Hubo irregularidades en la integración de la averiguación previa de un asesinato

"Acepta" recomendación de la CNDH pero no la comparte el gobierno de Querétaro

Posible parcialidad de autoridades para proteger al hijo de concesionario de Coca-Cola

MARIANA CHAVEZ CORRESPONSAL

Querétaro, Qro., 24 de noviembre. El gobierno del estado aceptó la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las irregularidades en la integración de la averiguación previa sobre el asesinato del joven Marco Antonio Hernández Galván, ocurrido hace casi un año, en la que autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) actuaron con parcialidad en el caso para proteger al probable responsable del crimen.

Sin embargo, el secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, indicó que aceptan la recomendación, pero la administración estatal no está de acuerdo con las observaciones que se detallan en ese documento.

La CNDH emitió la recomendación el pasado 31 de octubre, tras haber integrado el expediente 2005/1372/QRO/1/SQ, con motivo de la queja presentada por Miguel Gerardo Rivera Alcántar y sus abogados, en el sentido de que el titular de la PGJE, Juan Martín Granados Torres; el director de Averiguaciones Previas, Pastor López Cabrera; y el agente del Ministerio Público Vicente Pérez Hierro protegían al probable asesino, Federico Ruiz Lomelí, hijo del empresario concesionario de la firma Coca-Cola en el estado, porque es "una persona influyente".

La madrugada del 27 de noviembre de 2004, Marco Antonio viajaba con sus amigos Miguel Gerardo Rivera Alcántar y Juan Eduardo Cumplido Sánchez en un automóvil Tsuru cuando, en la avenida Pasteur de esta ciudad, dos camionetas, una Durango y otra BMW-X5, color negro, les cerraron el paso.

Miguel se enfrascó en una discusión con Federico Ruiz Lomelí, que conducía el BMW. Cuando Marco Antonio Hernández vio que su amigo era golpeado con una pistola, se bajó del Tsuru para auxiliarlo, pero al forcejear con Ruiz Lomelí recibió un impacto de bala que le quitó la vida.

En la recomendación, el organismo defensor de los derechos humanos detalla que elementos de la policía estatal que tomaron conocimiento de los hechos "actuaron indebidamente" al no poner a disposición de la autoridad ministerial al conductor del BMW-X5 ni asegurar el vehículo, a pesar de que tenían conocimiento de que una persona falleció a consecuencia de un disparo de arma de fuego y otra quedó lesionada al recibir un golpe en la cabeza.

"Aunado a lo anterior, el comandante de la dirección de la policía del estado de Querétaro actuó irregularmente, pues a pesar de que también tuvo conocimiento de los hechos no procedió a ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público competente."

Los abogados de Miguel Gerardo Rivera destacaron en la queja que interpusieron -primero ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que a su vez turnó el caso a la CNDH- que el agente del MP nunca confrontó al conductor de la camioneta BMW-X5 con el principal testigo del hecho, a pesar de que habían mostrado una fotografía de Federico Ruiz como principal sospechoso de ese crimen y como parte de la averiguación previa, ésta fue cambiada.

Ante esta situación, la CNDH emitió cuatro recomendaciones para que la PGJE practique las diligencias según lo establecido en el marco jurídico, inicie y determine conforme a la ley los procedimientos administrativos en contra de los agentes del Ministerio Público que han tenido a su cargo la integración de la averiguación previa I/929/2004, por las irregularidades y omisiones en que incurrieron, además de que se investigue y determine la probable responsabilidad penal en contra de dichos servidores públicos.

Este jueves, en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, leyó un comunicado en el que especifica que la recomendación número 35/2005 que emitió la CNDH fue aceptada en "sus puntos resolutivos por el gobierno del estado, aun cuando no se comparten las observaciones y las consideraciones emitidas en ese pliego".

Aseguró que desde meses atrás iniciaron los procesos administrativos en contra de servidores públicos de mandos medios y directivos que han tenido a su cargo la integración de la averiguación previa del caso de Marco Antonio Hernández Galván.

"En cumplimiento del punto cuarto de la recomendación se han girado instrucciones al procurador para que la protección que se debe otorgar a la víctima u ofendidos en el trámite de la indagatoria, así como sus representantes o asesores jurídicos, siga realizándose con estricto apego a derecho", destacó Botello Montes.