Se busca que intervengan los tres órdenes de gobierno
Aprueba el Senado reformas para combatir el narcomenudeo
Con miras a actualizar el marco jurídico para combatir con mayor rigor el narcomenudeo, el Senado de la República aprobó ayer reformas legales para que este delito, actualmente sólo del fuero federal, se considere también del fuero común y puedan intervenir en su prevención los tres órdenes de gobierno.
Se reformaron y adicionaron apartados de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, para posibilitar que autoridades de seguridad pública de los estados y municipios puedan también intervenir en contra del comercio o suministro de estupefacientes y sicotrópicos, mejor conocido como narcomenudeo, cuando la actividad delictiva se realice en lugares públicos.
Se impone prisión de cuatro a ocho años y de 200 a 400 días de multa para quien comercialice o suministre narcóticos. Las penas se aumentarán al doble cuando sean cometidos por servidores públicos, a quienes además se les inhabilitará en los cargos.
Asimismo, las penas se elevarán si se vende droga a menores de edad o si ésta se expende en centros educativos, asistenciales, policiales o en sus inmediaciones.
El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Jorge Zermeño, señaló en tribuna que con estas modificaciones legislativas, autoridades y policías de todo el país ya no tendrán excusa para actuar en adelante en contra del narcomenudeo. Recalcó que se trata de una de las reformas "de gran calado para combatir ese flagelo que tanto ha dañado a nuestra sociedad".
Jorge Zermeño hizo notar que esta reforma se suma a la aprobada en agosto de 2004, por la que se tipificó el delito de narcomenudeo y se abrió la posibilidad constitucional para que los congresos locales pudieran actuar en la materia.
En el dictamen se señala que las reformas obedecen tanto a la necesidad de dotar de competencia a las autoridades locales en la prevención y combate a la posesión, comercio y suministro de estupefacientes y sicotrópicos, así como armonizar las disposiciones de la Ley General de Salud con las previstas en el Código Penal Federal.