La libertad de expresión de los funcionarios puede influir en los votantes, asegura
Ante las acusaciones de proselitismo, Ugalde pide prudencia a Vicente Fox
Necesario, que los gobernantes se comprometan con la neutralidad del proceso, insta
El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, instó al presidente Vicente Fox a mantener una "actitud prudente" frente al proceso electoral de 2006, porque sólo así se podrá contribuir a un ambiente de certeza política en las campañas electorales.
Es un compromiso que recién suscribió la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y que tiene que ser secundado por el Ejecutivo federal, apuntó el titular del máximo órgano electoral, entrevistado en el Foro de Análisis sobre los Derechos Políticos de los Servidores Públicos, organizado por la Universidad Iberoamericana.
El IFE analiza la preocupación que varios partidos han externado en ese sentido, dijo Ugalde, en alusión a los reclamos de priístas y perredistas en torno al proselitismo de Fox en favor de su partido.
La libertad de expresión de los funcionarios públicos, explicó Ugalde, debe ser limitada. El artículo 407 del Código Penal refiere que los servidores no podrán coaccionar el voto, presionar a sus subordinados, ni destinar recursos públicos para las campañas.
Por ello, añadió, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) afirman que la libertad de expresión termina cuando se violentan otros fines y derechos políticos como la equidad en las contiendas electorales, porque ese derecho puede afectarla. Por ello, esa condición tiene que acotarse y restringirse para proteger un bien superior.
Los funcionarios pueden influir en el proceso
Si los titulares de los poderes ejecutivos estatales, en uso de la libertad de expresión, realizan actos y se manifiestan en favor de un candidato, pueden generar inequidad electoral. Incluso, refirió, el TEPJF ha anulado elecciones por activismo de funcionarios y ha dicho que el ánimo de los electores puede ser tergiversado por un servidor público. Con conductas como esta se afecta la validez de unos comicios, refrendó más tarde en el foro.
Es indispensable que los funcionarios se comprometan éticamente con la neutralidad del proceso electoral, asentó.
Por esto, la libertad de expresión tiene que hacerse compatible con la equidad del proceso electoral, aunque se trate de un balance muy complejo. Por esas circunstancias, precisó, el IFE hace un llamado a la prudencia de los funcionarios públicos y a vigilar que la equidad esté por encima de la libertad de expresión individual.
-¿El llamado incluye al presidente Fox?
-El IFE analiza la preocupación de los partidos en este sentido. Hace dos semanas, la Conago firmó un documento de apoyo al IFE y con el compromiso de todos los gobernadores para observar la ley y mantener una actitud prudente frente a los procesos electorales. Me parece que si ellos lo han hecho, debe ser compartido por el Ejecutivo federal, aunque también por candidatos, presidentes de partidos, gobernadores, funcionarios y el Presidente de la República. Sólo la prudencia y comprensión contribuirán a un clima de certeza y a que las campañas vayan de manera equitativa.
En su intervención en el foro, Ugalde citó que el próximo año el costo de la "erradicación de la desconfianza electoral" costará 900 millones de pesos, tan sólo en la instalación de las 134 mil casillas electorales que se usarán en la elección presidencial.
También anunció que en los próximos días el IFE dará a conocer el monitoreo de los espots televisivos de candidatos entre el 1º de julio y el 30 de octubre pasados.
A pregunta expresa en el foro, Ugalde respondió que el instituto debe actuar con "prudencia y sobriedad" frente a los ataques que cotidianamente recibe. No olvidemos que el actual Presidente de la República llamó "marranos" a los responsables del proceso electoral hace seis años y que ahora un candidato descalifica al instituto por la llamada "tregua navideña", cuando fue un acuerdo que se suscribió por unanimidad en el IFE, señaló.