Desaparecerla significaría minimizar el fenómeno que se vive en Ciudad Juárez, indican

La fiscalía contra feminicidios es deficiente, pero necesaria: ONG

El Observatorio Ciudadano recomienda en informe preliminar fortalecer la labor de la instancia

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

A pesar de las deficiencias de la fiscalía especial de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, organizaciones sociales constituidas en el Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en los Casos de Feminicidio consideran que esta oficina debe corregir sus anomalías, pero no desaparecer ante la eventual creación de una fiscalía nacional, a fin de que el Estado cumpla la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y no minimice la situación de violencia de género, agudizada desde 1993 en esa ciudad fronteriza.

En un informe preliminar sobre el trabajo y la eficiencia en 22 meses de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, ocho organizaciones sociales plantean que el órgano ha realizado una labor deficiente, ha desarrollado un ejercicio inadecuado de los recursos públicos asignados, no ha intentado esclarecer los asesinatos y tampoco ha satisfecho las exigencias sociales de conocer la verdad en torno a los feminicidios.

En el documento, del cual La Jornada posee copia, se precisa que ''de 1993 a la fecha, entre 300 y 500 mujeres han sido asesinadas con violencia brutal", y que "a pesar de la gravedad del problema, el Estado no se transforma para hacer frente a esta violencia". Agrega que "no hay voluntad política para articular las acciones emprendidas y éstas terminan siendo parciales, débiles y además contradictorias".

A pesar de que se ha reconocido ''que diversos funcionarios y empleados públicos asignados a instancias de gobierno local y federal responsables de atender y esclarecer los homicidios cayeron en graves faltas de negligencia, actos de omisión y contra la administración de la justicia'', la fiscalía especial de la PGR ha dejado en manos de las autoridades de Chihuahua la consignación de los responsables, no obstante que muchos de los señalados tienen ascendencia con actores políticos y sociales de la entidad.

Las organizaciones sociales -entre las cuales están Católicas por el Derecho a Decidir, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Nuestras Hijas de Regreso a Casa y la Red Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres y los Hombres Jóvenes- consideran que ''han sido insuficientes e ineficaces los esfuerzos de todas las instancias del Estado que se han visto involucradas en el tema.

"En vez de proponer (a los familiares de las víctimas) medidas que les aseguren un futuro y las dignifiquen, les oferta la diatriba, el menosprecio y la calumnia de ser ellas (las asesinadas) las que inducen, las que provocan, las que se matan a sí mismas con sus conductas o sus vestidos o su andar, o su mirada o su simple vida.''

El Observatorio Ciudadano expone que la instancia federal fue constituida ''con un mandato sumamente limitado'', por lo que ''no resuelve el problema de los homicidios y mucho menos da cumplimiento a las obligaciones internacionales (contraídas) por el Estado mexicano derivadas de diversos instrumentos internacionales".

Ante ese panorama, demandará al gobierno del presidente Vicente Fox que ''el mandato de esa oficina pueda ser modificado, de forma que pueda realizar acciones conducentes a la investigación y persecución de los delitos cometidos, aun cuando se trate de ilícitos del fuero común".

De acuerdo con el informe, la fiscalía especial ha omitido "en forma negligente su responsabilidad legal de ofrecer opciones para una correcta integración de las averiguaciones previas; no repone ningún procedimiento ni colige ni deslinda responsabilidades de los delitos que no han sido investigados en las indagatorias''.

El Observatorio Ciudadano "percibe la intención política de ese órgano por minimizar el fenómeno del feminicidio, pues hace uso de su facultad discrecional para determinar, implícita y políticamente, que no hay feminicidio, ocultándolo en diversos tipos penales que poco o nada tienen que ver con la sistematicidad criminal que configura" ese delito.

Por ello exponen que se "puede considerar que la instancia redujo su labor únicamente a una sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos a su cargo", a pesar de las inconsistencias de las investigaciones realizadas desde 1993 por las autoridades de Chihuahua.

Además de criticar la falta de atracción al fuero federal de las indagatorias para esclarecer los asesinatos, el organismo ciudadano señala que la PGR violó la Ley de Egresos del presente año al haber estipulado un fondo de auxilio económico a familiares de las víctimas, ya que supuestamente debió haber conformado un fideicomiso que propiciara la reparación del daño.

''Entre los representantes de las organizaciones existe la certidumbre de que el fondo de auxilio económico no cumple los requerimientos internacionales referentes a la reparación del daño.''

Otra de las críticas a la actuación de la fiscalía especial es que más de 60 por ciento del presupuesto que ejerce el órgano de la PGR se destina a gasto corriente y salarios, y no cuenta con un presupuesto propio para programas de capacitación.

Respecto de la creación de una fiscalía nacional que atienda los casos de feminicidio, anunciada por Daniel Cabeza de Vaca Hernández, titular de la PGR, el Observatorio Ciudadano dijo avalarían esa iniciativa "a condición de que se respete la fiscalía especial para Ciudad Juárez".

El organismo prevé que si llega a desaparecer la fiscalía especial, en el próximo periodo de sesiones de la CIDH se planteará que el Estado mexicano "está dejando de cumplir con su recomendación, y ello constituirá un acto regresivo, ya que de alguna forma se puede minimizar la situación de Ciudad Juárez".

Además, agrega el informe preliminar, la fiscalía debe seguir existiendo porque "no ha concluido el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres".