Prohíbe la participación de funcionarios y familiares
El Senado pone candados a la adquisición en remates
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Los senadores Erik Rubio, Manuel Bartlett, Dulce Mar�Sauri y Genaro Borrego, en la sesi�e ayer en el Senado FOTO Jos�arlo Gonz�z
Foto: Jos�arlo Gonz�z
Con clara dedicatoria a los hijos de Marta Sahagún, el Senado aprobó ayer reformas a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Las reformas prohíben a los servidores públicos que ocupen uno de los cuatro cargos de más alto nivel en la Presidencia de la República, las secretarías de Estado, los órganos u organismos autónomos, descentralizados y paraestatales, así como a sus cónyuges y parientes, participar en la compra o adquisición de bienes inmuebles en poder del IPAB.
La prohibición abarca a los parientes por consanguinidad o afinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, en las licitaciones, subastas o remates que organiza el Servicio de Administración y Enajenación (SAE).
Asimismo, las modificaciones otorgan el derecho de preferencia a quienes perdieron su casa habitación o su empresa durante la crisis bancaria de 1995, con el fin de que puedan recuperar su patrimonio.
Para ello se adiciona un artículo décimo transitorio a esa Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en el que se precisa que quienes perdieron su casa habitación o créditos inmobiliarios y éstos fueron transferidos por el IPAB al SAE, tendrán derecho a una asignación directa de los mismos antes del inicio de cualquier procedimiento de enajenación o, dentro de éste, antes de la adjudicación.
Con el fin de evitar los actos de especulación inmobiliaria se estipula una limitante, en el sentido de que aquellas personas morales que adquieran la habitación en esos términos preferentes no podrán transmitir la propiedad por compraventa en un plazo de cinco años después de su adjudicación.
En el dictamen se resalta que con esas reformas "se logrará acabar con situaciones que afecten gravemente a un gran número de personas por la pérdida de su patrimonio y, además, mayor equidad y trato más justo para todo aquel que tenga intención de adquirir bienes administrados por el SAE, entre ellos los créditos no pagados de casas habitación o empresas que fueron trasladadas al IPAB y derivaron en la pérdida de la propiedad sobre el inmueble''.