Lo acusan en San Lázaro de proteger a tabacaleras
Exigen destituir al comisionado federal contra riesgos sanitarios
La Cámara de Diputados exigió al gobierno federal la destitución y el inicio de un proceso penal en contra de Ernesto Enríquez Rubio, comisionado federal contra riesgos sanitarios, por haber impulsado los intereses de las empresas tabacaleras.
En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de la Función Pública, Víctor Hugo Islas, acompañado de algunos integrantes de este grupo parlamentario, dijo que se ha exigido al gobierno que aclare las razones que lo llevaron a firmar convenios con empresas tabacaleras y alcoholeras al margen del Congreso y de la opinión pública.
La suscripción de esos acuerdos, explicó, entraña que las empresas tabacaleras otorguen al gobierno un peso por cada cajetilla vendida para un fondo de la Secretaría de Salud. En el caso del alcohol, los grupos de interés coludidos con funcionarios han maniobrado para eliminar la venta del compuesto con fines farmacéuticos, configurando así un monopolio.
La evidencia de las anomalías se encuentra en la negativa gubernamental a la aceptación de los convenios. Además, los casos de la entrada al país de leche contaminada, carne en mal estado, maíz transgénico y la información del mal manejo de residuos tóxicos demuestran que la comisión a cargo de Enríquez es un "elefante blanco" que no garantiza la salud de la población.
La aportación de las tabacaleras sumará 188 millones de pesos, producto de un acto de "colusión" de gobierno y empresas. A los casos de transparencia en asuntos como el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que pretenden castigarse con "sanciones que dan risa", la tapadera de corruptelas de la familia Bribiesca Sahagún, la privatización de aduanas a empresas extranjeras, se suma uno más con los convenios ocultos.
El comisionado Enríquez, abundó Islas, se ha negado a acudir a la Cámara de Diputados para rendir cuentas. "Exigimos que la Secretaría de la Función Pública investigue esas graves violaciones legales e imponga las sanciones que correspondan, porque la actuación de Enríquez denigra el servicio público", expresó.
"Pedimos la inhabilitación del funcionario -manifestó el legislador verde Manuel Velasco-. Esperamos un castigo y no la negligencia del gobierno federal en este caso".
Islas citó los otros expedientes en el que el gobierno federal no ha actuado a profundidad. Mencionó el caso del Fonden, en el cual hay presunciones de que hubo desviaciones de hasta 3 mil millones de pesos para favorecer la candidatura del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel.
Por otra parte, la perredista Angelina Díaz del Campo criticó la actitud negligente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para investigar a los verdaderos evasores.