Por errores de ministros el jurista podría reasumir pronto el cargo pese a ser culpable
Magistrado acusado de acoso sexual exige el pago de $4 millones por salarios caídos
No conforme con la resolución de la Suprema Corte que consideró que el "acoso sexual" no es una falta suficiente para destituirlo de su cargo, Héctor Gálvez Tánchez -magistrado de circuito- interpuso un recurso de reclamación ante el máximo tribunal en el que demanda el pago de los salarios caídos, a partir de su destitución en marzo de 2003 hasta la fecha, que ascendería a más de 4 millones de pesos.
Asimismo solicitó que el tiempo que lleva separado del cargo sea tomado en cuenta como parte de la suspensión administrativa ordenada en su contra, a efecto de que lo reasuma lo antes posible.
El 18 de agosto pasado, en una votación dividida, la Corte resolvió en sesión privada anular la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del 20 de marzo de 2003, mediante la cual fue destituido de su cargo de magistrado federal Gálvez Tánchez, al ser encontrado culpable de "acoso sexual" en contra de tres oficiales judiciales que eran sus subordinadas en el segundo tribunal colegiado del octavo circuito
Los ministros reconocieron que quedó acreditado que el funcionario judicial incurrió en conductas tales como: "insinuaciones sexuales indeseables"; "requerimientos con matices sexuales", como solicitar a una de ellas que vistiera minifaldas porque "así le gustaba verla", o invitarlas a salir bajo amenaza de que de no aceptar las despediría, así como "conductas de naturaleza sexual", como abrazarlas y besarlas sin su consentimiento.
Sin embargo, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala que el "acoso sexual" no es un delito, sino una falta administrativa, por lo que cinco ministros resolvieron dejar sin efecto la destitución ordenada por el CJF, con la encomienda de elaborar un nuevo dictamen que tomara en cuenta lo anterior y le aplicara una sanción administrativa y permitiera la incorporación a su cargo.
De esta forma, los ministros -a excepción de José Ramón Cossío, Juan N. Silva Meza y Genaro Góngora Pimentel- dejaron sin efecto el resolutivo de los consejeros federales que había establecido que: "las faltas en que incurrió el servidor público denunciado son de gran gravedad y trascendencia que perjudica no sólo la imagen del Poder Judicial de la Federación, sino además deteriora la función jurisdiccional". Además de que había faltado "al profesionalismo y a la excelencia propios de su actuación, al no cumplir de manera ejemplar sus deberes, y por actuar de manera irrespetuosa, indecorosa, falta de sencillez y honestidad".
Una vez que el Consejo precisó la sanción en su contra -separación del cargo por un año sin goce de sueldo-, Gálvez Tánchez se inconformó y presentó un recurso inédito hasta la fecha: un recurso de reclamación relacionado con una decisión adoptada por la propia Corte -cuando se supone que sus decisiones son inapelables-, en el que demandó lo siguiente:
Como la Corte invalidó la decisión sobre su destitución, la sanción en su contra quedó sin efecto y, por tanto, está en su derecho de demandar que se le paguen los "salarios caídos" que dejó de percibir desde marzo de 2003.
Además exige que, como ya lleva más de dos años y medio separado del cargo, se le tome en cuenta este tiempo fuera de su encargo y sea reinstalado de inmediato.
Lo insólito de este asunto es que la Corte ya dio entrada al recurso de reclamación, ya que, según funcionarios consultados, las lagunas legales existentes y diversos errores cometidos por los ministros de la mayoría al elaborar el dictamen correspondiente -como fue la decisión de anular la destitución de Gálvez y ordenar al Consejo que emitiera nueva sentencia- abrieron un rendija legal para que el funcionario judicial trate de sacar provecho de la situación.