Adelanta el instituto que elabora un reglamento para reclusorios femeniles
Con anomalías, 70% de los procesos de las más de 11 mil presas: Inmujeres
El 70 por ciento de los procesos judiciales en contra de las poco más de 11 mil mujeres que se encuentran recluidas en todo el país presentan algún tipo de irregularidad, reveló la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Patricia Espinosa Torres.
Señaló que la mayoría de esas anomalías, cometidas durante el desarrollo de los procesos, han incidido de manera determinante para que algunas presuntas responsables permanezcan recluidas e incluso otras hayan sido declaradas culpables. En muchos casos, añadió, las penas impuestas a éstas han sido mayores a las establecidas a los hombres por delitos similares.
Entrevistada luego de participar en el Foro de Análisis sobre la Aplicación y Seguimiento de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, expresó que entre las anomalías destaca, por ejemplo, no haber considerado en los procesos el desconocimiento de la ley, presiones de sus parejas para cometer el delito y la ignorancia en general. Además algunas, a pesar de ser analfabetas, fueron obligadas por las autoridades a firmar sus sentencias.
Asimismo señaló que 65 por ciento de mujeres presas están acusadas de delitos contra la salud, a pesar de que muchas fueron utilizadas, presionadas o abiertamente amenazadas para cometer el ilícito, por lo que es necesario que esos casos sean revisados.
Espinosa Torres destacó que a pesar de que hay 11 mil presas, la cifra representa sólo 6 por ciento de la población penitenciaria del país. Carecen de las condiciones necesarias para su readaptación, debido a que la mayoría de los centros de reclusión en que se encuentran son mixtos.
La funcionaria adelantó que el Inmujeres y otras dependencias del gobierno federal, así como organizaciones de la sociedad civil, trabajan en la elaboración de un reglamento para los penales femeniles, que en primera instancia se aplicaría en cárceles federales y posteriormente, mediante cabildeos con los gobiernos estatales, tendría vigencia en todo el país. Podría quedar listo en el primer semestre del próximo año, con lo cual sería posible una mejor readaptación de las reclusas, en virtud de que muchas cohabitan con sus hijos en las cárceles.
En el acto, realizado en la sede de la cancillería, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo, manifestó que aun cuando el país cuenta con nuevos y mejores recursos legales e instituciones para luchar contra la discriminación, todavía falta un largo camino por recorrer y sortear muchos obstáculos para que México deje de ser "altamente discriminador y excluyente".
Por su parte, el director general para temas globales de la cancillería, Ernesto Céspedes Oropeza, recordó que la Conferencia de Durban contra el racismo y la discriminación, en 2001, surgió bajo el estigma de la tensión generada en torno de la situación en Medio Oriente y la reparación de los daños a las víctimas del colonialismo en Africa y Asia, temas que son particularmente sensibles.
Su viabilidad internacional, añadió, se vio amenazada desde el principio por el retiro de las delegaciones de Estados Unidos e Israel, y sus trabajos concluyeron tres días antes del parteaguas histórico que marcaron los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Sin embargo, abundó, la Conferencia de Durban representa un significativo avance, ya que después de un intenso y difícil proceso de negociación se adoptaron por consenso una declaración política y un programa de acción que contienen disposiciones prácticas para erradicar el racismo, incluidas medidas de prevención, educación y protección, a llevarse a cabo a escala nacional, regional e internacional, tomando en consideración los instrumentos de defensa de los derechos humanos.