Ofrecer atenuantes es poner cortapisas a los Tribunales, dice Iván, hijo de Pepone

Asesinos de José Carrasco Tapia confiesan para rebajar condenas

Sale a la luz que Lagos estaba en la lista de opositores a la dictadura para ser asesinados

HUGO GUZMAN R. ESPECIAL PARA LA JORNADA

Santiago 27 de noviembre. Un dramático entramado se teje alrededor del asesinato del periodista chileno José Carrasco Tapia, que trabajó varios años en México, al ratificarse públicamente la confesión de dos agentes de la policía secreta pinochetista de cómo lo mataron la madrugada del 8 de septiembre de 1986 y revelarse que, posiblemente, el presidente Ricardo Lagos estaba en la lista de opositores a la dictadura que serían ejecutados esa noche.

Confesiones que podrían considerarse positivas para el procesamiento de los inculpados del crimen de Carrasco Tapia -Pepone le decían sus amigos- pero que su hijo Iván ve como peligrosas porque "ellos al confesar están buscando la rebaja de la pena carcelaria por el asesinato de mi padre".

Hace pocas semanas el hijo del dirigente sindical Tucapel Jiménez, también ejecutado por la CNI, debió lamentar que el presidente Lagos indultara al asesino de su padre. Iván Carrasco señala que "existe en el gobierno la idea de dejar impunes muchas violaciones a los derechos humanos y rebajar penas y castigos a criminales si confiesan o entregan información sobre la acciones de la dictadura".

El mayor de ejército Iván Quiroz y el oficial Jorge Vargas, ambos integrantes de la CNI, formaron parte del grupo que secuestró desde su departamento a Pepone la madrugada del 8 de septiembre de 1986 y habían explicado en sus declaraciones judiciales la forma en que asesinaron al periodista. A finales de semana esas confesiones fueron filtradas al periódico chileno Diario Siete. Los dos agentes contaron que se llevaron a Carrasco Tapia a las afueras de un cementerio en la zona norte de la capital chilena, lo obligaron a arrodillarse y Quiroz le disparó una ráfaga de subametralladora por la espalda. Vargas le dio un balazo en la cabeza para rematarlo.

La orden fue del jefe de la CNI

Los criminales indicaron que la orden de ejecución la dio el general Humberto Gordon, jefe de la CNI hoy fallecido y que la coordinación del operativo la hizo el oficial Alvaro Corbalán, jefe operativo de ese organismo represivo, quien cumple condena en una cárcel por otras violaciones a los derechos humanos.

En el operativo de aquella madrugada participaron muchos agentes de la CNI -no de todos se tienen noticias ni están procesados- e incluyó el asesinato también del profesor Gastón Vidaurrázaga (militante del MIR) y del comerciante Abraham Muskatbli (miembro del Partido Comunista), en venganza por el intento de ajusticiamiento del dictador Augusto Pinochet ocurrido la tarde del 7 de septiembre de 1986.

Según algunos informes, Quiroz y Vargas habrían dicho que en la lista de ejecuciones figuraba el actual presidente de Chile, Ricardo Lagos, militante del Partido Socialista, quien declaró a la prensa que "efectivamente, teníamos alguna información de aquello y yo sólo lamento que a mí me llegó a detener (la Policía de) Investigaciones y llegó tarde a detener a José Carrasco, lo que lamento porque de haber sido así José Carrasco estaría vivo". En esos días la policía civil chilena (distinta a la CNI), detuvo a varios dirigentes antidictatoriales, entre ellos Lagos y el sacerdote Rafael Marotto, vocero público del MIR.

José Carrasco era jefe de la sección internacional de la opositor revista Análisis, dirigente nacional del Colegio de Periodistas de Chile, miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y corresponsal del diario UnomásUno". Fue secuestrado en su hogar en presencia de sus hijos Iván y Luciano y de su esposa Silvia.

Hace dos años, el mes de noviembre, el hijo menor, Luciano Carrasco, aquejado por una severa depresión, se suicidó arrojándose al metrotren, en lo que ha sido parte de una historia de injusticia y sufrimiento. El hijo mayor de Pepone ha continuado la lucha por verdad, justicia y castigo a los responsables de la muerte de su papá, y dedica gran parte de su tiempo a participar en la organización de luchas sociales de pobladores y trabajadores chilenos. En entrevista con La Jornada entrega su visión de los antecedentes que surgen hoy en torno del caso de su padre y al mismo tiempo cuestiona la política que sigue el gobierno de Ricardo Lagos en materia de derechos humanos.

-¿Qué le parece la revelación de las confesiones de los agentes de la CNI que aparecen como culpables de la ejecución de su padre?

-Me gustaría destacar que la participación de esas personas ya estaba aclarada en el proceso. Lo que ocurrió ahora es que se produjo una filtración a la prensa, pero nosotros ya conocíamos esa información porque el caso de mi padre está aclarado en un 90 por ciento hace ya un tiempo. Lo que me preocupa es que al estar filtrándose esto, se esté haciendo una maniobra para que estos sujetos se puedan acoger a la reducción de penas carcelarias, recurriendo a eso porque habrían colaborado en el proceso. Es coincidente con otros casos. Sabemos que muchos agentes de la DINA y de la CNI están confesando o entregando información para que les rebajen las penas, para pasar un año o un poco más en la cárcel o incluso recibir el indulto, como ocurrió hace poco con el asesino de Tucapel Jiménez. Yo quiero plantear que hay que exigir la aplicación de todo el rigor de la ley a estos criminales.

-La noche del secuestro y el asesinato había dos o tres vehículos. O sea, eran más agentes.

-Efectivamente, hay antecedentes de que participó un grupo grande. Los choferes, los que secuestraron al nochero del edificio donde vivíamos, otros que golpearon a mi padre y que estaban ahí en el cementerio cuando le dispararon. No se puede hablar de un equipo reducido, de dos ó tres agentes. Pero además, hay que seguir la línea de mando en la responsabilidad de ese crimen. Se menciona a Gordon que está muerto y a Corbalán que está preso, pero hay otros altos oficiales involucrados y no se puede descartar que haya existido una orden del propio Augusto Pinochet.

-¿Qué buscarán estos agentes con la confesión si antes no lo hicieron?

-Es extraño que 20 años después confiesen. Y coincide con una política del gobierno y de ciertas autoridades de rebajar las penas si hay confesión o entrega de información por los represores. Fíjate que yo me enfrenté durante el proceso a uno de ellos y siempre negó su participación, decía que no era él al que yo había visto esa noche del secuestro. Y ahora él mismo confiesa. Funcionarios del gobierno han dicho que si hay arrepentimiento se pueden bajar las penas de cárcel. Y está la opción del indulto que ha aplicado Ricardo Lagos. El gobierno ha buscado el consenso político para avalar esas medidas y los agentes de la CNI lo saben. En este caso, como te explicaba, estaba todo avanzado en un 90 por ciento. Es cierto que las confesiones aportan detalles ahora, pero el impacto fundamental sería crear condiciones para que haya indulto, impunidad y rebaja de penas.

-¿Cuestionas ese camino?

-Totalmente. Tiene que haber aplicación de la ley en todo su mérito. Más cuando se trata de asesinatos con premeditación y alevosía, planificados, organizados. Quieren presentar ahora como un "atenuante" las confesiones, cuando en realidad se trata de dichos que salen 20 años después de boca de gente que mintió, que dijo que no participó en el operativo, es decir, que durante muchos años esquivó la justicia.

-¿Cómo evalúas el comportamiento del gobierno?

-El gobierno de la Concertación ha dado señales extrañas. Me parece que dar indulto a criminales de opositores a la dictadura, de ofrecer rebaja de cárcel a cambio de confesiones, es en el fondo poner una cortapisa al trabajo de la Justicia, de los Tribunales. Porque se está avanzando, hay más verdad, los procesos siguen, y el gobierno en vez de impulsar eso, de dotar de recursos a la policía para que investigue, de tener una brigada especial que dé seguimiento a los casos, de apoyar a los abogados, lo que hace es desperfilar los casos, no promueve investigaciones a fondo, busca consensos para acuerdos. Tratan de quedarse, además, en los casos más emblemáticos y se olvidan de cientos de asesinatos y desapariciones que ocurrieron en muchas ciudades y poblados de Chile. Y las víctimas de la dictadura son todos los ejecutados y desaparecidos, no sólo los casos catalogados como emblemáticos.

-El presidente Lagos ha dicho que se avanzó mucho en materia de justicia y de encarar el tema de derechos humanos.

-Yo coincido con el juez Juan Guzmán (hoy retirado y que encabezó el procesamiento de Pinochet) en el sentido de que el presidente Ricardo Lagos es parte de la maquinaria de impunidad que hay en Chile en materia de derechos humanos. De parte del gobierno de Lagos no hay prioridad por la búsqueda de justicia, sino por implementar un engranaje de impunidad, de bajar el perfil en esta materia. Lo que sí es claro es que el tema de derechos humanos, innegablemente, está presente en la configuración del escenario político chileno actual. Es un factor importante, presente y los crímenes están ahí, el tema está vigente en la política nacional. Debo decir que la democracia chilena sería otra si mi padre y muchos luchadores que fueron asesinados estuvieran vivos. La democracia chilena sería otra si no hubiera existido una represión tan extendida y brutal. De eso hay que dar cuenta hoy y es fundamental la reivindicación de verdad y justicia.