Editorial
Presidencia: la necesidad de mesura
Con una condición ya habitual, el foxismo gobernante deshace con una mano lo que intenta construir con la otra: en tanto que el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, trata de moderar la tensión política imperante reuniéndose con las cúpulas y las bancadas legislativas de los partidos de oposición, el presidente Vicente Fox incrementa, en esos mismos partidos, la exasperación por su abierta utilización del cargo para hacer proselitismo a favor de Acción Nacional y de su candidato presidencial, Felipe Calderón Hinojosa.
El afán presidencial por descalificar las propuestas electorales no panistas recuérdense, por ejemplo, sus rachas verbales contra lo que denomina "populismo", claramente dirigidas contra el virtual aspirante presidencial perredista, Andrés Manuel López Obrador, o sus advertencias de que un triunfo priísta en los comicios del año entrante significaría una "vuelta al pasado" introduce graves elementos adicionales de polarización en un entorno político de suyo enrarecido y descompuesto por la falta de proyectos, los conflictos internos en las organizaciones partidarias y la persistencia de poderosos resabios antidemocráticos.
Por lo demás, no es esta la única circunstancia en la que la palabra del Ejecutivo federal agrava situaciones negativas y problemáticas. Está reciente y vigente el conflicto diplomático entre los gobiernos de México y Venezuela, conflicto en cuyo fondo subyacen, sin duda, dos visiones divergentes y hasta contrapuestas de integración comercial continental, pero que se escaló hasta el absurdo por la incontinencia declarativa del propio Fox y de su colega Hugo Chávez.
A lo largo del último lustro la sociedad mexicana ha sufrido un discurso presidencial que en vez de resolver las confrontaciones las ahonda, si no es que las genera de manera gratuita e innecesaria; ha padecido la tensión creada por un mandatario de quien no se sabe en qué momento cometerá un traspié verbal de trascendencia; ha llegado al extremo del asombro y la consternación ante expresiones desafortunadas y poco pertinentes que, por difícil que parezca, acaban siendo superadas por nuevos despropósitos. Los coloquialismos, las provocaciones, los yerros y las contradicciones en el hablar fueron para el candidato presidencial Vicente Fox factores de popularidad y fortaleza, en la medida en que eran usados por el aspirante para presentarse como un hombre del pueblo; en el hombre que ocupa la máxima investidura republicana del país son, en cambio, factores de debilidad para su propio ejercicio del cargo y, más alarmante aún, para el Estado y para el país.
Sería saludable, por ello, que el grupo gobernante y, particularmente, el entorno inmediato de asesores del presidente Fox, reflexionaran sobre la importancia de cuidar el discurso del mandatario y cayeran en la cuenta de las consecuencias, a veces graves, que pueden acarrear sus expresiones. Sería deseable, también, que el conjunto de la clase política se pusiera de acuerdo para exigir que los funcionarios de alto nivel en general se mantengan atentos a las implicaciones de sus palabras.
Por lo que hace al fondo de la más reciente confrontación verbal entre el actual titular del Poder Ejecutivo y las dos principales formaciones opositoras es claro que el Presidente no debe inmiscuirse en la contienda electoral que culminará en julio del año entrante. Ciertamente, no existe en nuestra legislación ninguna normatividad expresa que prohíba a la figura presidencial intervenir en las campañas y en el activismo proselitista, toda vez que las disposiciones vigentes se limitan a impedir el uso de recursos públicos para favorecer a un candidato o a un partido. Pero el sentido común, el civismo republicano y la experiencia reciente permiten calificar de indebido, inconveniente e incorrecto el que el responsable del Ejecutivo federal y sus colaboradores pretendan influir en una decisión ciudadana cuya más alta vía de expresión está conformada por las urnas.