Sólo será una recriminación moral, acepta el canciller
A tribunales, construcción de muros en la frontera: Derbez
México no tiene alternativa legal ante los planes de EU, dice
Ante la pretensión del gobierno de Estados Unidos de ampliar el muro en la franja fronteriza con México, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, reconoció que legalmente el país "no tiene ninguna alternativa" que impida que se levante dicha barrera. No obstante, adelantó que el gobierno mexicano recurrirá a tribunales internacionales para dejar en claro que ésta no es una acción que resuelva el fenómeno migratorio.
"Se lo garantizo a usted y al gobierno de Estados Unidos; (este muro) tampoco va a detener el paso de los migrantes, lo único que va a ocurrir es que ahora tendrán que escalar muros o pasar por debajo de ellos", dijo el canciller, quien consideró una "verdadera pena" que muchas personas y países aún no entiendan que la solución es un acuerdo migratorio.
En conferencia de prensa, en la que habló de diversos temas relacionados con la dependencia a su cargo, comentó que, a la fecha, 63 mexicanos han sido pedidos en extradición por diferentes naciones al ha delitos; se dijo satisfecho por la "aprobación" que recibe la administración foxista en el quinto año de gobierno; se mostró optimista de que la crisis diplomática con Venezuela será superada iniciado 2006; informó que de los 46 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, a 35 ya se les revisa nuevamente su caso, resultado del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y rechazó que el video difundido por el diario The Dallas Morning News, sobre el presunto ajusticiamiento de narcotraficantes, dañe la imagen de México en el plano internacional.
A pregunta expresa, Derbez aceptó que la acción de recurrir a instancias internacionales es sobre todo una "recriminación moral" contra Estados Unidos, que tendrá como uno de los objetivos insistir en que esa no es la solución al fenómeno de la migración. La acción del gobierno estadunidense no es nueva, pues ya existen barreras, como las tres rejas construidas en algunas partes de la frontera con México, que no han evitado el paso de indocumentados a su territorio.
Insistió en que la denuncia del gobierno mexicano será emprendida sin importar que provoque fricción con el país vecino, ya que Estados Unidos planea instalar mallas en la frontera común y completar un muro de 12 kilómetros cerca de San Diego, como parte del plan para contener a posibles terroristas, pero que involucra a miles de mexicanos y ciudadanos de otros países de América Latina que ingresan sin documentos a su territorio diariamente.
Hace algunos días, en una visita a la zona limítrofe con Texas, el presidente George W. Bush prometió endurecer la frontera con más efectivos y nueva tecnología, que incluirá aparatos de vigilancia aérea. Propuso también regresar a los indocumentados a sus ciudades de origen en México y agregar capacidad a las instalaciones donde permanecen detenidos.
Respecto a las solicitudes de extradición de delincuentes, muchos por delitos contra la salud, el responsable de la diplomacia mexicana confirmó que 63 mexicanos han sido pedidos por varios países, como Estados Unidos, Australia, Panamá, Hungría, Guatemala, Perú e Italia.
Acompañado por el asesor jurídico de la dependencia, Arturo Dager, Derbez Bautista precisó que de ese total, 28 están acusados de delitos contra la salud. En este tema, aclaró que el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sentó jurisprudencia sobre la legalidad de penas acumulativas, no se aplicará en todos los casos.
Tanto el canciller como Dager explicaron que la resolución de la SCJN sólo tendrá validez cuando los juicios de extradición hayan comenzado después de su emisión, pues el fallo no tiene retroactividad en su aplicación. Es decir, si un juicio ya está en marcha no se puede aplicar la nueva disposición, pero si se trata de un criminal aprehendido en el pasado que aún no esté sujeto a proceso de extradición, sí podrá ser enviado a otro país. Antes del fallo de la Corte se consideraba inconstitucional que un delincuente tuviera penas acumulativas y, por tanto, no procedía la extradición en los casos que ameritaban cadena perpetua en la nación solicitante.