No hay una autoridad que verifique el destino del dinero
Vacío legal impide comprobar el uso de recursos del ramo 33
Nadie sabe qué hacen las presidencias municipales con los recursos que les entrega el gobierno federal del ramo 33, para impulsar obras de política social, porque no existen leyes ni autoridades a las cuales deban reportar sobre el manejo de ese dinero.
El año pasado, el monto global distribuido entre los más de dos mil 436 municipios ascendió a 25 mil millones de pesos, 2 mil millones menos que lo recibido en ese mismo ejercicio por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), creada para brindar atención a los cerca de 50 millones de pobres que actualmente se contabilizan en el país.
Hace tres años, en la dependencia descubrieron una bodega con cajas de información al respecto, pero sólo pudieron determinar que 30 por ciento de los ayuntamientos reportaron obras realizadas para ayudar a la población de escasos recursos, sin que nadie verificara que realmente se hubieran realizado.
La documentación contenía hasta una servilleta donde un presidente municipal, cuyo nombre, según el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación, Miguel Székely, es ilegible, reportó qué hizo con los recursos de un año.
Esa información, con datos a partir de 2002, ya fue sistematizada, pero de años atrás, cuando se constituyó el ramo 33, en 1997, "hay un hueco, un hoyo negro. No sabemos en qué se gastó ese dinero, probablemente muy bien, pero no hay información para verificar".
La Sedeso aplica la fórmula para distribuir esos recursos a los ayuntamientos, pero es Hacienda, con base en la Ley de Coordinación Fiscal, la que envía el dinero a los gobiernos estatales, para que éstos a su vez los repartan. Sin embargo, la normatividad no indica qué autoridad es la responsable de verificar el destino de ese capital, cuándo y cómo debe reportarse, ni mucho establece sanciones en caso de que así no ocurra.
En México los vacíos legales, refirió el funcionario en entrevista, responden a un mal diseño del ramo 33, proveniente de otra rama administrativa, el ramo 26, que "literalmente era una chequera en blanco, para dar cheques en blanco" a través del Pronasol -esquema de combate a la pobreza creado por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari-, "donde no había reglas de operación de los programas, ni padrones ni evaluación, ni ningún registro o siquiera la obligatoriedad de comprobar el uso de los recursos", acusó.
De acuerdo con Székely, los recursos que maneja la Sedeso (mediante el ramo 20) son menores a los que llegan a los municipios mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que es, definió, un porcentaje de la recaudación participable, que ha generado tres graves problemas:
Primero, "hay incentivos para que se invierta lo menos posible en desarrollo social, porque los funcionarios saben que mientras menos recursos gasten en la materia, más aportaciones federales recibirán". El ramo 33 establece que a mayor carencia en educación o salud, por citar algunos, más recursos del FAIS. Es decir, puntualizó el economista, "si mejoro me castigan".
Segundo, el fondo de aportaciones contiene "etiquetas" de inversión -agua potable, drenaje y letrinas, alcantarillado, mejoramiento urbano, entre otros- que "en su momento fueron correctas y hoy, en alguna medida, ya son obsoletas". Por ejemplo, consideró, "se restringe la política de vivienda y las becas para población pobre".
Tres, es necesario hacer cambios al diseño de distribución de recursos de la política social, porque "de toda la masa que es el FAIS, 98 por ciento se va a los municipios y el resto se lo quedan los gobiernos estatales, lo cual termina en una pugna, porque éstos también los necesitan. Es decir, los recursos están amarrados, además de que no hay una normatividad clara en el manejo del fondo: no hay fechas establecidas, sino sugeridas, sobre la distribución, lo cual acarrea más problemas".
Por ejemplo, citó, "nos hemos encontrado con gobiernos que hasta el 20 de diciembre les dan a los municipios que no son de su partido el dinero que les corresponde, cuando ellos lo necesitaban en marzo, y le dicen 'gástatelo en 10 días', lo que es igual a no dárselo".
Lamentablemente, indicó, nosotros "no podemos obligar al gobierno estatal a distribuir el capital en forma, pero tampoco tenemos un mecanismo para penalizar un uso indebido. Si un alcalde se lo gasta en equis cosa y nos reporta en una servilleta, como hizo uno, tampoco hay forma de exigirle que nos presente un informe de manera diferente, ni de comprobar que realmente lo hizo, porque en eso el municipio es autónomo".
Adelantó que mientras en la Cámara de Diputados se afina una iniciativa de reforma al artículo 33, para desligarla de la Ley de Coordinación Fiscal, en la dependencia determinaron publicar, en el primer trimestre de 2006, el reporte de cada uno de los municipios sobre los gastos en política social, además de que la titular de la dependencia, Josefina Vázquez Mota, enviará cartas a cada uno de los alcaldes y gobernadores, exhortándolos a dar este paso, cuyos lineamientos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en mayo pasado.
Hoy, en el Museo Franz Mayer, los funcionarios de la Sedeso presentarán la cuarta Encuesta Municipal 2004. Según lo allí establecido, la edad promedio de los alcaldes es de 41 a 50 años. La mitad estudiaron hasta la preparatoria, y uno de cada tres secundaria, aunque en Oaxaca y Chiapas, por ejemplo, hay quienes ni primaria tienen. Del total, 35 por ciento tenían experiencia en el sector público antes de asumir el cargo, y para el uno por ciento representó su primer trabajo.
Aunque los municipios tienen capacidad para emitir hasta 32 tipos de reglamentos, la media es de 10, y uno de cada cinco no cuenta con un plan de desarrollo; dos de cada tres no tienen atlas de riesgos; 65 por ciento carecen de programas para mejoramiento ambiental, y menos de 30 de sistema de planeación y seguimiento de programas sociales.