Demanda que las pesquisas lleguen a Santiago Creel, quien debió supervisar el fondo

Exige el PRI que la PGR investigue los desvíos de recursos en el Fonden

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue el presunto desvío de mil 300 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que realizó Carmen Segura Rangel, ex coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

Esta investigación es indispensable ante la presunción de que los fondos malversados en un área tan sensible como el apoyo a víctimas de desastres naturales haya servido para financiar las actividades electorales del ex secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda en la contienda interna del PAN, destacó.

En un comunicado, la directiva nacional del PRI informó que instruirá a su Coordinación de Asuntos Jurídicos para que coadyuve en el estudio del expediente abierto por el caso del Fonden.

Explicó que la decisión se asumió para insistir en que a la ex funcionaria de origen panista se le investigue penalmente, y que la acción interpuesta en su contra ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) no se convierta en pretexto para impedir que las conductas delictivas sean investigadas por la PGR.

El CEN del PRI exigió al gobierno federal que no se convierta en encubridor y cómplice de los delitos que resulten de los desvíos de los recursos del Fonden, que, según se ha comprobado, se cometieron por la ex coordinadora en el ejercicio de su cargo.

La Constitución ordena que la exigencia de responsabilidades contra funcionarios corruptos se debe hacer de modo independiente en las vías política, administrativa y penal. Por eso la SFP tiene la obligación legal de dar vista al Ministerio Público Federal de los actos ilícitos cometidos por Segura Rangel, para que se determine los delitos que se configuren con motivo de su conducta. De no hacerlo así, el secretario de la Función Pública y quienes intervinieron en la integración del expediente se harán copartícipes de los ilícitos penales que resulten.

La conclusión de la investigación contra Carmen Segura con una sanción meramente administrativa da la impresión de querer cerrar el caso para no continuar la investigación administrativa y penal hasta el ex secretario de Gobernación Santiago Creel, quien tenía la obligación legal de supervisar las tareas de su subordinada, abundó.

Expuso que la conducta de Creel, "quien puede presumiblemente estar involucrado o ser beneficiario de los ilícitos cometidos con el Fonden, debe ser investigada a fondo por el Ministerio Público, sin que pretenda escudarse en la campaña electoral de Felipe Calderón".

¿Qué pasó con el dinero en Yucatán?

En el contexto de la inhabilitación de Segura Rangel, los diputados priístas Jorge Carlos Ramírez Marín y Rolando Zapata Bello, integrantes de la 57 Legislatura de Yucatán, exigieron al gobernador Patricio Patrón Laviada explicar qué sucedió con los recursos del Fonden y del Programa de Empleo Temporal que la Federación destinó a la entidad para aliviar la situación por el paso del huracán Isidore en septiembre de 2002.

Desde febrero de 2003, la bancada tricolor local -que concluyó labores el 30 de julio de 2004- denunció presuntas irregularidades del gobierno estatal en el manejo de recursos millonarios del Fonden, destinados al apoyo de las víctimas que Isidore dejó en Yucatán.

En respuesta al Congreso estatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó en 2004 a la Contraloría yucateca, a cargo de Jorge Ceballos Ancona, una investigación sobre el destino de los recursos federales. Ceballos Ancona concluyó meses después que "todo estaba en orden". El caso aparentemente se cerró, pero la fracción del PRI de la actual Legislatura revivió el asunto mediante los diputados Ramírez Marín y Zapata Bello.

En 2003, el entonces legislador priísta Cleominio Zoreda Novelo pidió la intervención de Carmen Segura Rangel, pero no obtuvo respuesta. La duda en el manejo del dinero y acciones federales continuó.

El 25 de mayo de 2004, la ASF determinó que hubo múltiples irregularidades en la utilización del Fonden y en el PET. Según la Auditoría Superior de la Federación, se asignaron contratos para la construcción de casas para damnificados a una empresa carente de solvencia económica, cuyo representante era William Bojórquez Zapata, hermano de César Bojórquez Zapata, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, dependiente de la administración del gobernador panista Patricio Patrón Laviada.

Asimismo, la investigación arrojó que el gobierno yucateco devolvió a la Federación 37 millones de pesos, al no poder comprobarse su aplicación; ese dinero provino de la Secretaría de Desarrollo Social.

Con información de Luis A. Boffil, corresponsal