Crece polémica en Uruguay por boicot contra La República
Demanda el Servicio de Paz y Justicia anular la ley de caducidad
Buenos Aires, 12 de diciembre. El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), al entregar su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, demandó hoy la anulación de la ley de caducidad, que dio impunidad a los responsables de violaciones a dichas garantías cometidas durante la dictadura que rigió en Uruguay entre 1973 y 1985.
La solicitud fue presentada en momentos en que continúan los estudios para determinar la identidad de los cuerpos recién encontrados, presuntamente de desaparecidos, en cuarteles militares.
La petición, presentada por el abogado del Serpaj Guillermo Payseé, se suma a otra recién introducida por la central obrera PIT-CNT, que convocó para el próximo 22 a una marcha nacional para exigir la anulación de dicha ley.
"La ley de caducidad debe ser anulada y no derogada", sostuvo Payseé al considerar que esta última fórmula "hizo confundir el terreno del Poder Judicial, porque para salvaguardar lo que en aquel momento era un desacato de militares terminó atentando contra la Constitución de la República y la división de poderes".
En 1985, al retornar la democracia, los militares amenazaron con desacato al entonces presidente Julio María Sanguinetti si eran citados ante la justicia por las violaciones a los derechos humanos.
"Los integrantes del Poder Ejecutivo no pueden caer en el error de decir que acá no se va a juzgar a militares, pues eso lo va a resolver el Poder Judicial", expresó Payseé, quien está convencido, como la mayoría de los uruguayos, que el conocimiento de la verdad, de forma tan terrible como se está viendo en tiempos recientes, hace imposible que no haya acciones jurídicas, ya que se trata de delitos que no prescriben.
El Serpaj reconoce la voluntad del gobierno del presidente Tabaré Vázquez para investigar el caso de los desaparecidos, pero también hizo críticas, pues demanda que en el tema de los derechos humanos en estos casos haya una clara participación de todos los organismos humanitarios, familiares y sociedad.
En este contexto, hay conmoción en Uruguay porque continúa sin distribuirse el diario La República, por decisión de dirigentes del Sindicato de Canillitas, a pesar de que muchos de sus afiliados no están de acuerdo con esa decisión.
Durante la reciente cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur se notó sensiblemente la ausencia de La República, porque publica información diferente a la de los medios conservadores del país. "El diario fue clausurado por el denominado Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas que preside el conocido turfman y criador de caballos Eddie Espert, quien molesto por el contenido de un comunicado a la opinión pública inserto en una edición decidió que si no se retiraba el diario no sería distribuido", escribió el director de ese rotativo, Federico Fasano Martens.
Fasano manifestó su desacuerdo con la decisión sindical de impedir que el diario rebajara su precio de 35 a 15 pesos uruguayos (el dólar está a poco más de 23 pesos uruguayos) para de esa manera poner al alcance de mayor cantidad de personas el periódico. Hoy muchos uruguayos llegaron a las puertas del rotativo para buscar un ejemplar y con ello oponerse a la disposición de la dirigencia sindical.