Impera contubernio, bajo el pretexto de separar la economía de la política, asegura
Avala Fox ardid para restar poder al próximo presidente: Camacho
Plantea que el nuevo Ejecutivo proponga al Senado los nombramientos en SAT, CNBV y Consar
Ampliar la imagen Simpatizantes panistas se dirigen al Palacio de los Deportes, donde ayer rindi�otesta como candidato del PAN FOTO Mar�Luisa Severiano Foto: Mar�Luisa Severiano
De concretarse la modificación a los artículos 25 y 31 de la Constitución, elaborada por el PRI en la Cámara de Diputados, el futuro presidente de la República verá mermado su poder y se dará cobijo a la impunidad, advierte Manuel Camacho Solís, legislador del PRD y colaborador del precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
"Este es el asunto más importante del sexenio", refiere, y establece que bajo el pretexto de separar la economía de la política, impera a todas luces un contubernio avalado por Vicente Fox Quesada.
Tanto Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señala Camacho Solís, ya operan con un alto grado de autonomía.
"Tan es así que ese ha sido el pretexto para que muchas decisiones no se tomen como cuando se quisieron abrir las cuentas de Amigos de Fox, ya que la CNBV dijo que no lo podía hacer, y siempre se arguye que esas son sus obligaciones legales y que existe una autonomía de las mismas.
"El problema no es la autonomía, el problema es que esta decisión es parte de un proyecto de reformas del Estado donde se tendría que tomar en cuenta el nuevo equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque ponerle más parches a esa relación, sin haber definido la naturaleza del régimen, lo único que va hacer es entorpecer el funcionamiento del sistema presidencial", señala.
El diputado refiere que el dictamen se forzó porque se presentó de último momento y sin haberse consultado entre las fuerzas políticas en San Lázaro. Como lo refirió este diario, el proceso de revisión y debate en las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación se redujo al acuerdo fast track entre el PRI, partido que lo promovió, el PAN y el PVEM.
"Lo verdaderamente grave es que se quiera nombrar ahora a los funcionarios, porque se hace como un acto de complicidad para que el nuevo gobierno no pueda tener información de nada, y desde luego ni la sociedad; esas áreas sean vedadas al escrutinio público. Es un pacto entre el PRI, el PAN y el Partido Verde para quedarse con las áreas centrales del Estado. A esto hay que agregarle también lo que tiene que ver con el órgano regulador de las telecomunicaciones y la independencia del Ministerio Público. Entonces, ¡el próximo presidente ya no tendrá ningún poder!, y sobre todo la sociedad no tendrá ningún mecanismo para enterarse de las cosas y quedará todo blindado, pero para proteger la impunidad".
El contenido del documento es calificado por el legislador como "delicado y muy grave", porque al ser conveniente la autonomía del Ministerio Público Federal y de los organismos de regulación financiera, impositiva, aduanera, el nombramiento de los funcionarios titulares les hace perder sentido.
"Es necesario incluir en el dictamen un transitorio que diga: 'será el próximo presidente de la República quien le proponga al Senado los nombramientos'; sería una cosa totalmente distinta, pero si esto se va a decidir en un acuerdo cupular, entonces es quedarse con el poder y encadenar desde ahora al próximo presidente, y es la confesión de que Andrés Manuel López Obrador va a ganar, y se sienten derrotados".
-¿Qué interés mueve a esos partidos por colocar esos candados al futuro presidente?
-Yo suponía que esto no era un régimen autoritario, y mucho menos una dictadura que quiere proteger la impunidad que hubo en un régimen pasado; no es correcto, y si se va a aprobar esa reforma, que se apruebe con el transitorio para que sea el próximo presidente el que haga las propuestas, y sea la nueva mayoría, la que definan los ciudadanos como sus representantes en el Senado, la que apruebe estos nombramientos.
-¿Es un pacto para salvaguardar el sistema económico y garantizar la impunidad?
-Es el reparto de los puestos públicos, se van a dividir los principales cargos, además con los sueldos que quieran para ellos, sobre una base que no es otra que una complicidad.
-Una modificación constitucional de esta naturaleza también conlleva un riesgo social -se le sugirió.
-Yo creo que están haciéndolo con el argumento de que con esto protegen el sistema financiero, como ocurrió con el desafuero, intentar con vías tramposas frenar la capacidad que tienen los ciudadanos para escoger a su nuevo gobernante; eso lo único que hace es meter ruido a la vida política del país; va a meter un ingrediente de confrontación en las campañas y coloca a los ciudadanos en una situación de debilidad absoluta. Entonces su decisión que era sobre el cien por ciento del Poder Ejecutivo, lo reducen a que la gente decida sólo sobre 40 por ciento.
-Parecería exagerado -se le replicó.
-Tan sólo quítale toda la regulación financiera, aduanera, el Ministerio Público y las comunicaciones, pues así este Estado ya no tiene ninguna capacidad de darle rumbo al país. Yo no estoy en favor de que el gobierno tenga instrumentos para ir contra la sociedad. Yo creo que es necesario reformar el Ministerio Público y darle autonomía, pero una cosa es la autonomía real y otra es utilizar el pretexto de la autonomía para evitar que haya transparencia y encubrir cosas que no se quiere que se sepan y para evitar que los ciudadanos puedan decidir sobre el futuro del país.
"Es una estrategia de fin de régimen donde se da una alianza de intereses que está por encima de la voluntad del pueblo", concluye.