Editorial
Otra vez el golpismo financiero
Cuando parecía descartada la intentona de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional para confiscar las facultades del próximo Ejecutivo federal en materia financiera por medio de una reforma constitucional que privaría al gobierno del control de los principales organismos de ese ámbito, ayer se reactivó nuevamente la determinación de aprobar la descentralización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de legislar para que el actual presidente, Vicente Fox, deje nombrados a los directivos de esa dependencia, los cuales quedarían amarrados a sus cargos de aquí a que termine el próximo sexenio.
Es necesario insistir en que el cambio constitucional que se pretende no obedece a ningún afán constructivo de reforma del Estado ni a un saludable propósito de dar estabilidad económica al país. Se busca, en cambio, impedir cualquier posibilidad de que el gobierno que inicie el año entrante modifique la política económica neoliberal vigente en el país desde el sexenio de Carlos Salinas. Y se deja traslucir nuevamente, con ello, el temor de los grupos de presión político-empresariales ante una eventual victoria del aspirante presidencial de la alianza Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones de 2006.
Ha de considerarse que la recaudación fiscal es parte fundamental de la administración pública y del gobierno federal, y que si éste se ve incapacitado para dirigirla, no tendrá manera de establecer una política económica coherente. Más aún, sin el organismo recaudador bajo su control, el Ejecutivo federal quedaría imposibilitado de administrar y fiscalizar la porción principal de los dineros públicos. Por ello, la modificación constitucional que pretende efectuar la alianza PRI-PAN establecería una circunstancia obligadamente desastrosa de un gobierno sin poder, de una autoridad política sin facultades económicas.
Resulta grotesco, por lo demás, que la actual administración haya sido incapaz de operar las reformas que pretendía y que ahora, a menos de un año de su salida de Los Pinos, pretenda ejercer, vía el nombramiento de los principales funcionarios del SAT, el control transexenal, pospresidencial y póstumo, de la política económica. Tal maniobra sería inadmisible incluso si la orientación financiera del presente gobierno hubiera dejado algo positivo y benéfico para el conjunto de la sociedad; pero lo es doblemente, habida cuenta de los saldos exasperantes de la economía foxista: estancamiento, peligrosa dependencia de los ingresos petroleros y las remesas de los migrantes, concentración de la riqueza y crecimiento de las desigualdades sociales.
Debe reiterarse también que la reforma constitucional pretendida significaría, de concretarse, un agravio al espíritu democrático y una burla a los electores, quienes se verían, de antemano, privados de su derecho a votar por un cambio de rumbo en la política económica del saqueo nacional y la depredación, formalmente establecida a partir de 1988 por Salinas, continuada por Ernesto Zedillo e incondicionalmente adoptada, junto con varios de los principales operadores de los dos sexenios pasados (Guillermo Ortiz, Francisco Gil Díaz y Santiago Levy, entre otros), por el propio Fox.
En julio de 2006 la ciudadanía debe tener la capacidad de conformar una representación popular sin ataduras con el pasado, dotada de poder real y capacitada para realizar su propuesta de nación y su programa político y económico. Si los legisladores tricolores y blanquiazules lo impiden con la pretendida reforma, estarán efectuando una suerte de golpe de Estado anticipado, una traición mayúscula a sus representados y al sentido democrático de su propia investidura. Cabe esperar que recapaciten y se abstengan de cometer semejante atropello. El presidente Fox, por su parte, debiera recordar sus propios propósitos democráticos y comprender que la alternancia en el poder conlleva la capacidad de su sucesor, sea quien sea, de gobernar sin ataduras y deslindarse en todos los ámbitos gubernamentales, incluido el de la política económica, del sexenio que está por terminar.