Pide debatir sobre el costo de hacer política en México
Justifica Ugalde el tope de campaña que fijó el IFE
Reducir el monto sin una reforma electoral provocaría posibles violaciones a la legislación en la materia, sostiene
Al justificar el tope de campaña para la elección presidencial aprobado por el Instituto Federal Electoral (IFE), el presidente del organismo, Luis Carlos Ugalde, sostuvo que el debate no radica en los 651.4 millones aprobados para ese propósito, sino en discutir el costo creciente que tiene hacer política en México, derivado del largo periodo para hacer proselitismo y el acceso a los medios de comunicación. Reducir el tope sin una reforma que abata el costo de la política provocaría posibles violaciones al nuevo monto aprobado y, por tanto, a la ley.
En el contexto del seminario El proceso electoral 2005-2006, Ugalde destacó que en México la legislación ha cumplido un ciclo, pues las reformas de 1996 fueron diseñadas para lograr más competitividad de los partidos políticos y ofrecer mayores garantías en la organización electoral. Sin embargo, no prevé los actuales desafíos relacionados con el financiamiento, ni la rápida evolución que ha tenido este capítulo en la política electoral.
Por otro lado, un análisis comparativo del IFE refiere que el tope de gastos de campaña aprobado para los comicios presidenciales de 2006 equivale a que los partidos políticos o coaliciones puedan gastar hasta 9.50 pesos por cada uno de los más de 69 millones de electores que se espera participen en julio próximo. Este gasto máximo por elector, que prevalecerá en la elección del jefe del Ejecutivo federal, está por debajo del costo por votante que tienen algunas entidades en sus elecciones para gobernador.
De acuerdo con el análisis, Aguascalientes es la entidad donde más se permite gastar por ciudadano: con un tope de campaña para la gubernatura de 26.7 millones de pesos en los comicios del año pasado, permitió a los partidos políticos gastar hasta 42.8 pesos por cada uno de los 677 mil 129 electores, es decir, más de cuatro veces lo que se permitirá en la elección presidencial.
A su vez, la elección de gobernador del estado de México también posibilitó un gasto mayor de los partidos por elector, pues los 216.8 millones de pesos que pueden erogar por candidato como máximo, equivale a un tope por cada uno de los 8.7 millones de ciudadanos de 24.44 pesos.
Nuevo León es la tercera entidad que permite involucrar mayores recursos por elector en las campañas de gobernador, con respecto de la federal: 13.72 pesos por cada uno de los 2.8 millones de votantes.
Sin embargo, hay entidades donde los topes de campaña reducen a la mitad el gasto por elector, en relación con el que se ejercerá en los comicios presidenciales de 2006. Son los casos de Jalisco y Guerrero, cuyos topes de campaña son de 18.4 y 9.7 millones de pesos, respectivamente.
Con estas cantidades se reduce sustancialmente el costo por elector, en función del número de votantes que tiene cada una de las entidades.
En el caso de Jalisco, con un listado nominal de 4.5 millones de personas, el tope máximo de gasto de los partidos por votante se reduce a 4.7 pesos, esto es, poco menos de la mitad de lo que podrá erogarse a escala federal. Por lo que hace a Guerrero, con un listado nominal de 2.07 millones de electores, el tope por votante se ubica en 4.78 pesos.
Otras entidades con gastos por elector por debajo del federal son: Coahuila, con 5.26 pesos; Distrito Federal, con 5.87 pesos, e Hidalgo, con 8.88 pesos.
Por la tarde, el consejero electoral Marco Antonio Gómez Alcántar manifestó su postura sobre los elevados topes de campaña. Subrayó que fijar el monto no depende del IFE, pues éste solamente se aboca a aplicar una fórmula que establece la legislación electoral que, en todo caso, es la que debería cambiarse para reducir ese monto.
Sin embargo, a pregunta expresa sobre las posibilidades de que ingrese dinero ilícito en las campañas, sostuvo que el elevado financiamiento público que se otorga a los partidos permite establecer, "de alguna forma, una especie de blindaje al sistema electoral" para impedir que pueda llegar dinero sucio a las finanzas de los institutos políticos.