Analizará "intencionalidad" de candidatos entrevistados

Precisiones del IFE abonan la confusión sobre la tregua

Calderón, el único "que ha sido visto", dicen consejeros

ALONSO URRUTIA

Cualquier acto de proselitismo durante el periodo previo al arranque formal de las campañas, previsto para el próximo 19 de enero, implica una violación de la ley, "eso es una realidad categórica", sostuvo Mauro Miguel Reyes Zapata, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Subrayó que el sentido de la tregua, que encuentra sustento legal en los criterios emitidos por el organismo, "es la protección de la equidad, que todos los contendientes arranquen igual, ése es el bien a tutelar".

Reyes Zapata admitió que una eventual denuncia sobre violación a la tregua podría llegar hasta el tribunal si algún partido se considera afectado. "La ley es muy clara sobre los plazos de las campañas y esto es como una carrera: lo importante es que nadie se adelante para que haya equidad", agregó.

En tanto, Virgilio Andrade y Arturo Sánchez, consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), hablaron del activismo que ha tenido el candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, y confirmaron que el organismo analiza su conducta para determinar si hubo una violación a la tregua y, en consecuencia, a disposiciones legales que son sancionables.

Cauteloso en señalar si existen indicios para iniciar formalmente una investigación, Andrade respondió: "Sólo diría que a los demás candidatos no se les ha visto".

En rueda de prensa fueron interrogados sobre las declaraciones del presidente Vicente Fox y la posibilidad de que sean proselitistas y, por tanto, violatorias. Sánchez señaló dos aspectos: el mandatario se sumó de forma voluntaria a la tregua ante un exhorto del IFE, y todos los funcionarios públicos tienen prohibido en todo momento y en todo lugar utilizar su cargo y los recursos del erario para promover a un candidato.

Ayer mismo -con días de retraso respecto al inicio formal de la tregua- el IFE envió a los partidos las precisiones sobre las limitantes a partidos y candidatos, así como las actividades que son legalmente válidas. Entre estas últimas se aprobaron las entrevistas en medios de comunicación, aunque la confusión surgió en torno a lo que es posible para los candidatos decir durante esas charlas, pues los consejeros sólo definieron que depende de la "intencionalidad del candidato para promoverse".

En el documento se define de manera expresa que los candidatos deberán abstenerse de difundir promocionales de cualquier modalidad en prensa, radio y televisión, y de realizar mítines, giras, actos o reuniones públicas de promoción del precandidato y del voto o difusión de la oferta electoral, la que se considerará equivalente a la plataforma.

"La propaganda previamente colocada puede permanecer en virtud de complejidades materiales y comerciales, pero no podrá colocarse nueva -de ahí el monitoreo de espectaculares-; los portales de Internet se consideran acervo informativo y constituyen parte de la promoción previamente abierta, pero no está permitido alimentarlos con nuevos datos.

"Las misivas, actos académicos, sociales y partidistas forman parte de la esfera privada de los candidatos y, en consecuencia, pueden llevarse a cabo cuando no exista la intención de difundirlos para efectos de campaña."

Las entrevistas estarán permitidas y otros encuentros con la prensa, porque forman parte de la libertad de expresión, pero todo pronunciamiento que implique promoción del precandidato, del voto o la plataforma electoral constituyen, por disposiciones del TEPJF, actos anticipados de campaña.

Sin embargo, la confusión se mantiene por ejemplo en relación con las entrevistas, pues ahí, dijeron los consejeros, la línea es muy tenue entre la libertad de expresión y la promoción. Ello dependerá de "la intencionalidad del candidato".

En la carta se precisan los fundamentos legales que permiten establecer esta veda de promoción electoral, reivindicándose que sólo se permitirá hablar durante el acto de registro de los candidatos, que ocurrirá entre el primero y el 15 de enero.

Sánchez señaló que el IFE "no se hará de la vista gorda" en la revisión de posibles violaciones a la tregua, pero destacó que esto es una actividad permanente del organismo en el país, pues es su responsabilidad vigilar el cumplimiento de la legislación electoral. Si del resultado de estos monitoreos resultara que hubo ilegalidades, se actuará en consecuencia.