El riesgo es que haya más violaciones y queden impunes, advierte
Regaña Azuela a Fox por tolerar desacato de AMLO
Exige al Ejecutivo y al Legislativo reformas para evitar esos casos
Ante el presidente Vicente Fox y el gabinete en pleno, Mariano Azuela Güitrón, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reprochó al Ejecutivo federal la salida política que dio al presunto desacato en que habría incurrido Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, al señalar que la decisión de no ejercer acción penal "se apartó de principios prioritarios, como cumplir sentencias y resoluciones del Poder Judicial".
La alusión directa al caso del actual candidato del PRD a la Presidencia de la República no necesitaba siquiera la mención del destinatario, ya que Azuela expresó: "Para el Poder Judicial no puede pasar inadvertido que en el presente año, con motivo de una resolución con valor de cosa juzgada de un tribunal colegiado de circuito, al haberse dado una violación a la suspensión y vista al Ministerio Público, se produjeron situaciones que se apartaron de esos principios".
Añadió: "Debe verse con inquietud el futuro, pues se corren los riesgos, en el peor de los casos, de que se multipliquen las violaciones a la suspensión, y lo más grave, que se incurra en inejecuciones de sentencias, todo ello de manera impune en detrimento del prestigio internacional de nuestro juicio de amparo".
Aunque Azuela no hizo mención a su cuestionada presencia en Los Pinos, donde le fue consultada la decisión del Ejecutivo federal de solicitar el desafuero de López Obrador, sí criticó que "el acatamiento a las resoluciones quede sólo a la buena fe y a la expedita conducta de las autoridades responsables que quieran dar testimonio de civilidad".
Tras asegurar que el Poder Judicial se mantuvo como "simple observador" respecto a las actuaciones de los poderes Legislativo (el cual desaforó a López Obrador) y Ejecutivo federal (que mediante la Procuraduría General de la República resolvió el no ejercicio de acción penal, porque el código respectivo no prevé una pena determinada), Azuela hizo un llamado a Fox; al procurador general, Daniel Cabeza de Vaca; al secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza; al presidente del Senado, Enrique Jackson Ramírez, y al de la Cámara de Diputados, Heliodoro Díaz, a tomar en cuenta que existe una jurisprudencia de la primera sala sobre violación a la suspensión que no fue atendida, para que "de manera prioritaria" se aprueben las reformas necesarias y evitar así esos problemas.
Aunque al ministro presidente de la Corte le queda por delante un año más en funciones, el de ayer fue su último informe al que asiste Fox en calidad de jefe del Poder Ejecutivo.
Mientras hablaba el ministro Azuela, el procurador Cabeza de Vaca escuchaba serio los cuestionamientos sobre la actitud de la dependencia a su cargo, aunque debe recordarse que está pendiente un recurso de revisión ante la propia PGR que interpuso el propietario del predio El Encino, quien originó el proceso contra López Obrador en el que demanda se ejerza acción penal contra el perredista por la violación a una suspensión provisional. En este asunto el Ministerio Público no ha dicho la última palabra.
Por otra parte, Azuela sostuvo que el año próximo habrá oportunidad "de vivir a plenitud" la democracia, y que en ese contexto los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantizan que "con el derecho por delante y con la buena fe de escudo" harán respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
Por otra parte, el ministro presidente arremetió contra los "ataques indiscriminados" a los juzgadores, "quienes entregan su vida en la impartición de justicia", al indicar que no es válido "ofender impunemente" a quienes resuelven los juicios.
Azuela agregó que en casos de resoluciones "de fuerte impacto social, político o económico" resulta cuestionable la crítica de quienes señalan que "alguien" intervino para inclinar la balanza en su favor. Demandó que las impugnaciones se hagan con pruebas.
En la sesión solemne ante el pleno de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Azuela reconoció que el aumento de la delincuencia federal y de casos de litigio, amén de los asuntos del fuero común que son resueltos en última instancia en el federal, se tradujeron en un rezago significativo en la solución de casos.
Justificó que el número de casos resueltos en el pleno de la Corte haya disminuido en este año -no dio cifras-, ya que el promedio nacional del total de asuntos fue de mil 721.47 en los tribunales y mil 491.59 en los juzgados federales, carga de trabajo que revela "cifras mucho más elevadas que las recomendables para alcanzar calidad y rapidez en los fallos".