Sólo en una reunión sobre el desarrollo en 2002 gastó $78 millones, según el IFAI
La SRE deberá rendir cuentas sobre fondos aportados para realizar cumbres
Entre 2003 y 2005 el gobierno foxista aportó unos $659 millones
En esta semana la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tendrá que acatar una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) en la que le ordena rendir cuentas de los recursos aportados por el gobierno federal al fideicomiso público creado ex profeso, en 2002, para financiar la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU, realizada en Monterrey, Nuevo León.
Datos obtenidos por medio del IFAI revelan que sólo la SRE aportó a ese fideicomiso 78 millones de pesos, además de que el gobierno federal ha aportado 659 millones de pesos en otras cuatro cumbres y conferencias.
Del fideicomiso para la Cumbre de Monterrey, la SRE ha negado información de las aportaciones que hicieron las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE), pese a que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la cancillería administraron los recursos de esa figura de carácter público "no paraestatal", "extinguida" en junio de 2004, según información de la propia SRE.
También el gobierno federal dispuso de recursos públicos para solventar gastos de traslado, hospedaje, seguridad, logística, oficinas de prensa y otros para diplomáticos y funcionarios extranjeros, y de organismos internacionales que acudieron a cumbres y conferencias internacionales efectuadas en México entre 2003 y 2005.
En ese periodo, el gobierno foxista aportó unos 659 millones de pesos únicamente para las Conferencias sobre Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA) y para la firma de la Convención de la ONU contra la Corrupción, así como para la reunión extraordinaria de las Américas y la tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión Europea.
Otros implicados
Sobre ese monto, la SRE refirió que la "administración" de los recursos estuvo a cargo "de la OEA, en coordinación con Nacional Financiera y con la supervisión de la empresa Pricewaterhouse Coopers".
Sobre cómo se gastaron, indicó que "se encuentra en espera del informe final que la OEA rendirá sobre la aplicación de los recursos mencionados, debido a que actualmente se encuentra en un proceso de revisión de cuentas con los gobiernos de los estados que colaboraron en la organización de estos actos, y en la revisión de las obligaciones de pago y pasivos contraídos con los proveedores".
Otros gastos en "pasaje aéreo y viáticos", financiados por el gobierno mexicano a representantes de América Latina y el Caribe participantes en la Conferencia Política de Alto Nivel para la Firma de la Convención de la ONU contra la Corrupción, efectuada en diciembre de 2003, ascienden a 12 mil 542 dólares, que, de acuerdo con el tipo de cambio interbancario del Banco de México de esa fecha, significaron una erogación de 140 mil 344.98 pesos.
Cabe destacar que en menos de un mes la SRE ha sido apercibida por el IFAI para que rinda cuentas de otros fideicomisos. Recientemente La Jornada informó de otra resolución del IFAI en que le ordena informar del destino de 200 millones de pesos entregados al fideicomiso AICHI, creado con recursos públicos, pero de "naturaleza privada", para financiar la participación de empresarios y entidades públicas en la Exposición Internacional AICHI 2005, efectuada en Japón.
En el caso de la Cumbre de Monterrey, según se desprende del expediente 1660/05 del IFAI, la SRE, SHCP y SE dispusieron de recursos del erario para cubrir el costo del acto y los gastos derivados del alojamiento y estancia de los diplomáticos y funcionarios extranjeros asistentes a esa cumbre, célebre porque el presidente Vicente Fox presionó al mandatario de Cuba, Fidel Castro, para que abandonara el encuentro.
Esta vez el fideicomiso se creó bajo la figura jurídica de "público, no paraestatal", y sus recursos se usaron para cubrir el traslado de los funcionarios de la ONU de Nueva York a Nuevo León, así como de empresarios e integrantes de ONG, además de hospedajes y otros rubros. Los datos oficiales obtenidos a través del IFAI revierten la respuesta de la cancillería, la cual argumentó que la información "no es de su competencia".