En la plataforma común, nada sobre el conflicto en Chiapas
La plataforma electoral de la alianza PRI-PVEM que se registrará en enero ante el Instituto Federal Electoral (IFE) contempla acotar el fuero de los legisladores y prevenir conflictos de interés derivados de acciones privadas; reducir el aparato gubernamental y los altos salarios de sus funcionarios; propone crear la secretaría del agua, al considerar este recurso natural como asunto delicado, y alentará la reducción del impuesto sobre la renta (ISR) a las empresas, entre otros.
El documento de 97 páginas -en el que no se establece plan alguno en torno al conflicto en Chiapas-- se divide en dos capítulos: El país que queremos, que contiene propuestas para garantizar una nación productiva, competitiva, justa y con responsabilidad ambiental, y La sociedad que deseamos, donde se abordan aspectos de política social, vivienda, desarrollo urbano, salud, política indígena, educación y cultura.
Como prioridad, considera acciones "firmes" para combatir y erradicar la delincuencia organizada y el narcotráfico, a partir de reformas -como la aplicación de penas más severas a quienes induzcan a menores de edad a la comisión de delitos, posesión de armas y tráfico de drogas- con la participación de los tres niveles de gobierno.
Un sistema de justicia para adolescentes, sustentado en la prevención y su pronta reinserción a la sociedad, así como homologar los códigos penales de todo el país y hacer que el presupuesto a la seguridad sea irreducible y ascendente.
Proponen "una política económica que mantenga los equilibrios macroeconómicos y que tenga como propósito la generación de empleo y la promoción del desarrollo, que tenga como pilares la reforma federalista de la hacienda pública, la ampliación del sistema financiero mexicano y la solución al problema del sistema de pensiones".
Además de descentralizar los programas sociales, simplificar el sistema tributario, reducir y uniformar tasas para combatir la evasión fiscal y seguir reduciendo la tasa del ISR a las empresas para mejorar su competitividad.
Establece sanciones por incumplimientos o violaciones presupuestales y crea una unidad responsable del análisis del patrimonio del Estado, con la finalidad de evitar los subejercicios presupuestales, y sanciones para quienes no ejerzan los recursos.
Plantea reducir el excesivo gasto corriente, compactando estructuras gubernamentales y la proliferación de mandos superiores ocurrida durante la administración foxista, fusionando programas y dependencias.
Promoverá un acuerdo nacional para el empleo, que involucre a todos los sectores productivos y a los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales, así como una reforma laboral que no afecte los derechos de los trabajadores y que no atente contra la autonomía sindical o la planta productiva.
En materia hacendaria, plantean como principios fundamentales la rendición de cuentas de todos los gastos; la racionalidad y austeridad para evitar el despilfarro, el dispendio o la corrupción, así como crear un programa regional de reconstrucción y desarrollo del sur-sureste del país, con proyectos de inversión, especialmente ante los fenómenos naturales que ocurren en la zona.
En cuanto al desarrollo energético, la Plataforma Electoral 2006 contempla una política integral con visión de largo plazo, en la que el Estado mexicano mantenga la propiedad y el control de los hidrocarburos, pero en la energía eléctrica se buscará la modernización y ampliación para generarla.
Ciro Pérez Silva