa, Gamesa y Preneal, entre otras.

Francisco Carrillo Soberón, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, explicó que para el Partido de la Revolución Democrática, el mayor beneficio social por el aprovechamiento de los recursos naturales, incluidos los renovables, se obtiene cuando su explotación es llevada a cabo por el Estado, y complementada con la actividad de particulares, sobre todo en materia del auténtico autoabasto, en virtud de consideraciones de escala y especialización.

El legislador opinó que el desarrollo de las energías renovables, la diversificación y la preservación de los recursos renovables debe de ser una política de Estado con una visión estratégica de largo plazo, en la que éste desempeñe un papel protagónico.

La oposición de la fracción del PRD a este dictamen tiene un sustento jurídico puesto que la opinión del grupo legislativo perredista destaca que la figura de productor independiente de energía, que implícitamente se apuntala con el dictamen, contiene serios visos de inconstitucionalidad, los cuales han sido resaltados en análisis previos.

Recordó que la opinión en el sentido de que pudiera tratarse de una figura inconstitucional está contenida en la resolución 22/2001 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la reforma al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica decretada por el Ejecutivo federal, resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de junio de 2002; el informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del año 2002 de la Auditoría Superior de la Federación.

La figura de productor independiente de energía también fue cuestionada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en cuya opinión indica que se trata de figuras inconstitucionales, en su estudio sobre el marco constitucional de estos permisos, elaborado en noviembre de 2003.

Carrillo Soberón subrayó, por otra parte, que existen impugnaciones no desmentidas y compartidas por legisladores y especialistas de que la adquisición por la CFE de la energía eléctrica proveniente de estos permisionarios, resulta más onerosa que la de otros esquemas financieros.

"También existen evidencias de las presiones de estos permisionarios para que se despache la energía que producen a costa de incrementos en los costos de CFE y de la estabilidad del sistema eléctrico".

El legislador recordó que el antecedente del proyecto La Venta II, aprobado en la discusión del paquete económico para 2006, y para cuya realización el gobierno federal "cabildeó" uno de los más importantes "bonos verdes" que haya otorgado el Banco Mundial y que sólo beneficiará al productor privado.

Sin fijar un candado al porcentaje de participación privada en la generación adicional de energía a partir de fuentes renovables, "no nos cabe la menor duda que esto será la constante mientras no cambie la orientación política del gobierno en turno, con la consiguiente erosión de la capacidad efectiva de rectoría del Estado en este terreno estratégico".