Editorial
El estancamiento de México en derechos humanos
A pesar de las optimistas afirmaciones de las autoridades federales, en el sentido de que se han logrado avances sustanciales en el combate a las violaciones a los derechos humanos, como la tortura, los atentados contra la dignidad humana siguen siendo prácticas comunes en el país. En estos días que se cumple el 57 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática Leticia Burgos Ochoa denunció que "hay un saldo negativo, y por tanto no hay mucho qué celebrar", acusación formulada también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Amerigo Incalcaterra, representante en México de la ONU sobre esta materia, dijo que la tortura sigue vigente en nuestro país: prueba de ello sería el video recientemente divulgado que muestra a sicarios del narcotráfico con signos de tortura infligida por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Si se comprueba la autenticidad de dicha grabación, quedaría demostrado que la sistemática violación a los derechos humanos continúa siendo una herramienta empleada por las corporaciones policiacas en sus actividades regulares, cuando esas instituciones deberían ser las encargadas de salvaguardar la integridad de todas las personas, incluidos los presuntos criminales. El titular de la CNDH, José Luis Soberanes, señaló que el video constituye "un mensaje desalentador, porque lo que nos habían dicho que iba a ser la AFI frente a la antigua Policía Judicial de antes, al parecer no hay mucha diferencia, siguen siendo los mismos y con las mismas mañas".
Pero la tortura no es la única forma de violación de los derechos humanos que ocurre en el país. Como subrayó Burgos Ochoa, la violencia de género, contra los menores de edad y los migrantes, la impunidad de los responsables de pisotear las garantías individuales, la persistencia de la pobreza y marginación de los grupos más vulnerables como los indígenas, y las carencias en materia de vivienda, alimentación y educación, también atentan contra la dignidad humana.
Este cuadro de injusticia y abusos sistemáticos deriva de una legislación atrasada e inadecuada y de una falta de voluntad política para mejorar y respetar las normas sobre este tema. Si bien México ha suscrito convenios y tratados internacionales para proscribir la tortura y otras prácticas lesivas, como el Protocolo Facultativo Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la realidad las autoridades han hecho muy poco para adecuar el marco jurídico nacional con las obligaciones que conllevan esos pactos. El caso de los crímenes perpetrados durante la guerra sucia en México es ilustrativo: hasta el momento, nadie ha sido castigado y las atrocidades cometidas, sobre todo en las décadas de los 60 y 70, permanecen impunes. No resolver esos crímenes "significa que fueron y son parte inherente de los gobiernos las más brutales formas de represión, junto a la mentira, la simulación, la inmoralidad y la corrupción", puntualizó Rosario Ibarra, dirigente del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, Eureka.
Peor aún, los defensores de los derechos humanos suelen ser un blanco constante de ataques de toda clase por realizar su labor. Un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otras organizaciones no gubernamentales indica que en lo que va del año se han registrado 62 agresiones contra estas personas en Oaxaca, Chiapas, Distrito Federal y Guerrero, principalmente.
Por estas razones, resulta incongruente que el presidente Vicente Fox hable de que no hay nada que ocultar sobre violaciones a los derechos humanos cuando los hechos de todos los días lo contradicen. Y es que el meollo del asunto es la carencia de una visión de Estado para abordar esta situación, la cual no se resolverá con discursos, medidas parciales como la abolición de la pena de muerte y convenios de coordinación a escala nacional como el publicado ayer viernes por la Secretaría de Gobernación si éstos se quedan como una simple declaración de buenas intenciones.